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Ana Oberlin, la Pipi, tenía 18 años cuando tomó dos caminos que marcaron su vida. Empezó a estudiar Derecho y a militar en la agrupación Hijos. Tenía un año cuando su padre, René, fue secuestrado en la provincia de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 1977. Su mamá escapó con tres hijos pequeños, estuvo unas noches a la intemperie y volvió a la ciudad de Santa Fe, de donde eran. Ana Berraute sabía perfectamente la dimensión del horror, ya que fue secuestrada y luego presa política desde 1971 hasta el 25 de mayo de 1973. Incluso, fue una de las pocas que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violencia sexual en aquel cautiverio. Pipi creció y se convirtió en una abogada que algunos califican como brillante. Desde que entró en la carrera sabía que haría penal, que le interesaban los derechos humanos y las cuestiones de género. Un cruce en el que profundiza día a día.

Difícilmente se la vea transitar los pasillos de tribunales con los trajecitos de muchas otras abogadas, un signo de identidad que comparte con otras profesionales militantes. En 2002 representó a Erica Córdoba, una adolescente violada por tres policías en una comisaría de Rosario el 26 de abril de ese año, porque los derechos humanos, para ella, se defienden también en presente. Ese caso –que le dolió en el alma porque la chica se suicidó tres años después–, la puso a estudiar sobre la violencia sexual con esmero, como hace siempre. “Todos los casos de delitos contra la integridad sexual para mí son muy importantes, porque tienen una dimensión muy individual, porque es desgarrador, y el caso de Erica es el más extremo porque luego se suicidó. Lo que a mí me inquieta es que también tienen una dimensión social, esta cuestión de que los cuerpos de las mujeres son abusables”, dice.

La apertura de las causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país significó también la confluencia entre su militancia y su carrera profesional. Fue artífice del procesamiento del ex comisario Abelardo Patti, que terminó, el año pasado, con su condena. Como abogada de Abuelas, de Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participa en distintas causas y siempre pone el acento en el respeto a la palabra de los sobrevivientes.

Paciente, estudiosa, decidida a buscar el argumento jurídico que confirme su sentido de justicia, no deja un párrafo de cada presentación sin analizar. Sensible ante el dolor, mantiene la capacidad de sorpresa ante cada relato. Tiene también algo de hormiguita que lleva las hojas por más pesadas que sean, y por lo mismo, la satisfacción le ilumina los ojos oscuros cuando un tribunal confirma con un fallo lo que tanto estudió, aquello que la desveló hasta encontrarle la vuelta jurídica.

Por eso, fue satisfacción lo que sintió la semana pasada, cuando la Cámara de Casación Penal confirmó la condena del represor Gregorio Molina por violación dentro de una sentencia del Tribunal Oral de Mar del Plata. Pipi no es abogada en esa causa, pero la resolución confirma lo que viene presentando en distintos tribunales y sosteniendo día a día, desde hace años. Que las violaciones fueron parte del plan sistemático del terrorismo de Estado. “Esta resolución seguramente va a habilitar que la Corte Suprema se expida sobre esto, porque seguramente la defensa de Molina va a insistir recurriendo a la Corte. Ya la resolución misma de Casación implica un cierto deber de los jueces de acatar las resoluciones por una cuestión de economía procesal. En nuestro sistema, además, implica un avance muy importante para hacer más sólidos los argumentos de instancias inferiores”, explica esta abogada que escribió, junto a Lorena Balardini y Laura Sobredo, un trabajo llamado Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención.

Su interés en el tema no surgió desde las letras, sino desde la escucha a las sobrevivientes. “Se empezó a cruzar no en términos jurídicos y técnicos sino personales, cuando a partir de involucrarme mucho más en las causas, en contacto con las víctimas, y por ser mujer, joven, por haber trabajado estos temas, me empezaron a contar algunas mujeres los delitos que sufrieron. Allí empieza a surgir la inquietud, a mí como a otros abogados, de cómo abordarlo, de escuchar lo doloroso que resultaron los delitos contra la integridad sexual y lo acallados que estuvieron, porque muchas mujeres también me han dicho que no se lo dijeron a nadie. En esto funcionan el silencio y la vergüenza, como si hubiera algo de que avergonzarse, la dificultad de situarse como víctimas integralmente del asunto. Sigue pesando en las mujeres esa cuestión extraña, perversa, de sentirse culpable por ser víctima de estos delitos”, apunta Pipi después de brindar un exhaustivo análisis de las puertas que abre el fallo de Casación firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani para que efectivamente muchos represores paguen, también, por haber violado a prisioneras –sobre todo– y también prisioneros políticos como otro método para disciplinar y aniquilar subjetivamente a las y los militantes.