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Recuperar la palabra es un camino difícil y personalísimo para cada mujer rescatada de una red de trata. Volver a hablar sin temor a los golpes, los traslados, las represalias. Salir a la calle libremente. Descansar. Elegir cuándo y con quién tener sexo. Para las personas que nunca estuvieron sometidas a servidumbre, es difícil imaginarlo. Para ellas, es trabajoso volver a ser libres. Decir lo que quieren. El miedo les queda pegado al cuerpo. Cualquier síntoma de descreimiento ajeno por lo que atravesaron en aislamiento y en carne propia resulta devastador. Es de suponer el esfuerzo increíble que significa entonces sentarse frente a jueces y juezas que investigan, muchas veces a su pesar, otras tantas con prejuicio y hasta molestia, las redes que las esclavizaron. En el juicio por el secuestro y promoción de la prostitución de María de los Angeles Verón, desde febrero de este año, desfilaron diez víctimas de trata que relataron sus padecimientos pero que declararon con precisión casi obsesiva dónde, en qué circunstancias y en qué estado habían visto a Marita. Lo hicieron delante de quienes señalaron como sus captores, sus violadores, delante de los proxenetas que, aseguraron, las mantuvieron cautivas durante años. Sin embargo, para los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal Nº 2 de Tucumán esos testimonios fueron insuficientes para probar que la hija de Susana Trimarco había sido secuestrada para permanecer cautiva en los prostíbulos Candy, Candilejas y El Desafío, de La Rioja, para luego ser vendida en España, para insistir con que su rastro sólo pudo perderse en un destino de trata y tráfico para explotación sexual. Aquí lo que podría convertirse en verdad de perogrullo: si las únicas voces que pueden atestiguar lo que ocurre en los prostíbulos son borradas, el delito continuará impune. Y las mujeres esclavizadas seguirán generando dinero para proxenetas, policías, jueces y políticos de turno.

“Intentamos explicarnos qué ocurrió en Tucumán. Es un juicio que llega muy tarde, en el que las víctimas son expuestas a relatar sus calvarios, y sus testimonios son desacreditados porque según los jueces no son prueba suficiente para juzgar a los acusados –dicen desde Sin Cautivas, la agrupación creada en Neuquén por las amigas de Florencia Penacchi, desaparecida desde el 16 de marzo de 2005–. El fallo de este tribunal es un monumento a la impunidad: ¿qué justicia pueden esperar las cientos de desaparecidas anónimas, provenientes de familias pobres, sin recursos ni acceso a medios y a abogados? Intentemos otra explicación: vivimos en un Estado proxeneta.”

Susana Trimarco trazó un camino: acusó a los jueces por corrupción y recordó el anónimo que recibió, y remitió a la Cámara, advirtiendo sobre sobornos de Rubén “La Chancha” Alé. En su alegato del 1° de noviembre, uno de los abogados que representan a Trimarco, José D’Antona pidió, justamente, que se investigara a Alé por el secuestro de Marita. Alé no estaba imputado en esta causa, pese a haber sido uno de los propietarios de la remisería Cinco Estrellas, cuyo logo se vio en el Fiat Duna Rojo desde el que se llevaron a Marita. Alé fue dirigente del club San Martín, y está señalado como uno de los responsables de las redes de prostitución y narcotráfico en Tucumán.

Hubo un punto recurrente durante el juicio oral y público que comenzó el 8 de febrero, y fue la complicidad política. La coordinadora nacional del Movimiento Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Raquel Vivanco, lo señala: “Creemos que efectivamente el fallo de esta Justicia tiene que ver con una presión importante del poder político. Durante el proceso del juicio se cuestionó la participación del ex gobernador de Tucumán, Julio Miranda. No nos extraña que la Justicia no pueda pensar a la hora de emitir sentencia cuál es la situación que atraviesan las mujeres sometidas sexualmente víctimas de trata y tráfico, cuando la propia Justicia está atravesada por una mirada machista y patriarcal desde siempre. Para la Justicia y el poder político, las mujeres somos ciudadanas de segunda”. Por eso mismo, D’Antona pidió en el alegato de la querella que se reabriera la causa por el secuestro y desaparición de Marita Verón para investigar al ex gobernador Julio Miranda, al ex secretario de Seguridad Julio Díaz y al funcionario judicial Ernesto Baclini, además de a Alé.

La psicóloga Patricia Gordon desmenuza la situación provocada por la absolución masiva desde una perspectiva concreta: “La trata o la explotación sexual tiene que ser analizada como un fenómeno multifacético. En primer lugar hay que tener en claro este eje o esta visión económica, donde lo más importante es el negocio, y si realmente se comprueban los delitos, hay cárcel y castigo, se termina un negocio para muchos, no sólo los proxenetas, sino muchas veces para políticos, policías y miembros del Poder Judicial que viven de este negocio”, apunta.

