¿MATRIMONIO VERSUS ABORTO?

Por alguna curiosa razón, ante la idea de un balance sobre avances o retrocesos en la despenalización del aborto aparece de inmediato la referencia a la ley de Matrimonio Igualitario. “Ya salió la Ley de Divorcio, la Ley de Matrimonio Igualitario, ahora se debate la despenalización del aborto y la Iglesia está que arde”, decía el diario Los Andes por aquellos días. “Salió esa ley que parecía imposible, pero el aborto no va a salir tan fácil. Dieron este disgusto a la Iglesia porque no están dispuestos a dar el otro. El aborto en este país no va a salir nunca.”

Oscilando entre quienes lo consideran un paso que abre el camino hacia una sociedad más justa, y quienes entienden que el primero fue una coartada para dejar en el olvido de la agenda progresista el otro, la conexión entre estos dos reclamos no sólo comparte la desaprobación y la furia de los sectores conservadores. Hay algo más. La curiosa razón que los une, y que en los últimos meses se viene instalando en el debate –quebrando el monopolio argumentativo del dilema sobre cuándo empieza la vida, cuándo nace la persona– está relacionada con el concepto de discriminación. Y si algo quedó en evidencia durante el debate por el matrimonio fue que la mayoría de esta sociedad no está dispuesta a avalar –al menos con leyes– la deshumanización de una parte de sus ciudadanos –por lo pronto en lo que a cuestiones de género se refiera–. Frente a esto, tambalea una legislación redactada hace casi un siglo que al señalar como delincuentes a aquellas que interrumpan su embarazo condena a una parte de la población a someter su cuerpo a la clandestinidad y a la muerte. “Las cifras oficiales indican que el 40 por ciento de los embarazos en la Argentina termina en abortos. Por lógica, esto quiere decir que cada uno de ustedes en esta sala conoce a por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto.” Eso decía en el Congreso de la Nación en noviembre pasado Marianne Mollmann (representante de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch) cuando como única oradora abrió el debate parlamentario sobre el aborto no punible ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en lo que puede considerarse un punto nada menor de este balance. Lo que faltaría agregar a los dichos de esta experta es que quienes conocemos una mujer que haya recurrido al menos a un aborto, si somos de clase media o alta, sabremos de lo difícil de su decisión, de sus temores, del momento humillante de buscar un médico mínimamente confiable, de la altísima suma que debió pagar. (La penalización también permite que las “clínicas” clandestinas funcionen con poco respeto a la salud y a la vida de las mujeres.) Pero esa mujer que nosotras somos o conocemos, al día de hoy, no se ha muerto por eso. Ahora, si no pertenecemos a esa franja acomodada, seguro que también conocemos a una o más mujeres que hayan abortado, con la salvedad de que esa amiga, hermana o madre muy probablemente haya quedado estéril, o con serias complicaciones de por vida. O esté muerta.

En la Argentina el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna. El 11 por ciento de las mujeres latinoamericanas que mueren por causas relacionadas con el embarazo fallecen como consecuencia de un aborto clandestino; en nuestro país esa cifra es más del doble. Los únicos otros dos países de la región donde los abortos son la principal causa de muerte materna son Jamaica y Trinidad y Tobago (según datos del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina).

El punto que une los reclamos de un matrimonio igualitario y la despenalización del aborto es la igualdad ante la ley, el reclamo por la segregación de una parte de la sociedad, que en este caso puntual son las mujeres. Las mujeres pobres. El punto se ha convertido en una encrucijada signada por la pobreza, donde el mercado termina marcando las reglas que separan beneficiarias privadas de sobrevivientes públicas, mientras el slogan moral mira para otro lado cuando defiende la vida. “Cuando una mujer llega a un hospital con complicaciones por haberse realizado un aborto, muchas veces es tratada mal, por una cuestión de estigma”, afirma Mariana Romero, del Cedes. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 más del 20 por ciento de las muertes por emergencias obstétricas registradas fueron provocadas por abortos inseguros. Y según las nuevas cifras sobre la mortalidad materna, el año pasado la proporción de muertes maternas atribuibles al aborto fue del 28 por ciento. La mortalidad creció un 10 por ciento en lugar de disminuir, como tendría que haber ocurrido si se hubieran cumplido las metas del milenio, fijadas en el 2000.

