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Para Matilde Bruera, igual que para muchos integrantes de “Justicia legítima”, el reclamo de democratización de la administración de justicia –término que aclara como integrante del Ministerio Público de la Defensa– es añejo: cuando la democracia renacía con todas sus instituciones en debate, participó del movimiento que solicitaba la remoción de los jueces que hubieran jurado por los estatutos impuestos por la Junta Militar. Aquella iniciativa no se concretó, pero ella cree que un germen terminó de coagular el 28 de febrero pasado, en el Encuentro de la Biblioteca Nacional, en el que fue una de las oradoras. Como titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, incorporó la perspectiva de género en su programa aunque la mayoría de los profesores no eligen esa propuesta. “Es tan prejuicioso el sistema penal que los prejuicios se van reproduciendo hasta con leyes que pretenden despejarlos y uno de esos ejemplos es la ley de trata. Porque es impresionante la cantidad de mujeres que han sido criminalizadas”, dice la defensora general de Rosario, que accedió a su cargo por concurso en octubre de 2004. Por eso cree que sólo una reforma estructural puede garantizar el acceso igualitario de la población a la Justicia. Entre sus premisas de trabajo cotidiano, la primera consiste en revistar los procedimientos policiales para salvaguardar el derecho de sus defendidos, pero también para detectar los núcleos de corrupción que siempre –con apariencia de accidente, claro– dejan intactas las redes delictivas. Y entender que la mayoría de los imputados son víctimas de una cadena de injusticias sociales. Aunque admite que la discusión cotidiana en los distintos ámbitos de la administración de justicia se ha puesto “álgida”, también se alegra porque hay debate, porque si no, “nunca se discutía nada”.

Cuando era una abogada en ejercicio de su profesión, y siempre militante en distintas expresiones políticas y gremiales de la izquierda, participó en las causas de derechos humanos en nombre de las víctimas. Entonces, eran juicios por la Verdad. Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, esos procesos se reabrieron con persecución penal, pero ella había representado muchas querellas y se excusó de ejercer personalmente el derecho constitucional a la defensa que tienen los represores. En cambio, desde que asumió, presentó recursos de inconstitucionalidad en todos los casos de tenencia de drogas para uso personal de los que participó. Una de sus presentaciones, el caso Villacampa, estuvo en estudio de la Corte Suprema que luego prefirió expedirse sobre el famoso caso Arriola.

¿Cómo fue la decisión de sumarte a “Justicia legítima”?

–Tiene que ver con mi historia personal de militancia, siempre en el ámbito del derecho y de la Justicia. Esta lucha la viví cuando era joven, a finales de la dictadura y principios de la democracia. En aquel momento pedíamos la depuración del Poder Judicial. La historia es conocida, no pudo lograrse y bueno... acá estoy, cuando aparece un movimiento dentro de la propia Justicia en otros términos, porque han pasado muchos años de democracia, pero con un reclamo muy similar como es la democratización y la denuncia de las deficiencias de la administración de justicia y de la falta de respuesta a los derechos más importantes de las personas. La convocatoria de la Biblioteca fue espontánea, pero pudo darse porque hay una base de construcción de un movimiento a favor de la justicia y de los derechos humanos que tiene muchos años de maduración en la Argentina.

El movimiento nace en un contexto político, y poco después la Presidenta envió al Congreso las seis leyes para la democratización de la Justicia. A vos, que no sos kirchnerista, ¿te provoca algún tipo de incomodidad?

–Todas mis posiciones políticas han sido siempre públicas. Todo lo que apoyo del modelo kirchnerista es público, así que no me molesta para nada. A mí me pareció muy bueno que desde un poder político, desde el Ejecutivo, se tome esta iniciativa de transformación de la Justicia, que además es un reclamo social porque es lo que vemos todos los días por televisión, que la gente le grita a la Justicia, les patea la puerta a los jueces, les quema la puerta a los fiscales, etc. En realidad, ése es un reclamo que no se tramita de otra forma.

¿Creés que las leyes aprobadas y en trámite de aprobarse mejorarán la administración de justicia?

–Toda la iniciativa, independientemente de los intereses políticos de los que es imposible sustraerse en cualquier administración, pero indudablemente todos los proyectos que se han presentado son bienvenidos y por supuesto que son para ser sometidos a discusión y perfectibles. En mi opinión es muy buena la reforma del Consejo de la Magistratura, porque la selección de los consejeros por el voto popular me parece una de las metodologías más democráticas. De aquellos que se escandalizan yo no he escuchado las mismas críticas cuando los jueces los elegía el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Eso sucedió toda la vida hasta la reforma constitucional de 1994. Creo, eso sí, que todas estas leyes merecen un profundo debate y el ámbito de “Justicia legítima” es un ámbito para hacerlo.

¿Las considerás insuficientes?

–Seguro, seguro. Por ejemplo, la legislación de las cautelares, con las reformas que han propuesto la Defensoría General de la Nación y Horacio Verbitsky, se ha transformado en una ley mejorada. Por supuesto que esto es un comienzo, en realidad una transformación de la administración de justicia requiere... por eso yo digo que es un ámbito de debate. Esto recién empieza y lo que hay que generar es un ámbito de debate y de apoyo a la transformación de la Justicia para que pueda ser realmente profunda.

Justamente, en la Biblioteca te referiste a la necesidad de modificar los Códigos de Procedimientos...

