“La escuela pública no se achica”, es la consigna que circula en el espacio virtual amorosamente escrita y enviada por las asambleas de docentes, padres y estudiantes y que indica que, una vez más, la comunidad educativa se planta.

La llamada “fusión” de cursos oculta la verdadera intención de cerrarlos, reducir las plantas funcionales de cada establecimiento, acumular alumnos para bajar costos y dejar a docentes en disponibilidad.

El sistema educativo no es una empresa y no admite ser gestionado con la lógica mercantilista. En la lógica empresarial, si hay un sector social con mayor poder adquisitivo que puede pagar escuelas privadas, entonces el Estado se retira delegando la construcción de ciudadanía en los gestores de los capitales privados. Y hay que agregar que, correlativamente, destina el degradado presupuesto educativo a las escuelas del sur de la Ciudad, donde hay múltiples problemas y reiteradas demandas insatisfechas. Es una manera tecnocrática que evidentemente fascina a los funcionarios del PRO, formados en la lógica de las doctrinas que endiosan al mercado y herederos del neoliberalismo en educación. Podríamos decir que es la misma lógica que llevó a consagrar la ampliación del sistema privado en la década del ’50, particularmente en la reforma de 1958, acentuada en cada dictadura militar y, obviamente, en la década menemista.

La propuesta del macrismo, entonces, consagra los circuitos de segmentación que venimos resistiendo desde aquellas décadas: franjas de escuelas del Estado para los chicos pobres y de los barrios más humildes y escuelas privadas subsidiadas con abundantes recursos del Estado para los chicos de sectores medios y acomodados.

Durante los años de crisis 2001 y 2002, el gobierno progresista en la Ciudad sostuvo la escuela pública y amplió los servicios y recursos. Se desarrollaron fuertes programas de inclusión social y educativa, becas estudiantiles, diversos jardines maternales y espacios educativos para los más chicos, y escuelas de reingreso para los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, el saldo de la última década ha sido de fuerte deterioro: graves problemas edilicios, estancamiento en las estructuras educativas, retrasos en el nivel de la actualización de las plantas funcionales docentes y del sistema de cargos en el nivel secundario.

Nuestra acción política tiene como objetivo recuperar el rol principal y de vanguardia de la escuela pública, superando las lógicas sectarias o corporativas. Por eso queremos debatir cuáles son los temas a resolver para brindar nuevamente una educación de calidad. Porque la escuela estatal es semillero de democracia y de movilidad social. Por eso la defendemos como pilar de una sociedad igualitaria y diversa.

* Legisladora porteña del Frente Progresista y Popular.