D’Antona calculó con pesar que, tras el fallo adverso del tribunal, “retrocedimos diez años en la investigación de la causa de Marita, pero creo que la democracia argentina también retrocedió diez años”. Hasta Cristina Fernández de Kirchner acusó el cimbronazo cuando habló en cadena nacional de la necesidad de “democratizar la Justicia argentina”. Lo dijo doblemente con conocimiento de causa, por abogada y por ser una de las voces principales durante la Constituyente de 1994 en plantear la necesidad de reformular el sistema judicial. El caso de Marita puso puro presente sobre pasado en momentos en que sobre la Justicia repercuten serios cuestionamientos. Los casos de María Ovando en Misiones, de Carla Figueroa en La Pampa y de Tatiana Kolodziey en Chaco son las muestras más recientes del despropósito judicial de los últimos tiempos.

Ese despropósito no es nuevo, pero hoy dejó de estar naturalizado. Por eso las marchas que se produjeron en todo el país para repudiar el veredicto. La coordinadora de la Coalición No a la Trata, Sara Torres, arguye que el veredicto de la Cámara es “inconstitucional, porque incumple el convenio internacional de 1949 contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, pero no se cumple”. Se trata, para ella, de “un problema grave para la democracia”.

Desde Tucumán, y todavía conmocionada por lo vivido el martes a la noche, la presidenta de Cladem Argentina, la abogada Adriana Guerrero, señala el contenido “patriarcal y machista” de la Justicia de su provincia. Recordó que en junio del año pasado uno de los integrantes de la Corte Suprema provincial, René Mario Goane, fue denunciado en el Inadi por sus expresiones públicas. El ministro de la Corte consideró que en los tribunales las mujeres dedican “menos tiempo” a su trabajo y que ingresan a la Justicia “para tener la tarde libre”. Aunque sea de manera anecdótica, pinta un estado de cosas. “En el juicio ha quedado al descubierto la red de trata en Tucumán, en La Rioja, toda la conexión de trata y de movimiento de mujeres en el norte del país, encontramos ese vínculo y están todos afuera. Hubo durante estos diez meses muchísimas mujeres y personas que dieron testimonio, animándose a poner la cara y el cuerpo nuevamente en este juicio y hoy todas las personas que ellas se animaron a denunciar están libres, han sido absueltas, lo cual las deja en una situación de indefensión”, apuntó la abogada tucumana. No las sorprendió: “Hubo una serie de manejos sospechosos. La Corte declaró un asueto el día anterior en Tribunales, extrañísimo, por desinfección. Se generó un clima para tratar de desmovilizarnos. Hubo un operativo policial desproporcionado para la cantidad y el ánimo de las personas que estuvimos ahí. Todos llorábamos, a nadie se le ha ocurrido provocar una situación violenta”.

Era de esperar que el fallo de la Cámara integrada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano golpeara duramente a las organizaciones que trabajan en el rescate de víctimas de trata de mujeres para explotación sexual. Desde Villa María, en Córdoba, la coordinadora de Vínculos en Red, Alicia Peressutti, se sincera: “Estoy asustadísima. Porque si en este caso, que es tan emblemático y tan mediático, los absuelven a todos, imaginate en los juicios que tenemos nosotras, que son todos a diez años. Tenemos muchas causas iniciadas, con una o dos testigos. ¿Qué va a pasar ahora con ellas? Les pedimos que atestigüen y después quién las va a proteger de estos atorrantes que salen sueltos. Me da mucho miedo porque si ante este caso la Justicia falla de esta manera, imaginate qué esperanza podemos tener con las demás causas”. Vínculos en Red trabaja en el rescate de víctimas, el acompañamiento y la denuncia en la ruta de la soja, en Córdoba.

Muchas causas son muchas. Parece una obviedad, pero debe recordarse la magnitud del “negocio”. En sólo nueve meses, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rescató a 572 víctimas en el país. Hasta marzo de 2008, cuando la novela Vidas robadas le dio carnadura a la historia de Marita Verón, la mayoría en la Argentina pensaba que la trata de personas era una fábula lejana. Fue Susana Trimarco quien escupió en la cara de la sociedad que había esclavitud sexual.

Y sólo las víctimas pueden develarlo. Los dueños no se autoincriminarán, los clientes no preguntarán, no les importa o acaso les importa más su propio pellejo. No es cosa de jugar a los héroes con chinitas que nadie conoce, como muchas veces escucharon los fiscales por declaraciones en medio de allanamientos. Las víctimas son las únicas que pueden reconstruir la trama. Y la enorme mayoría, en algún momento del relato, alude a policías, jueces, políticos, que además de ser clientes protegen a los propietarios. Por eso, lo más tranquilizador es ignorarlas.

La abogada Susana Chiarotti, experta consultora de la OEA en violencia de género, lo ve en esa perspectiva. “Las víctimas que testimoniaron haciendo un esfuerzo impresionante y superando el terror que les causa estar rodeadas de gente que puede ser cómplice de los proxenetas, van a quedar más desanimadas que nunca y va a ser más difícil después de este fallo conseguir testimonios, mujeres que se dispongan a perseguir proxenetas, que estén dispuestas a exponerse de la manera más brutal para después no conseguir nada”, reflexiona.

