Hasta que un juez de apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar a una acción colectiva, en las escuelas públicas salteñas se rezaba un Padrenuestro tras izar la bandera. Alumnas y alumnos quedaban enredados en prácticas tradicionales del catolicismo. Así, todas las mañanas las plegarias y las clases de religión dentro del sistema educativo público violaban temprano el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad de niñas y niños que no profesan el culto mayoritario. Algo similar ocurrió el martes con el asueto que el Gobierno de la Ciudad decretó porque consideraba que la asunción papal excedía “largamente el fenómeno religioso”. Cuán largo es el fenómeno se aprecia en los embates sistemáticos de grupos antiderechos frente a casos de abortos no punibles, en los amparos judiciales de asociaciones católicas contra el dictado de Educación Sexual Integral en las provincias, en las trabas manifiestas para la distribución de anticonceptivos de emergencia, en el calibre de algunas intervenciones agraviantes mientras fue el debate de la ley de matrimonio igualitario. Y esta semana redobló la apuesta en el reinicio del debate legislativo por la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, con los operadores eclesiales puestos a trabajar contrarreloj (Cristina quiere que la normativa esté lista antes del 25 de mayo) para modificar puntos clave referidos a fecundación, adopción, fertilización asistida, divorcio express y alquiler de vientres. Los hilos de la trama son complejos y de avance costoso: tironean a una sociedad expectante de ver cumplidos sus derechos y necesidades, pero rehén de una Iglesia intervencionista, como definió el sociólogo Fortunato Mallimaci en una entrevista para este diario. “No es un tema de oficialismo u oposición: la política en América latina no se piensa autónomamente de lo religioso, se piensa cómo cada uno hace suya una parte de lo religioso, en especial con la Iglesia Católica.”

ZONA LAICA

El Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (Ilec Argentina) difundió esta semana un comunicado que estimó “poco oportuno y conveniente (...) declarar el asueto escolar en todas las escuelas públicas de la Ciudad con motivo de la entronización del electo papa Francisco. Más allá de la importancia que en los considerandos de la resolución ministerial se pretende conferir al suceso mencionado, la escuela pública argentina fue pensada y creada como una institución prescindente de toda cuestión confesional”. El Ilec definió como un “acto gubernamental desatinado” lo que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) consideró directamente inadmisible a través de un reclamo que envió al Gobierno de la Ciudad, por considerar que el asueto “violó el principio de neutralidad religiosa del Estado y los derechos de todos los habitantes a la educación laica y a ser tratados igualitariamente, sin ningún tipo de discriminación por motivos religiosos”. Para su director ejecutivo, Alvaro Herrero, “se traspasó la línea que separa Estado de Iglesia en una reacción desproporcionada y Mauricio Macri dio una señal muy clara de cuál es para él la gravitación de la Iglesia en el Estado”, aun cuando la educación laica está claramente establecida en los términos de la Constitución porteña. ¿Dónde está la trampa, entonces? “En la tremenda presencia de la Iglesia Católica sobre las políticas públicas de todo orden, en su estrategia territorial militante en espacios donde no debería estar presente. Controla pabellones enteros dentro de las cárceles, está en los hospitales, en los centros de salud barriales. Incide en los derechos sexuales y reproductivos, en la enseñanza y la práctica de ritos religiosos en escuelas públicas de algunas provincias, como Salta”, donde el organismo presentó un recurso de amparo que espera definición en el Supremo Tribunal provincial.

SOBERANIAS SIN CRUCES

Cuando la semana pasada concluyó la 57ª Sesión de la Comisión de la Mujer de la ONU, su directora ejecutiva, Michelle Bachelet –que abandona el cargo para volver a la arena política de Chile– consensuó un documento con las representantes regionales de América latina y el Caribe donde se expresa la necesidad de que prime la soberanía de los países por sobre los aspectos de índole religiosa. El femicidio como factor de violencia contra mujeres y niñas, el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, y el aumento de vulnerabilidad al VIH de las víctimas de violencia, entre otros puntos. Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y una de las presentes en el encuentro de Nueva York, pidió que lo aprobado “no estuviera supeditado a aspectos religiosos o pautas culturales. Los derechos humanos son indivisibles y en los estados laicos deben ser respetados”.

Por cierto, el andar no es sencillo. Se recuerda con imagen casi caricaturesca las concentraciones de los llamados “naranjitas” en varias ciudades del país durante los debates extenuantes en el Congreso por la ley de matrimonio igualitario, manifestándose en grupos organizados por la comisión de laicos de la Conferencia Episcopal Argentina junto con sectores del islamismo, el judaísmo ortodoxo y de las iglesias evangélicas. Apelaban a la recolección de firmas contra la iniciativa, acompañados por niñas y niños vestidos con prendas que exhibían el eslogan “los niños queremos mamá y papá”. El gesto más crudo lo encabezó el entonces cardenal Jorge Bergoglio con la publicación de una carta a las hermanas carmelitas, donde caracterizaba la norma como “un plan del demonio” para destruir la República Argentina.

