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En sus seis hectáreas de campo, en Don Cristóbal, Entre Ríos, Vita Casilda Pérez, una pequeña productora de 63 años, soporta el impacto que ha tenido en su vida el avance de la soja transgénica y la utilización de agroquímicos, como el glifosato, por parte de vecinos más poderosos en cuanto a posesión de tierras. Cuando se fumiga y el viento transporta la nube de este herbicida desde la estancia Acahui hacia el hogar de la familia Pérez, el maíz no brota y los paraísos e higueras se marchitan. Las vacas tienen abortos espontáneos. Las gallinas apenas ponen huevos. La crianza de pollos disminuye. Los zapallos y calabazas no crecen en la huerta. Estos cambios han empobrecido a esta pequeña productora y han deteriorado la salud de su familia, endureciendo sus largas jornadas de trabajo.

Vita Casilda está casada desde que cumplió 15 años con Gregorio Pérez. Viven en una pequeña casa de ladrillos huecos, que comparten con su hijo, quien trabaja como peón en estancias aledañas y tiene problemas respiratorios como su padre y alergias en la piel. La familia adjudica estas afecciones a los agroquímicos que se aplican a unos 25 metros. Las dos hijas adultas se mudaron. “No digo que no fumiguen o que no siembren, digo que respeten”, se quejó Vita Casilda, que suele encerrarse en su casa cuando aparecen las pulverizadoras porque el herbicida se traslada hasta su vivienda. “Las máquinas hacen una neblina, la nariz se nos cierra todo el tiempo. Mi marido se siente muy mal. La vez pasada no se podía tender ropa. Había un olor bárbaro”, describió la pequeña productora, que a su vez explica por qué no quiere hacer denuncias. “El pobre no puede hacer nada, la persona que tiene siempre lo pisotea. Hay que aguantársela”, afirmó.

SALVESE QUIEN PUEDA

Vita Casilda y 11 hermanos nacieron en el campo de Don Cristóbal, pero uno a uno se fueron marchando. Ella se quedó y presenció la expansión de la soja, que fue cercando su propiedad. Los pequeños y medianos productores que poblaban los alrededores vendieron sus tierras a productores sojeros más grandes y sus pools de siembra están prontos a engullir el callejón de unos 10 kilómetros que hacen posible el ingreso a las seis hectáreas de la familia Pérez. Estas parcelas están secas. Sobreviven unos eucaliptos alrededor de la vivienda. Ocurre que el glifosato, un componente activo en herbicidas como el Roundup, es absorbido por las plantas y las mata al suprimir su capacidad de generar aminoácidos aromáticos. Unicamente las semillas genéticamente modificadas como la soja, el maíz y algunas variedades de girasoles pueden resistir este veneno.

La familia Pérez gozaría de una realidad diferente si se respetaran las recomendaciones de la Secretaría de la Producción de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA en el manejo de agroquímicos, de acuerdo con expertos. El ingeniero agrónomo Daniel Dechanzi, de la cooperativa agrícola La Ganadera, una empresa expendedora de agroquímicos y también con experiencia en la aplicación de estos productos, reconoció que son “levemente tóxicos” y aclaró que “si se toman las precauciones correspondientes no son peligrosos para el ser humano”.

Estas precauciones consisten, por ejemplo, en evitar la fumigación por aire en el caso del glifosato y por tierra los días de viento. Tampoco puede aplicarse a 100 metros de los cursos de agua, viviendas, escuelas rurales, colmenas de abejas, bebederos para animales, etcétera. Sin embargo, el caso de la familia Pérez es un triste ejemplo de la negligencia en la utilización de este herbicida. Según Vita Pérez, cuando la soja crece la fumigación se hace con aviones y suelen dar la vuelta sobre su campo. Recordó asimismo que muchas veces rocían el producto sobre un arroyo a unos 5 kilómetros de su campo, originando una matanza de peces.

El Ministerio de Medio Ambiente de Entre Ríos viene recibiendo diferentes denuncias por mortandad de peces, entre otras la del Foro Ecologista de Ramírez, que el jueves 19 de julio organizó un corte en la ruta 12 entre Hernández y Aranguren para protestar por el lavado de bidones y vuelco de agroquímicos en desagües que desembocan en el arroyo Don Cristóbal. De todas maneras, los laboratorios en esta provincia no están adaptados para medir agroquímicos en agua, con lo cual no se hacen monitoreos, informó el propio ministro de la cartera ambientalista Fernando Raffo a medios locales.

El ingeniero agrónomo Daniel Dechanzi insiste en que la problemática ocasionada por los agroquímicos tiene relación con “la falta de capacitación y también la irracionalidad; hay quienes tienen posibilidades de tomar precauciones y no las toman”. En la cooperativa La Ganadera, Dechanzi se encarga de elaborar las recetas agronómicas para productores agropecuarios que utilizan agroquímicos. Allí se indican la dosis y las medidas de seguridad para realizar pulverizaciones, por ejemplo las dirigidas a los operarios de las máquinas, que deben llevar máscaras, cascos, guantes, botas y mamelucos. Además, no pueden tener contacto con otras personas mientras usan esta vestimenta, en especial con mujeres embarazadas.

“Tengo entendido que el glifosato no es venenoso sabiéndolo utilizar. Personalmente no he tenido malas experiencias, pero en mi familia siempre seguimos los consejos de los ingenieros agrónomos y veterinarios”, aseguró Graciela Weis, una mediana productora que administra unas 400 hectáreas entre propias y arrendadas en la zona rural de Camps. Toda la familia está involucrada en la producción y comercialización de leche y carne de ganado, contando a su marido y sus tres hijos varones. La aplicación del herbicida es esencial para la subsistencia de la soja que alimenta al ganado.

