Por María Elena Barbagelata

Las personas víctimas de violación y abuso sexual ven vulnerados sus derechos humanos básicos como aquellos referidos a la integridad psicofísica, a la intimidad, a la libertad sexual, a la seguridad y a la autodeterminación. La víctima del delito sexual experimenta, entre otros, sentimientos de humillación, vergüenza, culpabilidad, temor, que reducen su autonomía y limitan su desarrollo personal.
En el contexto mundial, una de cuatro mujeres sufre un ataque sexual. Según la OMS, aproximadamente el 20 por ciento de mujeres y entre un 5 y un 10 por ciento de los hombres afirma haber sido víctima de abusos sexuales en su infancia.
En nuestro país, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal, se han registrado, durante el primer semestre del año 2002, 4129 denuncias por casos de delitos sexuales efectuadas ante las fuerzas de seguridad. Es decir que se denuncian cerca de 22 hechos de este tipo por día en todo el país, correspondiendo el 35 por ciento de los casos a violación y el 65 por ciento restante a abusos sexuales, casos de promoción de corrupción o prostitución de menores y otras figuras relacionadas. Pero cabe destacar que las denuncias y consultas sólo dan cuenta de una mínima parte de las violaciones o abusos sexuales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar por temor a sufrir incomprensión y descreimiento. Así, teniendo en cuenta el hecho de que sólo se ponen en conocimiento de las autoridades entre el 10 y el 20 por ciento de estos sucesos, puede establecerse que se cometen aproximadamente 220 violaciones, abusos sexuales y otros delitos contra la integridad sexual por día en el territorio argentino. Las provincias que evidencian un mayor número de casos (sobre el total de delitos denunciados en sus respectivos territorios) son algunas de las provincias del norte: Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones y Formosa. La violencia en general y, en particular, la ejercida contra la integridad sexual de las personas es un problema que requiere una respuesta integral en los aspectos físicos, legales y sociales. En este sentido hemos presentado un proyecto de ley creando el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Tiene como principal objetivo brindar a toda aquella persona que ha sido víctima de un hecho delictivo de índole sexual la asistencia integral en sus diferentes niveles. La especificidad, la accesibilidad y la gratuidad de los servicios a los cuales acudir son de fundamental importancia, ya que es una problemática que requiere una atención expeditiva (en el momento de la demanda) e integral (de los distintos aspectos involucrados).
Los objetivos centrales del Programa son asegurar atención médica y psicológica en los servicios, incorporando las prestaciones al Plan Médico Obligatorio (PMO); contribuir a conformar y difundir en todas las guardias un Protocolo que determine el procedimiento médico frente a las ETS/SIDA y la anticoncepción de emergencia; disponiendo de la medicación de emergencia y preservando asimismo los elementos probatorios que puedan resultar de los estudios y prácticas realizados.
Es urgente poner la mirada sobre las víctimas que hoy se encuentran absolutamente desprotegidas. Impulsar la creación de este programa preventivo y asistencial es un imperativo de justicia social y de respeto a los derechos humanos. La indiferencia lleva a condenar a niñas, adolescentes y mujeres adultas a embarazos fruto del ultraje que han sufrido, y a soportar sus consecuencias en silencio y soledad.
Asimismo, es necesario impulsar cambios en los ámbitos donde se recibe la denuncia. Proponemos la creación de Fiscalías de Delitos Sexuales que entiendan en la investigación y persecución penal de estos delitos. Estas ofrecerán un ámbito más cercano para la víctima y constituirán una herramienta para luchar contra la impunidad que rodea a quienes cometen estos delitos.
Avanzar en una ley que defienda, contenga y trate a las personas violadas es un paso trascendental para respetar los derechos humanos de los 220 niños, niñas y fundamentalmente mujeres, que diariamente en nuestro país son víctimas de delitos sexuales.