La desmentida entra a jugar dentro del mecanismo perverso, habitual en otra forma de violencia de género como es el abuso sexual infantil. De eso se trató la reacción de la Cámara Penal para la psicóloga marplatense Patricia Gordon, que trabaja en el Dispositivo de Acompañamiento y Tratamiento a las víctimas. “Lo que los jueces sostienen lo ubico en el lugar de la desmentida, que es un mecanismo psíquico perverso por excelencia. Se desconoce una realidad. Porque Marita está desaparecida, y eso es una realidad. Y ellos descaradamente dicen que las pruebas no son suficientes. Por otra parte, están todas las pruebas que son los relatos de víctimas que han estado en contacto con ellas. Se reconoce que Marita está desaparecida, pero se niega la realidad porque concluyen que no hay pruebas”, reflexiona.

Para la psicóloga, “lo esencial es que hay una cuestión de descreimiento, generalmente lo que se pone en duda es la palabra de la víctima, se invierte el sentido. Las víctimas pasan a ser victimarios y los victimarios pasan a ser acusados de algo que no cometieron”. Los efectos que provoca son duraderos. “Descreer intencionalmente u omitir lo que la víctima está diciendo conduce al mismo resultado, que es la perpetuación del delito”, subraya.

Es que la voz de las mujeres, para la Justicia, sigue siendo inaudible. Más inaudible cuanto más pobres. Así lo analiza Alvaro Herrero, doctor en Ciencias Políticas y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “Este es un delito en el que las víctimas son mujeres, y para el sistema de Justicia, la condición de mujer y pobre es doble agravante, como ocurrió con el caso de María Ovando. La intersección de clase social con género también es un indicio preocupante. Susana Trimarco liberó 115 mujeres víctimas de trata. ¿Cuántas fueron liberadas producto de la intervención estatal en Tucumán?” “El género es un elemento subyacente a partir del cual se actúa de otra manera: es la selectividad de la política criminal”, plantea el especialista, para trazar una relación que, a priori, no es transparente. “Pasa algo similar con la problemática del aborto. El Estado sale con todas sus fuerzas a perseguir a aquellas que abortan. ¿Por qué se sale con mucho más nivel de represión cuando se trata de personas pobres y mujeres? Durante el juicio por el secuestro de Marita Verón, los testimonios de las víctimas pusieron en evidencia la existencia de redes de trata y prostitución. Entonces hay que mirar la foto grande y hacer un replanteo profundo del funcionamiento de la Justicia.”

El martes próximo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia que otorgó la absolución a los 13 imputados en la causa, un texto de 600 fojas que a entender de José D’Antona sólo se trata de una dilación absurda, le seguirán probablemente el pedido de juicio político contra los camaristas Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano, “pero remarco que no será por la sentencia que pronunciaron el martes”, señala el abogado, “sino por todas las actitudes que asumieron durante el juicio, que a mi entender han sido delictivas. Hay incontables ejemplos, como el maltrato de mujeres, el maltrato de víctimas, situaciones de violencia frente a las cuales el tribunal no hizo nada, amenazas a testigos incluso con actuaciones de la Policía Federal. Tengo serias dudas de que a partir del pedido de juicio político, Herrera Molina y Piedrabuena pidan que se les otorgue la jubilación, el refugio de los jueces para sacarle el cuerpo a posibles condenas. Y le doy otro detalle imperdible: la secretaria de la Cámara, Norma Díaz Volachec, no se quebró durante la lectura del fallo, como pareció verse en los canales de televisión. En verdad, cuando logramos entrar a la sala junto con otro colega, el doctor Varela, vimos a Díaz Volachec tomada del brazo con los defensores de los imputados y diciéndoles ‘Va a estar todo bien para ustedes’. Se emocionó, sí, pero por favorecer a esos delincuentes”.

Susana Trimarco viajará la semana próxima a Buenos Aires para encontrarse con la Presidenta. Posiblemente las dos mujeres intentarán comprender cómo 55 expedientes, 140 testigos y 13 imputados pueden convertirse en polvo en cuestión de minutos. Ya se anunció que se apelará con un recurso elevado a la Cámara de Casación, aunque el intento siga su camino recién concluida la feria judicial, en los primeros días de febrero. Por ahora sólo queda soportar el hedor que dejó lo que muchas consideran "un fallo impresentable". Mabel Bianco es una de ellas. La titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) remarca que "ante el fallo vergonzoso que absolvió a todos los imputados de secuestrar y prostituir a Marita Verón no podemos quedarnos calladas y menos aceptarlo como algo normal. Este juicio permitió desnudar y hacer conocer a toda la población lo que muchas de nosotras sabemos sobre cómo operan estas redes de explotación en nuestro país. Sin embargo, no fue suficiente y este tribunal emitió este fallo declarando ‘no culpables’ a estos trece acusados y rechazando la propuesta de la fiscalía y también de la querella". Al fin, para Bianco quedó al desnudo que "el tribunal se expidió sin fundamentos dando muestras de cómo estos traficantes establecen redes corruptas con el poder y la justicia, cubriendo a los que bajo la apariencia de 'whiskerías' explotan a mujeres y niñas en forma impune. Este fallo es una muestra clara de la impunidad con que operan".