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Son tantos que parecen incontables. Pero las revistas saben el nombre de cada uno y de cada una y saben qué preguntarle a su madre: cómo se organiza, cómo es un día de su vida, por qué le gusta tanto embarazarse, cómo se repuso de la muerte de un hijo y siguió teniendo otros. Ella es la súper mamá, la madre coraje. Maru Botana es el símbolo de la mujer que ama tener hijitos; a nadie se le ocurriría preguntarle si tiene tantos para que la contraten como imagen de marca de casas de colchones, hamburguesas, salsas o cuanta empresa apunte a una imagen familiar.

Su maternidad está legitimada. Su deseo sale con fritas (o con platos gourmet) pero la idea de familias numerosas de mujeres pobres es sinónimo de irresponsabilidad, de despropósito. Que sean madres –si no son asesinas o resentidas– pero que no reincidan porque entonces estarán sospechadas de hacerlo por conveniencia. El año pasado fue Miguel del Sel, ex candidato a gobernador de Santa Fe, por el PRO, quien lanzó lo que parecía un mal chiste de Midachi pero era una reflexión que apuntaba al embarazo casi como un hecho de corrupción. Y, esta semana, el ministro de Salud de Corrientes, Julián Dindart –en el contexto de la difusión de un embarazo de riesgo de una nena de 10 años– apuntó: “Algunas se embarazan porque tienen un recurso económico como premio”.

La semana pasada, la Justicia condenó al diario Clarín por una nota del 2009, titulada “Fábrica de hijos: conciben en serie y tienen una mejor pensión del Estado” que disparaba contra las madres de familias numerosas como reproductoras por interés. El fallo consideraba que la observación era discriminatoria y descalificatoria contra las mujeres. Sin embargo, un funcionario público volvió a repetir el argumento de que engendrar, parir, criar, alimentar, abrazar, curar y educar a un pibe o piba sería una argucia para poder cobrar un trabajo que nunca tendría posibilidad de ser recompensado.

Un dato significativo es que Dindart –del que ahora se pide su renuncia– también se pronunció contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que toda mujer violada puede acceder a un aborto no punible con solo ir al hospital con una declaración jurada, “porque le abre una puerta a la mentira”. Por lo tanto, según este razonamiento, las mujeres mentirían sus violaciones para abortar y se embarazarían para cobrar. El deseo –a ser o no ser madre– está siempre en duda. La decisión sobre la propia vida y el propio cuerpo también.

La Argentina tiene un Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente del Ministerio de Salud, que garantiza la provisión de pastillas, anticoncepción de emergencia, DIU, inyecciones y preservativos para mujeres y varones. También la ley garantiza la ligadura de trompas y la vasectomía. Sólo en el año 2010 se distribuyeron más de 39 millones de anticonceptivos, según datos de la cartera que dirige Paula Ferro. Pero, además, del 2009 al 2010, se aumentó un 322 por ciento la inversión en anticonceptivos y se compraron 91 millones de insumos, por lo que la provisión actual y futura ya está garantizada. Por otra parte, se consolidó la Ley de Salud Sexual –aprobada en el 2002– y, mientras que en el 2006 el 78 por ciento de los establecimientos sanitarios públicos ofrecían servicios de salud sexual y reproductiva, en el 2009 en nueve de cada diez hospitales y salitas se podía pedir asesoramiento e insumos para evitar un embarazo no buscado.

El acceso de métodos anticonceptivos se enmarca en los derechos reproductivos: que cada mujer pueda decidir si tener hijos o no tenerlos y cuándo, cómo y con quién. Pero, en ningún momento, el Estado le puede decir a una mujer que no sea madre o esterilizarla sin su consentimiento: una práctica que se investiga como violación a los derechos humanos, durante la gestión de Alberto Fujimori, en Perú.

En la Argentina no existe el control de la natalidad sino el derecho a decidir. “Los derechos reproductivos incluyen el derecho a tener hijos”, realza la psicóloga y consultora de género Cecilia Correa. “Por derechos reproductivos se entienden aquellos derechos de todas las personas a decidir libre y responsablemente el número de hij@s, cuándo y con quién tenerlos, contar con la información y los medios para ello, incluyendo también el derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Los derechos reproductivos, al igual que los derechos humanos, son inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza.”

“Las mujeres tenemos el derecho a ser madres...y a no serlo. El derecho a ser madres lleva implícita la posibilidad de acceder gratuitamente a métodos asistidos cuando sean necesarios, la existencia de una legislación que agilice la adopción y más cambios en las conductas de la sociedad de modo tal que la crianza de los hijos e hijas sea compartida con el padre o la otra madre. La contracara es el derecho a no ser madres, el que está enunciado en distintos tratados internacionales y consagrado en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, subraya Perla Prigoshin, abogada especialista en género y salud sexual y coordinadora de la Comisión encargada de coordinar acciones para elaborar sanciones a los distintos tipos y modalidades de la violencia de género (Consavig).

Laura González Velasco, referente del Movimiento Libres del Sur en la ciudad de Buenos Aires e integrante del Colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá) remarca: “Es gravísimo e indignante que un ministro de Salud pretenda culpabilizar a las niñas pobres por quedar embarazadas cuando no han tenido acceso a la protección del Estado e inclusive han sido violadas. Las políticas nacionales en educación y salud sexual son insuficientes, pero los gobiernos de Corrientes, Chaco o Salta directamente quedaron en los tiempos del feudalismo”.

También, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, se repudiaron los prejuicios contra las embarazadas: “Consideramos que las declaraciones del ministro son absolutamente discriminatorias, agraviantes y que configuran violencia psicológica y simbólica hacia la mujer”.