Hace unos días uno de sus hijos encontró a un maquinista lavando la pulverizadora en un arroyo, según relató Graciela Weis, señalando que es necesario el asesoramiento de profesionales idóneos. “La gente cree que es uno más para pagarle. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gente capacitada y utilizamos la mejor tecnología. El glifosato es una tecnología de punta, es una herramienta que necesitamos para no arar y disquear”, enfatizó la productora.

En el marco del debate que renovó el proyecto de ley que impulsa la diputada bonaerense del Frente para la Victoria Adriana Toloza y propone reducir el uso del glifosato un 10 por ciento cada año a partir de la aprobación de la medida, y su erradicación en 2019, productores y expertos insisten en que medios como arados de rejas o rastras de discos, que fueron sustituidos por la siembra directa, donde el glifosato es la principal herramienta de control del barbecho químico, son más nocivos para la tierra. También sostienen que la toxicidad de los antiguos herbicidas era más potente.

En Entre Ríos 75 por ciento de la agricultura se realiza en siembra directa, índice que asciende a 95 por ciento en los departamentos de Diamante, Paraná, Nogoyá y Victoria.

LA SALUD EN JUEGO

En estas regiones no hay estudios de la injerencia de agrotóxicos en las personas, pero sí existen denuncias sobre el impacto producido por herbicidas utilizados en la agricultura basada en organismos genéticamente modificados. Una vez más una mujer protagoniza una lucha que ha tenido conquistas en cuanto a la preservación del medio ambiente y el cuidado de la salud en el ejido Ramírez, una localidad de 13 mil habitantes ubicada a 23 kilómetros de Don Cristóbal y 8 kilómetros de Camps. Se trata de Graciela Todone, presidenta del Foro Ecologista de Ramírez, organización que no existía cuando las fumigaciones sobre cultivos de sojas se hacían en las periferias de la localidad.

La ambientalista padece cáncer y adjudica la afección a una prolongada exposición al glifosato que la empresa agropecuaria Marcelo Hoffmann e Hijos aplicaba al cultivo de soja a cinco metros de su vivienda, al otro lado de una calle que hace de frontera entre la zona urbana y la rural. Percibió el deterioro de su salud y del anciano que cuidaba en 2002 y denunció el tema de las fumigaciones ante la cartera provincial de Medio Ambiente.

“Los días de viento se formaba un rocío que caía sobre los vecinos”, recordó Todone que para esa época se había divorciado y su única hija vivía en otro sector de Ramírez. “Me dolía la cabeza, tenía nauseas y dificultades para respirar. Me operaron más de ocho veces para extraer células cancerígenas”, recordó la ambientalista aclarando que su caso impulsó nuevas denuncias, sobre todo contra la Planta de Reciclado General Ramírez (Pregram), que trabajaba con bidones de agroquímicos en la ciudad. Entre la víctimas hubo niños con bronquitis y alergias y mujeres que sufrieron abortos espontáneos, según informó el Foro Ecologista.

Finalmente, en 2006, la Municipalidad de Ramírez aprobó una ordenanza que prohíbe la aplicación de agroquímicos a 500 metros de la zona urbana; al mismo tiempo impide en la ciudad el almacenamiento de agroquímicos y su venta, y la presencia de máquinas pulverizadoras. La planta de reciclado fue reinstalada en el parque industrial de dicha localidad y la medida alcanzó también a La Ganadera y la Consultora Agropecuaria Poss porque almacenaban agroquímicos en depósitos dentro de la zona urbanizada.

En ese proceso la asociación civil Foro Ecologista Ramírez, integrado por unas 16 personas, mayoritariamente mujeres, se consolidó y hoy en día trabaja en sensibilizar a la sociedad ramirence sobre precauciones en la utilización de agrotóxicos, de manera de resguardar la salud de las personas y el medio ambiente. En ese sentido, Daniel Dechanzi informó que La Ganadera tiene un convenio con el Sanatorio Evangélico de Ramírez y los operadores de agroquímicos dependientes de la cooperativa agrícola se realizan un chequeo médico anual para detección de intoxicaciones u otras afecciones derivadas del uso de estos productos.

“Hasta el momento no se han registrado intoxicaciones”, dijo Dchanzi, hecho que corroboró Lautaro Torreani, médico clínico del Sanatorio Evangélico; no obstante, se está viendo que las personas que trabajan con agroquímicos tienen en común una afectación hepática, enzimas del hígado aparecen levemente alteradas, una afección asintomática que no es causada por otras variables. “Estamos recomendando que cambien de actividad y controles anuales”, señaló Torreani.

Este médico tiene una mirada crítica en torno a los agroquímicos. Concretamente reconoce que la Organización Mundial de la Salud los califica como no tóxicos en dosis bajas, pero considera los estudios que demuestran que no son inocuos, como la investigación de Andrés Carrasco, del Conicet. Este reconocido médico demostró que el glifosato tiene la capacidad de producir efectos negativos en la morfología del embrión anfibio. Su trabajo hace hincapié en el principio precautorio, legislado en la Ley Nacional del Ambiente, que insta a tomar medidas protectoras toda vez que existan posibilidades de perjuicio ambiental y sanitario, estableciendo que la ausencia de información o certeza científica no constituyen razones válidas para postergar las adopción de medias eficaces.