El largo debate por la ley de matrimonio civil instauró en la opinión pública el gusto por el diálogo y la relevancia de la argumentación con fundamento científico y sobre todo actualizada. Aquel debate histórico que mantuvo interesado a un público mayoritario más allá de que quisiera casarse o no, permitió exponer los argumentos más conservadores, más aberrantes y más convincentes. Así es que más allá de las estrategias que la política tome para sortear presiones, lo cierto es que el ejercicio del debate ya lanzado propicia que un tema como este pueda ser discutido en 2011 en términos de salud pública, de derechos humanos, y de discriminación por razones de género. “Cuando atendemos a razones de salud pública y al número de mujeres que mueren todos los días por abortos sépticos, estas razones inclinan la balanza. Aun si hacemos a un lado estas consecuencias lamentables, un análisis de si se debe prohibir o permitir el aborto, por lo menos durante las primeras semanas de embarazo, cambia el eje de la discusión, porque una legislación permisiva no obliga a las mujeres a abortar en contra de su voluntad. Pero una legislación restrictiva obliga a las mujeres a continuar un embarazo, violentando su voluntad”, opina Diana Cohen Agrest, autora de libro ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, donde analiza el aborto y el matrimonio homosexual entre otros temas, desde una perspectiva bioética.

PASADO Y FUTURO

Martha Rosenberg, psicoanalista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

El Código Penal argentino fue promulgado en el siglo XIX; años antes y años después, el aborto fue considerado por nuestras leyes como un delito. Durante las primeras dos décadas del siglo XX no se admitían siquiera justificaciones especiales; recién en 1919 se introdujeron formas de impunidad tomándolas del Código Penal suizo –aunque con errores de redacción que dieron hasta la actualidad un lugar para la discusión doctrinaria–. El texto actual es prácticamente el mismo que el del Código de 1922. Si la legislación es añosa, el debate no es nuevo. A los aportes en la década del 90 del proyecto de la diputada Florentina Gómez Miranda, que puso en debate público la situación de mujeres violadas, se les suman numerosos proyectos durante la última década. Pero el hito se produce en marzo de este año, cuando se presentó ante el Congreso el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con unas 50 firmas de legisladores de un amplísimo arco político que va desde el oficialismo hasta el PRO, pasando por CC, GEN, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, la UCR, y el Partido Socialista, entre otros bloques. El proyecto establece el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional y dictamina que deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla.

¿Cuál es su lectura sobre esta llegada del tema aborto al Poder Legislativo?

–Primero hay que decir que el aborto llegó al Legislativo de una manera muy precaria, porque fue el último día de las sesiones ordinarias con una reunión en noviembre, ni siquiera fue una audiencia pública, sino que fue una jornada de discusión, que no es una figura de los procedimientos regulares de tratamiento de un tema sino una invitación a una conferencia pública con una persona experta y reconocida internacionalmente (Marianne Mollmann). Concurrieron muchos legisladores, fue importante en ese sentido porque marcó una movida de la comisión cabecera de este proyecto, que es la primera que lo tiene que tratar, y un compromiso público del diputado Juan Carlos Vega y de otros diputados presentes, pero él es quien tiene la iniciativa para que se trate efectivamente en la comisión, él se comprometió a que se tratara en 2011 y el pedido era que se tratara a principio del año con prioridad.

No parece muy convencida de que el tema se trate el año que viene.

Bueno, él dijo que se va a tratar, pero tengamos en cuenta que ya hubo un compromiso en 2010 y se fue postergando hasta que se abordó de esta manera. También creo que hubo pronunciamientos de parlamentarios de otras comisiones, y sería muy auspicioso que esto comenzara temprano en el año con un tratamiento conjunto de las tres comisiones involucradas.

¿Piensa que en el último año la opinión pública ha demostrado una sensibilidad mayor frente a este tema?

–Durante el año pasado estuvo aumentando permanentemente en las encuestas la opinión pública favorable a la ampliación del marco legal del aborto. En una de ellas daba que el 62 por ciento de la opinión pública no estaba de acuerdo con que se penalizara a la mujer que se realiza un aborto. Y también hubo pronunciamientos institucionales importantes, en www.abortolegal.com.ar podés ver las universidades e instituciones que adhirieron al tratamiento del tema y en muchos casos adhirieron al proyecto de la campaña. Y también Amnesty se pronunció sobre la necesidad muy perentoria de que este tema se trate por los indicadores médico-sociales de muertes de mujeres por gestación.

