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Cuando la pareja de Ana Fernández se acercó pidiéndonos colaboración para hacer pública la trampa que vulnera los derechos de su familia entendí que estaba ante un caso de violencia de género. Si bien la urgencia está dada por la situación del bebé de ambas (alojado en el pabellón para madres de la cárcel de Ezeiza, que espera el beneficio de prisión domiciliaria que deberían otorgarle a su mamá), el debate de fondo pone de manifiesto que el sistema judicial mantiene componentes sexistas y conservadores.

La aplicación discrecional y discriminatoria de un beneficio que pretende resguardar los derechos de un niño de 9 meses nacido en el seno de un matrimonio de personas del mismo sexo pone en evidencia la discriminación a la que se encuentra expuesta una madre por ser lesbiana.

El arresto domiciliario es un beneficio pensado para evitar que la cárcel se convierta en una pena cruel que afecte irreparablemente a grupos de riesgo, en este caso, a los hijos/as de las personas que se encuentran detenidas.

Sin embargo, a Ana María Fernández, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, condenada en la causa por el incendio de Cromañón a 3 años y 6 meses de prisión, que se encuentra amamantando a su hijo de nueve meses, la Justicia le negó la prisión domiciliaria con el pretexto de que el niño cuenta con otra madre.

La presentación de la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo que solicita dicho beneficio, sostiene que la existencia de “otra madre” aludida por el Tribunal para no otorgarlo “puede interpretarse que implica un trato discriminatorio en razón de la condición sexual de las cónyuges. Una madre unida en matrimonio con otra mujer no puede tener menos derecho al arresto domiciliario que el que posee una madre casada con un hombre”, y menciona que “el vínculo privilegiado entre una madre y su hijo recién nacido no es susceptible de ser suplido por otro tipo de relación sin afectar la calidad de vida del niño”.

La situación de discriminación es elocuente; las nuevas leyes han sido un gran avance en el reconocimiento de derechos, pero son un nuevo punto de partida. Desde las organizaciones, los partidos políticos, los sindicatos, los espacios comunitarios, académicos y profesionales, las mujeres debemos seguir organizándonos para no retroceder y hacer efectivos los derechos ganados.

Después de pasar por diversas instancias judiciales y habiéndosele denegado por los tribunales y cámaras respectivas, Ana María, su compañera y su bebé, esperan la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La intención es que no se sientan solas. Así surgió la iniciativa de promover esta campaña de firmas pluralista acompañando la petición de la abogada laboralista feminista Nina Brugo, de urgente prioridad de tratamiento en esta causa.

* Legisladora porteña por Buenos Aires para Todos