S.P.

Tiene 36 años, una hija de uno y medio, formación en estudios de género y un compromiso manifiesto –a través de su trabajo– con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. No parece el perfil tradicional para dirigir a una fuerza armada con poderes casi absolutos dentro de instituciones cerradas como son las Unidades Penales. Sin embargo, Florencia Piermarini fue designada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, como jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense. Será la primera mujer en asumir esta responsabilidad. La jefa civil de unos 28 mil efectivos cuya trayectoria como cuerpo ha sido denunciada por todos los organismos de derechos humanos.

Hace menos de un mes, el joven Patricio Barros Cisneros, que estaba detenido en el Pabellón 1 de la Unidad 46 de San Martín, fue asesinado a golpes y patadas prácticamente a la vista de su mujer embarazada que lo había ido a visitar. El incidente puso a la vista las prácticas sistemáticas de las instituciones de encierro en la provincia. Según el último informe del Comité Provincial contra la Tortura, el índice de ocupación carcelaria es del 167 por ciento y sumando los detenidos en comisarías, el porcentaje asciende al 192. El sistema aloja a 29.404 personas, casi el doble de las que podría contener legalmente. En varias cárceles provinciales se relevaron celdas individuales de cuatro metros cuadrados ocupadas por hasta ocho personas. De acuerdo con el mismo informe, durante el 2010 murieron 133 personas en las cárceles de ese distrito, un promedio de 11 por mes. Las muertes traumáticas fueron 38 y las no traumáticas o por enfermedades, 95. Los abusos represivos crecieron de 1552 en el 2009 a 1765 en el 2010, aunque las peleas entre las personas detenidas bajaron. Las organizaciones de derechos humanos responsabilizan al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, por las sistemáticas falencias humanitarias, materiales, y legales del sistema carcelario bonaerense, razón por la cual pidieron su renuncia hace un año.

Piermarini no es ajena a la gestión de Casal, aunque hasta ahora su trabajo ha sido un intento de abrir grietas en los muros del encierro a través de la formación. Desde agosto de 2009 hasta su reciente nombramiento, fue asesora dentro del Ministerio de Justicia, primero en la subsecretaría de Planificación y luego en la de Política Criminal. Desde ese espacio, generó programas de capacitación y motorizó convenios con universidades para incrementar las políticas de educación superior a las cárceles. En sintonía con esas gestiones, al asumir, Piermarini propuso “llevar la educación a todos los privados de su libertad”, y priorizó como objetivo el cierre de los calabozos en las comisarías.

Antes de desempeñarse en el ejecutivo provincial, trabajó en el despacho de la diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, quien critica duramente a esa cartera, sobre todo porque considera que existe una connivencia entre la Policía Bonaerense y las redes de trata de personas. Como asesora de Gil Lozano, Piermarini seguía las comisiones de Legislación Penal, Mujer, y visitaba a menudo la cárcel de Ezeiza, donde acompañaba a las internas que necesitaran asesoramiento legal, sobre todo en aquellos casos en los que las mujeres entraban a la cárcel con sus hijos. Junto a Gil Lozano, Piermarini investigó la posibilidad de incluir el tratamiento ante el delito de trata dentro del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

El experto en seguridad y diputado provincial por Nuevo Encuentro Marcelo Saín consideró, ante el crimen de Barros Cisneros, que Casal es una garantía de impunidad para los delitos que se cometen en las cárceles: “El SPB hoy tiene la suerte de tener un ministro, lo que nunca consiguió ni va a conseguir en su puta vida institucional. El Alcaide Mayor, Casal, hoy es Ministro. Entonces tienen luz verde para hacer cualquier cosa, total después va al ministerio y trata de encubrir”, afirmó. En diálogo con Página/12, Gil Lozano definió a Piermarini como “una gran trabajadora” y destacó su “compromiso militante” con las personas, en especial las mujeres, privadas de su libertad. Dijo que es “difícil de encontrar” abogadas feministas dedicadas al derecho penal que tengan, además, un compromiso que trascienda lo laboral. “Me puse muy contenta cuando me enteré que iba a estar a cargo del SPB, porque hace falta gente como ella”, aseguró.

En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx dijo que los hombres hacen su propia historia, “pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”. Piermarini es la primera mujer en la historia al frente de un servicio penitenciario. Su currículum acredita su compromiso con los derechos de las personas privadas de su libertad, a la vez que el currículum del SPB acredita el compromiso de esa institución con la impunidad y el delito. Sólo una firme decisión política podrá definir la pulseada entre lo viejo y lo nuevo.