¿Tiene alguna hipótesis sobre por qué seguimos sin tener datos concretos sobre las muertes ocasionadas por abortos clandestinos?

–La Iglesia y la corporación médica hacen mucha presión, a pesar de que en encuestas anónimas los médicos reconocen la importancia del tema. Por eso, la demanda para que el Estado intervenga es muy importante, por ejemplo con el tema de la reglamentación de los abortos no punibles, que fue objeto de unas idas y venidas tremendas durante 2010. La reglamentación que hizo el Ministerio de Salud está en vigencia pero no tiene rango de resolución ministerial. Entonces, frente al balance que proponés, hay que señalar que existen muchas vacilaciones sobre el tema del aborto por los compromisos con sectores del poder reaccionarios, de derecha y también por una concepción del Gobierno acerca de que se puede gobernar aplicando las convicciones religiosas personales como rasero para conducta de todas las personas.

¿Cómo es eso?

–Si en nuestro país hay libertad de culto, esto significa también que hay libertad para no tener ningún culto, con lo cual hay que cuidar la vida por sobre todas las cosas. Esto es importante sobre todo para la población femenina, que es más de la mitad de la población del país. Y este es un tema que afecta mucho más gravemente a los sectores pobres, con menos acceso a la educación y menos acceso a los servicios de salud. Y también hay que decir que si bien nuestra población es mayormente católica, las mujeres que practican el aborto también son católicas. La legislación actual no tiene eficacia sobre los abortos que se realizan de hecho, lo único que hace es hacerlos clandestinos e ilegales, ponen a la mujer en una situación de minusvalía evidente.

¿Por qué cree que cada vez que se plantea el debate se da en términos de a favor o en contra del aborto, como si esta fuera de verdad la disyuntiva?

–Porque se juega un poder muy importante sobre un aspecto fundamental de la vida de la sociedad, que es la renovación de las generaciones, y los sectores más reaccionarios de la Iglesia y el poder necesitan mantener el dominio sobre el proceso de la reproducción y sobre las mujeres, que son las que llevan adelante ese proceso. Entonces la idea de liberalizar la legislación sobre el aborto implica otorgar libertad a las mujeres para continuar o no un embarazo, es una idea que da mucho poder a las mujeres. Y también está la idea de que no puede ser que la legislación abra un rango que habilite, que la ley permita algo: estamos acostumbrados a que las leyes prohíban, o impongan cosas, y la gente piensa que si se legaliza el aborto se va a obligar a alguien que no quiera a abortar. Lo cierto es que abortan mujeres de todas las edades y todas las condiciones sociales.

¿Cómo seguimos?

–Creo que tenemos que seguir trabajando para que la gente reconozca que este es un tema de toda la sociedad, pero que pagan con su salud y su vida las mujeres jóvenes y pobres. Y que se entienda definitivamente que es un problema político.

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL RESTO DE MUNDO

Leticia Kabusacki, especialista en derecho de familia y salud sexual y reproductiva, miembro de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y género), una de las ONG informantes de la reunión de la Cedaw

Entre los hechos relevantes de este año figuran sin dudas las recomendaciones y duras críticas a la Argentina que realizó luego de la reunión de julio en Nueva York la Cedaw, el comité de las Naciones Unidas que se ocupa de monitorear que los Estados cumplan con la realización de los derechos humanos de las mujeres. Este año, la Organización de Naciones Unidas, entre otros puntos, instó al Gobierno a “garantizar” la aplicación de la Guía para la Atención Integral de Abortos no Punibles. Se trataba de una herramienta fundamental tanto para que las interesadas tuvieran conocimiento de sus propios derechos como para que los agentes de salud y de justicia aplicaran sin reparos y sin dilaciones las leyes vigentes. Esta fue tal vez la mayor contramarcha en este asunto. Volviendo a la relación nada casual entre matrimonio igualitario y ley de aborto, fue justamente en julio cuando se promulgaba el primero, cuando el ministro de Salud, Juan Manzur, anunciaba que la Guía, que en su actualización prevé la práctica del aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o una denuncia policial de la mujer, estaba en vigencia. Al día siguiente negaba haber firmado la resolución.

