Por Sonia Tessa Desde Rosario

De aquella tarde lluviosa de febrero de 1994, Mirta recuerda su hemorragia. Se había puesto una sonda para interrumpir el embarazo y, cuando sintió que se moría, fue al hospital público, su último recurso. Como todas las mujeres en su condición, negó que se hubiera provocado el aborto. La médica, una residente, la presionó: “Si no me decís lo que hiciste, no te puedo medicar y te vas a morir”. Tenía 30 años y un inmenso dolor. Pensó en sus cuatro chicos que quedarían solos y le contó que había usado la sonda, de acuerdo con las instrucciones de una amiga. Mirta no se quedó callada, les pidió a los médicos que no la trataran mal, porque no era “un animal”. Al día siguiente, un policía la fue a buscar, tras la denuncia de la profesional que concurrió a la comisaría para acusarla de violar el artículo 88 del Código Penal, el que aplica hasta cuatro años de prisión a las mujeres que se provocan un aborto. Mirta salió un momento de la sala donde estaba internada y fue a contestar el interrogatorio. “No lo hice por gusto. Pero tenía cuatro hijos, el más chiquito de dos años. Estaba sin trabajo, y encima el padre se borró cuando se enteró de que estaba embarazada. No quería traer otro hijo al mundo para que sufra. Me sentía sola”, se justifica todavía ahora, casi diez años después, con más culpa que indignación contra la cadena de injusticias que la dejó indefensa frente a un Estado que penaliza en lugar de proteger.
Mirta es una excepción, porque los médicos de los hospitales no denuncian a las mujeres que asisten con abortos en curso. Es también la carnadura de los efectos de la circular reactualizada la semana pasada por el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Fernando Bondesío. Ese documento obliga a los profesionales de los hospitales provinciales a denunciar a las mujeres. Si bien el funcionario fue desautorizado por el propio gobernador Carlos Reutemann –que en tiempos de campaña electoral llamó a “tratar estos temas con mucho cuidado”–, el efecto de sus palabras es mucho más duradero que la decisión posterior de no enviar la orden.
Al igual que en el resto del país, los abortos en curso ocupan más del 30 por ciento de las camas en los servicios de ginecología y obstetricia. En uno solo de los hospitales de Rosario fueron la causa de cuatro muertes el año pasado. Son mujeres de escasos recursos, que no tienen dinero para pagar un aborto en clínicas seguras y los realizan en las peores condiciones sanitarias, exponiéndose a la muerte. Por el temor a la penalización, o a los malos tratos, muchas demoran hasta último momento la llegada al hospital. Y cuando concurren, deben ser atendidas en terapia intensiva, con grave riesgo para su vida.
Finalmente, Bondesío no remitió la circular con la obligación de denunciar, pero sí un comunicado donde reconoce que “es frecuente que al hospital público lleguen solicitando atención mujeres con complicaciones de abortos realizados en condiciones riesgosas, donde los profesionalesasumen la responsabilidad de intentar salvar esa vida”. La solución Bondesío es “que esa mujer sea luego derivada hacia el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, pero al mismo tiempo los profesionales deben saber que existen criterios consagrados por la Corte Suprema de Justicia Nacional y de la Provincia de Santa Fe que relevan al médico de su deber de secreto profesional para ampliar las consultas que se le formulen sobre el tema”.
En lugar de acentuar la prevención con el impulso al programa de salud reproductiva, el ministro desempolvó la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que en agosto de 1998 priorizó la obligación de denunciar antes que el secreto profesional. El máximo tribunal se expidió así en el caso Insaurralde y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo penal, que había rechazado la denuncia de la profesional por ser violatoria del deber de guardar el secreto.
Una vez difundida la ofensiva de Bondesío, los médicos de los hospitales públicos salieron a decir que seguirían sin denunciar. “Desde un punto de vista operativo, casi nunca podemos afirmar con certeza que el aborto fue provocado. Las mujeres no lo dicen y no existe una prueba objetiva para comprobarlo”, aseguró Walter Barbato, profesor de la Cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina de Rosario y jefe del servicio del Hospital Centenario. El profesional adelantó además su respeto del secreto profesional. Sólo en su hospital, se atendieron durante los primeros ocho meses del año 320 casos de abortos incompletos.
Barbato considera que la orden es inaceptable. “Si se pusiera en práctica, los médicos debieran ocupar en denunciar gran parte del tiempo, en lugar de destinarlo a sus obligaciones específicas”, afirmó.
