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“La información del Observatorio de Sentencias Judiciales permite tener alguna dimensión de los derechos que aún no logran penetrar en los discursos de la Justicia, los argumentos ausentes, colectivos, que no logran hacer visibles sus demandas”, escribió la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en la presentación de “Los derechos de las mujeres en la mira, Informe Anual de los Observatorios de Sentencias Judiciales y de Medios”.

¿Cuál es tu evaluación del termómetro del machismo hoy en la Justicia?

–Desde el 2009 tenemos un Observatorio de Sentencias Judiciales en donde juntamos y publicamos sentencias vinculadas con derechos de las mujeres, aunque no tenemos acceso a todos los fallos. El objetivo es ver qué derechos de las mujeres que son violados en la práctica cotidiana logran una reparación a partir de las sentencias de la Justicia, y eso es importante porque el Poder Judicial es el poder del Estado que tiene por misión la reparación de los derechos vulnerados.

¿Por qué sigue este nivel de prejuicios sobre el abuso sexual?

–El estándar de la prueba en el derecho penal tiene que ser cuidadoso y hay que ser precavida, porque está en juego el cercenamiento de la libertad personal, pero eso no quiere decir que la Justicia no pueda aceptar testimonios de las víctimas, indicios concurrentes y estándares de pruebas que se han aceptado para otro tipo de delitos. Por ejemplo, ahora se están condenando homicidios sin la aparición de los cuerpos. Los avances a partir de los casos de lesa humanidad son muy importantes y son aplicables a otras situaciones. Sin embargo, hay una resistencia a aceptar que esa conducta tan aberrante es posible. Es una negación a aceptar lo aberrante del abuso, sobre todo en niños y niñas. Las peores sentencias se dan sobre estos casos. Y creo que merece que nos ocupemos especialmente de estas sentencias.

¿Creés que amerita que el abuso sexual se ponga en un lugar más importante en la agenda del movimiento de mujeres?

–Está en la agenda de algunas personas del movimiento de mujeres, aunque probablemente no ha sido uno de los temas centrales. El feminismo tiene tantos temas pendientes en la Argentina que hay veces que tenés que apoyar determinados ejes, como la violencia y el aborto, pero sin quitar la mirada sobre la falta de presencia en la vida social y política, la desigualdad salarial, la crisis del cuidado, porque las mujeres tienen que hacer un montón de malabares en el cuidado de sus hijos/as y tienen trabajos precarios. Hoy hay un contexto internacional para hablar de violencia. ¿El abuso sexual no es una forma de violencia cuando son niñas, jóvenes o adultas? Lo mismo pasa con el acoso sexual. Hay determinadas formas de violencia que están naturalizadas u ocultas.

¿Qué pasa con el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que dice que los testimonios de los niños o niñas son manipulados por sus madres?

–Es súper peligroso. Algo que veo cuando doy charlas sobre violencia es que se me acercan para decirme que hay casos de denuncia falsas de violencia. No niego que exista la excepción. Pero no es verdad que las denuncias de violencia son todas falsas. No podemos tomarnos de la excepción.

¿Cómo ves la perspectiva de la despenalización del aborto hoy en la Argentina?

–Es un debate ineludible. Estamos en un momento de ampliación de derechos y de reconocimientos de derechos de diferente naturaleza, no podemos evitar hablar de la despenalización sobre todo después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No le correspondía a la Corte, según entendieron, ir más allá, pero dicen que la despenalización no es incompatible con la Constitución y los tratados que firmó la Argentina. En ese contexto, admitir que la reforma del Código Penal integral excluya la despenalización del aborto es un error. Y sobre eso vamos a trabajar las feministas. No pueden esconder un tema por dificultoso.

¿Por qué hay tanta resistencia después del fallo de la Corte a aplicar el aborto no punible?

