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El 2 de abril del 2002 –hace ya nueve años– desapareció Marita Verón, en Tucumán. Su mamá, Susana Trimarco, comenzó a buscarla y a través de esa búsqueda se visibilizó la desaparición de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales y la connivencia política, social, judicial y policial que, muchas veces, impide recuperarlas. Igual que el miedo. Por eso, cuando Adriana Gordó viajó, la semana pasada, a Olavarría para conocer a su nieta, la hija de Dana Pecci (víctima de trata de personas y asesinada el 17 de septiembre del 2007) fue intimidada junto a la comitiva que la acompañaba: la psicóloga Silvia Lommi, la representante del Ministerio Público de Azul Norma Quiroga y la diputada nacional Fernanda Gil Lozano. Para que el miedo paralice.

Por eso, las redes de trata generan miedo. Y siguen generando desapariciones, como la de María Moreno, el 24 de abril del 2010, en San Juan y Piedras, de la Ciudad de Buenos Aires, según denuncia la organización La Casa del Encuentro, que también contabiliza 700 niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.

Pero la trata también genera negocios. Y ahí es donde la billetera esconde las complicidades que permiten que la trata exista. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, denunció al Grupo Clarín: “Sacan notas fenomenales de la trata de personas, pero perciben un millón de pesos por mes en el rubro 59, donde hacen la propaganda de la prostitución todos los días que se puede”.

En España se estima que los avisos clasificados con ofertas de sexo benefician a los dueños de los medios con 40 millones de euros al año.

¿Pero como justificar el fomento de un delito? El argumento es que, en muchos casos, a través de las publicidades se logra desmantelar redes de trata. Pero el argumento no es muy convincente. Por eso, en ese país europeo, el Estado convocó a los medios de comunicación a reflexionar sobre su responsabilidad social en la propagación de la prostitución y la trata de personas como vehículos de la difusión de ofertas sexuales.

Pero, además, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que al menos una parte de la pauta oficial no pueda ser destinada a aquellos diarios que fomentan el consumo sexual. Además, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha anunciado que establecerá un calendario para vetar esta publicidad, aunque aspira a que sea “con el máximo consenso posible, tanto de los grupos parlamentarios como de los propios medios de comunicación”.

En la Argentina, la legisladora nacional Fernanda Gil Lozano propuso que se termine con el rubro 59 (llamado así en Clarín pero que también existe en otros medios, como El Argentino) a través de la aplicación de multas o de la prohibición de que esos medios de comunicación puedan recibir dinero a cambio de publicar publicidades oficiales con el objetivo de disminuir la trata de personas, la esclavitud sexual y la violencia frente a mujeres y niñas.

El 15 de octubre del 2010 –después de un año de estudio– la diputada Fernanda Gil Lozano presentó su proyecto para prohibir la publicidad de comercio sexual en Argentina. “Muchas veces el deber social del periodismo va a contramano de los intereses económicos de los medios. Clarín, por ejemplo, informaba –el 21 de febrero– sobre Mar del Plata y el millonario negocio de las esclavas sexuales. Pero, en esa misma fecha, su suplemento de clasificados presentaba cientos de avisos con el tono del siguiente texto: ‘Paraguayita ardiente y completa’, que fomentan la trata de mujeres desde el exterior y su encierro para usarlas como esclavas sexuales.”

En el ámbito local, la legisladora porteña María Elena Naddeo presentó, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, una norma que prevé la creación de un programa que contempla que el Gobierno de la Ciudad no otorgue pautas publicitarias ni propaganda oficial a aquellos medios de comunicación que publiquen espacios publicitarios o avisos clasificados de oferta sexual. De esta manera, concretamente, el macrismo, por ejemplo, no podría beneficiar con pauta publicitaria al Grupo Clarín.

La ex directora del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes también estima que hay que multar a los medios que publiquen avisos de contactos sexuales. “El titular o responsable de la empresa de medios gráficos, radiales, televisivos, sean éstos de distribución comercial, gratuita o callejera, que publicare avisos de ofrecimientos o requerimientos de contactos sexuales será sancionado con una multa de entre 500 a 500.000 unidades fijas”, regula en su proyecto.

Sin embargo, tanto en Argentina como en Europa hay medios que legitiman los avisos sexuales con el escudo de que prohibirlos, discriminarlos de la pauta oficial o multarlos implica un cercenamiento de la libertad de expresión. Gil Lozano no está de acuerdo con este punto de vista, pero reflexiona: “Hay que pensar mucho, debatir, para no afectar la libertad de expresión o de prensa. Lo que estamos analizando con las organizaciones sociales es un proyecto donde se condene a estos avisos como propaganda comercial ilícita, ya que vender mujeres a través de anuncios publicitarios es ilegal”.