Desde el Colegio de Médicos, la presidenta del Tribunal de Etica, Doris Bellman, asumió la misma actitud. “Además de impulsar la violación del secreto profesional, el ministro utilizó mal la nomenclatura. Cuando una mujer llega al hospital con un aborto en curso, todos los que se practican son terapéuticos, hayan sido provocados o no”, aseguró. La profesional, que trabaja desde hace 30 años en ginecología en un hospital provincial, consideró que “está absolutamente probado que la denuncia no evita los abortos provocados, sólo consigue que las mujeres lleguen más tarde a atenderse, con más riesgo para su vida”.
Desde la sociedad civil también llovieron los repudios contra la orden de Bondesío. Las dos direcciones electrónicas del Ministerio de Salud recibieron mensajes de profesionales, organizaciones de mujeres y organismos de derechos humanos que lo intimaron a retractarse, bajo la amenaza de denunciarlo ante organismos internacionales por impulsar una medida discriminatoria que vulnera el derecho a la salud de las mujeres.
“Esta es una reacción inmediata de la jerarquía católica después del Encuentro de Mujeres que generalizó el reclamo por la legalización del aborto”, fue la lectura inmediata de Marta Alaniz, de Católicas por el Derecho a Decidir. Justamente, el papel de las autoridades de la Iglesia Católica de la provincia no es público, pero sí contundente. Esa influencia explica la morosidad del gobierno en aplicar la Ley de Salud Reproductiva, presentada en 1997 por el diputado socialista Eduardo Di Polina y aprobada recién en el 2001. La legislación tuvo algunos traspiés hasta que el Ministerio de Salud de la Nación demostró la voluntad de impulsar esta política.
Cuando se aprobó la ley provincial y el gobierno debió ponerla en práctica, el propio Bondesío se reunió con el entonces arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, para pedirle instrucciones. A tal punto que la reglamentación incluyó la integración del consejo consultivo previsto por la ley con representantes de los arzobispados de Rosario y Santa Fe. El impacto público de la decisión política –sin fundamento, dado que el consejo convocaba a instituciones y profesionales expertos en saludreproductiva– obligó a Reutemann a dejar sin efecto la decisión. Eso sí, lo hizo después de la caída de Storni por las denuncias de abuso sexual contra seminaristas.
Los anticonceptivos que hoy se reparten en los centros asistenciales de la provincia fueron enviados por la Nación. Demoraron más de tres meses en llegar a destino, pero luego de la difusión pública del almacenamiento de 1000 dispositivos intrauterinos, el gobierno los distribuyó.
Cuando ingresó en el sistema de salud provincial, en 1970, Bellman tenía prohibido poner “anticoncepción” entre los motivos de consulta. Con los años, debió comprar ella misma los DIU para entregarlos a los pacientes. Por cuestiones administrativas, también se lo prohibieron, así que las mujeres con suficiente poder adquisitivo debían comprarlos en las farmacias. Ahora, recibió los insumos gracias al decidido impulso del Ministerio de Salud de la Nación.
Ese impulso no tiene correlato en las políticas del gobierno provincial. Barbato es uno de los integrantes del consejo consultivo del programa que se reunió una sola vez, a mediados de diciembre del año pasado. Los profesionales del área le plantearon a Bondesío los temas pendientes en la materia, pero luego no volvieron a ser convocados. “Además de repartir anticonceptivos, el gobierno provincial debiera promover la salud reproductiva”, consideró Bellman.
En 1994, cuando Mirta se hizo el aborto, no existían programas de salud reproductiva. Durante años recibió citaciones y deambuló por los Tribunales, hasta que el Juzgado Penal de Sentencia Número 6 archivó la causa, con la evidente decisión de no victimizarla aún más. Durante estos años, Mirta trabajó tres veces por semana como empleada doméstica en una casa de familia. No ganaba mucho, pero le alcanzaba para sobrevivir junto a sus cuatro hijos. Con la debacle económica, se anotó en el Plan Jefas y Jefes de Hogar, cuya contraprestación cumple en el centro comunitario del barrio. Mirta tiene ojos negros. Es menuda, con señales en su cuerpo de las dificultades diarias que atraviesa. Para entender sus condiciones de vida, no basta cruzar la vía de ferrocarril y llegar al frente de su casa, de ladrillos sin revocar. En la vereda, mientras mira pasar los autos por la Avenida de Circunvalación, casi donde termina la ciudad, Mirta aclara que no quiere hablar, que ya la molestaron bastante. “La jueza me aseguró que mi caso estaba archivado y que nadie podía volver a molestarme. En aquel tiempo vinieron los medios, me llegaron citaciones, y yo no quiero hablar, es algo muy personal”, asegura mientras mira el horizonte, decidida a dejar su historia en el lugar privado del que no debió salir. “Cuando escuché que se había armado todo ese lío por el aborto, pensé que me iban a volver a joder con el tema. Me acuerdo muy bien de todo, pero no quiero que me vengan a molestar”, agrega a modo de despedida.