Bianco reconoce que, en ocasiones, la falta de capacidad de la jerarquía católica para saber leer el momento social y político de la Argentina es un factor de riesgo. “Sin embargo, tenemos que seguir esclareciendo que todas y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No podemos aceptar presiones, hay que explicar hasta el cansancio. A esta altura, es la única manera de que la superioridad de la Iglesia entienda”.

Al calor de la historia que antecede, es poca la uña de guitarrero que se le ve a una jerarquía que siempre se opuso a las ampliaciones de derechos. Las pujas por derribar la ley de divorcio durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el deseo del obispo Antonio Baseotto de colgar una piedra al cuello del ex ministro de Salud Ginés González García y arrojarlo al mar, por el diseño de protocolos de atención en salud sexual y reproductiva; el rechazo purpurado a la designación de Carmen Argibay en la Corte Suprema por sus pronunciamientos favorables a la interrupción voluntaria del embarazo son pinceladas gruesas de un mismo cuadro.

Herrero agrega al listado aquellos “beneficios que no se tocan” en el Código Civil. “Ni aun en el reformado.” Se refiere al apoyo estatal y económico a la educación confesional, los sueldos de obispos, seminaristas, párrocos y capellanes, las asignaciones mensuales y vitalicias, la exención de impuestos. “¿Cómo terminar con tantas prerrogativas?”, se pregunta. “Sería interesante abrir un debate legislativo que plantee una ley de Estado laico. También podría reglamentarse el artículo de la Constitución nacional que aplica al sostenimiento del culto católico, y que se estipule con precisión los alcances y limitaciones de ese sostén.”

DEMOCRATIZAR LA CURIA

En su editorial del domingo último, Mario Wainfeld observaba que “la regresión, cuya primera área sensible podría ser la lucha por los derechos humanos, tiene tierra sembrada desde el vamos. Enlaza con la aciaga tradición local. Subsiste en muchos gobiernos provinciales, muchos de ellos de la escudería K. Se nota en las áreas sociales, educativas y de salud. Se palpa en la dificultad de aplicar el fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible”. Otras voces, como la de la legisladora porteña María Elena Naddeo, toman estos conceptos para hacer eje en la necesidad y urgencia de que “la Iglesia Católica, como institución milenaria, atraviese un proceso de democratización importante, porque muchos de sus principios constitutivos resumen viejos postulados del patriarcado”.

Naddeo, que encabeza la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura, sale a cuestionar “la prohibición de que las mujeres ocupen cargos eclesiásticos. Es un tema que requiere actualización y revisión desde el punto de vista institucional, teológico y filosófico. También debería discutirse la problemática del celibato. Las denuncias y escándalos por casos de abuso sexual dentro de la Iglesia tienen que ver con una visión clandestina de la sexualidad, porque el celibato obliga a ocultar la sexualidad y empuja hacia prácticas de abuso con niños de corta edad, un delito gravísimo”.

Pero el norte del asunto, a su entender, consiste en “ratificar la necesidad de un Estado que esté por encima de las distintas religiones. Y nos debemos una legislación que establezca claramente la división Iglesia-Estado y que, al mismo tiempo, aliente a una Iglesia que quiere estar vigente a que se acerque a un debate sobre su democratización interna. Que participe en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los sectores de la comunidad gay. Son las grandes asignaturas pendientes”.

En una sociedad que se manifiesta católica en un 75 por ciento, precisa la legisladora, “y que al mismo tiempo va más allá de lo que las estructuras eclesiales establecen, más que abolir hay que modernizar y reconstruir y apelar desde el Estado a un diálogo con todas las religiones. Pensar un proceso de reformas y de transformación con una postura constructiva”.

La diputada nacional Adela Segarra (Frente para la Victoria) cree que el Estado “tiene que apuntar a su propia construcción, garantizando los derechos de las personas con autonomía de la Iglesia”. Enumera algunas responsabilidades: “La de un Estado responsable por su condición de laico, preferencial a cualquier otra religión, y la de una Iglesia que en su opción preferencial por los pobres tome la decisión de acompañar al Estado en los procesos de mejoramiento y debate de esas realidades”.

Segarra, que integra el Frente de Mujeres Nacional y Popular, presentó junto con María Luisa Storani (UCR) y referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) y que el año pasado contó con la firma de 47 diputados y diputadas nacionales. En su artículo 1, la iniciativa establece que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”. Podría agregarse sin objeciones religiosas de ningún tipo. “La interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública. Considero, por supuesto, que es un problema que la Iglesia como institución se manifieste en contra de este derecho de las mujeres, pero el debate está instalado en la sociedad, y no veo ningún obstáculo para que se siga debatiendo y avanzando.”