–Porque no hay políticas públicas y las sentencias no tienen un efecto mágico. La Corte preveía que no iba a ser fácil transformar la práctica médica y por eso exhortó a los poderes políticos a tomar medidas activas que consideren la aplicación de protocolos de atención, y eso no sucedió o sucedió de manera dispar. Algunas provincias sancionaron protocolos, otras tenían protocolos más restrictivos y no sancionaron nuevos, y todo eso con el silencio del Ministerio de Salud de la Nación que –más allá de que no tiene responsabilidad directa– tiene un rol rector. Pero si dijera oficialmente algo en línea con la ejecución de la sentencia de la Corte sería de extrema importancia para ordenar a las provincias. La experiencia indica que siempre va a ser dificultoso y ése es uno de los motivos para ir por la legalización. En la Argentina, en la comunidad jurídica no hemos logrado transmitir con certezas cuando no es un delito, el Poder Judicial no nos ha ayudado y ahora que está la sentencia de la Corte sigue la incertidumbre, y no tenemos la ayuda de los poderes ejecutivos para aplicarlo ni de la comunidad médica.

¿Qué opinás del proyecto de femicidio que aprobó la Cámara de Diputados y ahora está en debate en el Senado?

–La Cámara de Diputados aprobó nuevos agravantes para el tipo de homicidio: amplió además del cónyuge a parejas y ex parejas, se agregó el odio por género. Pero lo que están trabajando ahora es un nuevo tipo penal autónomo de femicidio. El que mata a una mujer por su condición de mujer merece cadena perpetua. El tema es que los estándares de pruebas del derecho penal y las garantías del debido proceso indican que los delitos tienen que estar definidos de una manera precisa. El problema que se ha dado en Guatemala es que la descripción de femicidio es tan amplia que ocurre la paradoja de que la jueza cuya misión es aplicar la ley para evitar la violencia termina condenando por homicidio y no por femicidio. Hay que ser muy cuidadoso, porque puede no tener ningún efecto. Me parece bien que sea un agravante matar a tu esposa o a tu pareja, está bien ampliar los agravantes de una manera que sea consistente y razonable, pero hay que tener cuidado.

¿Puede generar una falsa expectativa?

–Claro. Si el objetivo es la prevención hagamos otras cosas, porque el Código Penal nunca previno la comisión de ningún delito y la prueba es el aborto. Hay 500.0000 abortos por año y es un delito. La amenaza de mano dura nunca sirvió para que bajaran los índices de criminalidad. Para el objetivo de prevención no es la herramienta adecuada. Para la condena más agravada con una definición precisa va a funcionar. Me parece fundamental tener mejor información sobre la violencia y el femicidio, pero crear un tipo penal para eso me parece innecesario. El ministerio fiscal de Perú creó un registro de femicidio antes de tener un tipo penal de femicidio. Creo que hay que ser cuidadosos y tener en claro cuáles son: el Código Penal, en ausencia de otras estrategias de campaña, no nos va a ayudar realmente ni en la prevención ni en la erradicación de la violencia.

¿Qué otros temas sentís que deben tener más lugar?

–La agenda de trabajo de ELA es una muestra de los grandes temas que nos parecen urgentes en la agenda por los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres (en sus diversas manifestaciones) y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos (entre ellos, el derecho al aborto) son temas prioritarios. Pero hay otros dos grandes temas que se vinculan estrechamente, que pueden parecer menos urgentes pero que son sumamente relevantes: por un lado, la participación de las mujeres en espacios de decisión, en la vida social y política del país. Las normas de cupo femenino para los cuerpos legislativos y el hecho de tener una mujer en la presidencia de la nación y en otros cargos políticos de suma relevancia, generan de alguna manera la ilusión de que nuestro país ofrece igualdad de oportunidades para las altas esferas de poder. Pero el relevamiento que hicimos en nuestro informe “Sexo y Poder: ¿Quién manda en Argentina?” muestra que las mujeres ocupamos sólo el 15 por ciento de los cargos de máxima autoridad en diversos ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. Por otro lado, la participación de las mujeres en el empleo, la conciliación del trabajo productivo y reproductivo y la existencia de políticas públicas que garanticen el cuidado para las personas dependientes de los hogares abordan temas fundamentales que tienen una repercusión directa en la vida de las mujeres. Las políticas públicas integrales de cuidado para todas las personas dependientes (y no sólo pensando en los niños/as más pequeños) requiere la articulación de los sistemas educativos y de contención social y los espacios laborales. Implica también el desafío de cuestionar la división sexual del trabajo en el interior de las familias y el modelo de sociedad que construimos.