“Mi cuerpo, mis derechos” es el nombre de la campaña global de Amnistía Internacional, que en la Argentina se concretó con la presentación de cinco mil firmas para que el Congreso trate, por fin, el proyecto para un aborto legal, seguro y gratuito. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, explica por qué la organización puso como tema prioritario en agenda una causa que –justamente– es sistemáticamente olvidada por el Parlamento nacional.

“A lo largo de la última década se han observado cambios importantes en el derecho internacional sobre el vínculo entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Los órganos de supervisión de los tratados internacionales, así como relatores especiales, han analizado el derecho de acceso al aborto y las restricciones permitidas, siendo sus conclusiones contundentes: las mujeres jamás deben ser sometidas a procesos penales, ni deben poner en riesgo su vida o su salud cuando necesiten interrumpir su embarazo.”

Belski también remarca: “En relación con Argentina, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha instado al país a adecuar su legislación en materia de aborto y ha emitido recomendaciones sosteniendo que la penalización del aborto es incompatible con los derechos humanos y con las obligaciones del Estado. En el mismo sentido se ha manifestado el Comité de los Derechos del Niño, que ha subrayado su preocupación sobre los efectos de las leyes que restringen severamente el aborto en el derecho a la salud de las niñas adolescentes. Así como el Comité contra la Tortura, que ha dicho que las leyes que penalizan el aborto deberían volver a evaluarse, ya que dan lugar a violaciones del derecho de la mujer a no verse sometida a tratos inhumanos y degradantes”.

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