¿Cuál fue la recomendación concreta de la Cedaw en relación a los derechos reproductivos?

–Luego de evaluar las respuestas del Estado nacional y también de escuchar muy atentamente los informes de las 10 organizaciones pertenecientes a la sociedad civil del país que estuvimos allí presentes, la Cedaw observó que la Argentina debe hacer lo necesario para reducir el número de muertes maternas, adecuar y modificar su ley para que las mujeres tengan garantizado su acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto incluye que se eliminen los obstáculos para la realización de abortos no punibles.

¿Se hace referencia a la necesidad de modificar la legislación?

–El Comité de la ONU expresó su preocupación por la legislación restrictiva del aborto del artículo 86 del Código Penal y también por la interpretación inconsistente por parte de los tribunales cuando se trata de abortos no punibles. Otra gran advertencia gira en torno de la falta de datos concretos. No hay datos, no hay información estadística discriminada por género, lo cual es muy importante, porque no hay modo de leer la realidad sin estos datos. La pobreza, por ejemplo y en relación a lo que venimos señalando, afecta de manera distinta a las mujeres y a los hombres. También se advierte que faltan medidas para que las provincias tengan igual acceso a los servicios de salud más allá del sistema federal y la calidad de éstos.

¿Cuál es el alcance que tienen estas recomendaciones de la Cedaw?

–Lo primero que hay que destacar es que esta Convención, que cumple 20 años, lo que hizo desde el momento en que se creó fue poner en evidencia que los derechos de las mujeres por las cuales está velando son parte de los derechos humanos. Y así es como se lee internacionalmente; por lo tanto, los países que no los cumplen están atentando contra estos derechos. Luego, sobre el alcance, hay que tener en cuenta que una vez que un país aprueba uno de estos tratados –y Argentina ha sido uno de los primeros países latinoamericanos en hacerlo–, los incorpora a su plexo normativo. Esto es, tienen carácter constitucional. El tratado de derechos humanos que fue incorporado es ley, y toda la legislación argentina, incluyendo la de las provincias, debe ajustarse a esta norma.

¿Qué beneficios trae a un país la forma de estos tratados y qué perjuicios no cumplir con ellos?

–El beneficio es el de pertenecer a un grupo de naciones que favorecen el desarrollo. Se trata de un beneficio económico, ya que se existen programas concretos para favorecer el desarrollo. A su vez se considera que no es posible para un país desarrollarse cuando la mitad de su población, en este caso las mujeres, se encuentran en situación de riesgo, también moral.

¿Y existe alguna relación concreta entre los ciudadanos particulares y estas leyes? ¿Se puede recurrir a estos organismos internacionales por ejemplo cuando en tu país no te permiten realizar un aborto que tu propia legislación permite?

–Argentina aprobó en el año 2007 el protocolo facultativo de la Cedaw. Esto hace que las personas afectadas puedan recurrir directamente para manifestar su queja una vez agotadas las instancias domésticas que incluye la apelación a la Corte Suprema. Ya hay casos presentados ante la Iberoamericana de la OEA. De hecho esto ocurrió en el año 2006 en el caso conocido como “L.M.R., responsabilidad internacional de Estado Argentino por inobservancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Una chica de La Plata de 19 años con discapacidad intelectual que había sido violada por un familiar a la que le negaban su derecho a abortar.

¿La perspectiva del informe de la Cedaw es desoladora?

–No es desolador, es una advertencia fuerte a incumplimientos puntuales del Estado, entendiendo como Estado a todos los poderes y las instituciones públicas como los hospitales, por ejemplo. Es documentado, basado en informes muy serios y exhaustivos. Se destacan muchas cosas buenas de la Argentina, realizadas sobre todo durante el gobierno anterior, que sentaron las bases, la estructura, para que la situación de las mujeres mejore. Aquí se ha hecho mucho para promover la no discriminación de la mujer, entre otras cosas se ha creado en 2004 el Consejo Nacional de la Mujer, se avanzó mucho en la regulación y el blanqueo de las empleadas domésticas, la Asignación Universal por Hijo es otro punto importantísimo y destacado por el organismo. Lo que se está reclamando es la puesta en marcha de toda una estructura ideal y muchas veces sin recursos suficientes.