–Una de las reformas legislativas fundamentales que requiere el proceso de democratización de la Justicia es tratar, legislar y sancionar los códigos de Procedimiento Penal y Civil, incluso el Código Penal y Civil que están en el Congreso y que deben ser debatidos, tratados, aprobados y sancionados. Si bien con esa nueva legislación no se soluciona todo, porque como decíamos antes, hay un problema estructural, sin esa nueva legislación es imposible democratizar la Justicia. Es urgente y esas leyes ya están en el Congreso. Eso urge.

¿Por qué es tan urgente?

–Porque regula cómo se llevan adelante los juicios, cómo se juzga a una persona o cómo se defiende a una persona. En lo civil, cómo se tramita un derecho. El Código de Procedimiento Civil es lo que genera las cautelares, porque es tan lento, tan oscuro, tan escritural, que los jueces no resuelven nunca. Trabajar con herramientas del siglo XIX no puede llegar nunca a democratizar la Justicia. Nosotros tenemos un Código Penal que está prácticamente derogado por los tratados de derechos humanos, que tienen vigencia constitucional y fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia, y estamos todos los días peleando la vigencia de los tratados. Entonces, hay que legislar el nuevo Código, para que no tengamos que discutir más lo que ya está discutido y decidido, que los jueces se ajusten al nuevo Código.

¿Cómo es en el ejercicio cotidiano recibir en la defensa pública a aquellos que persigue el sistema penal?

–El eje de la reforma judicial es el acceso de todas las personas a la Justicia. Yo siempre digo que la Defensoría es como el hospital público en muchos sentidos. El sistema penal persigue a las víctimas y en realidad la mayoría son las víctimas de determinadas problemáticas sociales. Por ejemplo, en narcotráfico, los que van presos son los consumidores, o los consumidores que para proveerse venden, o si no el último eslabón de la cadena. Siempre es así y las que se entregan son las personas más desprotegidas. En una organización criminal, al que entregan es el que pone la cara, y a muchas de estas personas perseguidas criminalmente yo creo que habría que tratarlas como víctimas. Por ejemplo, a los chicos o jóvenes que tienen encerrados en los bunkers de droga. Esos chicos son víctimas de trata, no son personas para criminalizar. En lugar de rasgarse las vestiduras con otros temas, que parecen más atravesados por cuestiones morales que por otra cosa, éstos son casos graves de trata de personas, la explotación de jóvenes en esos ámbitos. De jóvenes o no tan jóvenes.

O sea que ese aspecto de la ley de trata, pensado más para el tema de los prostíbulos, vos lo aplicás a esa problemática.

–En realidad, la ley no está destinada sólo a los prostíbulos. Porque es tan prejuicioso el sistema penal que los prejuicios se van reproduciendo hasta con leyes que pretenden despejar esos prejuicios, y uno de los ejemplos es la ley de trata. Porque con la ley de trata es impresionante la cantidad de mujeres que se han criminalizado y con criterios de discriminación de género, por lo menos los casos que yo he tenido, porque normalmente una de las personas que van penalizadas con la ley de trata es una mujer, la llamada madama o regenta del prostíbulo, que está al frente del establecimiento. Obviamente, la historia de la mayoría de esas mujeres es la historia de una mujer que de joven ha sido violada, maltratada, tratada y todo lo que vos quieras y de vieja, como ya no sirve más como prostituta, termina su vida de profesional entre comillas, ejerciendo esa función. Y toda esa historia que también es discriminatoria, porque ella llega ahí por una historia de discriminación y de vida, no se la lee a ella como víctima de trata. Yo tengo una defendida que estaba en esa situación, que fue criminalizada y condenada con una pena altísima, en la provincia de Santa Fe, y nadie quiso... los jueces no hicieron lugar al planteo de que era una víctima de trata. Y así el delito no hubiera sido punible. Como todo el sistema penal. A mí lo que me llama la atención es que con leyes que pretenden despejar prejuicios, se reproduzcan los prejuicios.

¿Hay otras leyes en las que hayas notado estas lógicas?

–Por ejemplo, en la ley que estableció la prisión domiciliaria para las mujeres que tienen hijos pequeños. Nosotros utilizábamos el principio de los derechos del niño y pedíamos la prisión domiciliaria aun antes de que saliera la ley, pero cuando sale la ley, se le pone un límite de cinco años. O sea que si el niño tiene siete, parece que no tuviera más derechos. Pero además, se reproduce la discriminación de género porque los jueces hacen un análisis de si la que hace el pedido es buena o mala madre. Lo primero que averiguan es si la madre tenía los hijos a su cargo o cómo trataba a los hijos o qué tipo de madre era. Entonces, desde una ley que pretende despejar la discriminación de género y proteger los derechos de los vulnerables como son los niños, se reproduce una discriminación, se agrava, porque se toma este viejo concepto que nace en Inglaterra con el delito de infanticidio, el concepto de buena o mala madre.

¿Y en la cotidianidad del funcionamiento judicial, las funcionarias viven discriminación de género?

–Eso está vigente, como en toda la sociedad. Para despejar la discriminación no sólo de género, sino hacia los empleados en general, esas relaciones de poder, son importantes los ingresos por concurso. Porque cuando el nombramiento de un empleado o la designación depende del juez, o en mi caso, de la defensora, el poder que se ejerce sobre los empleados es mucho más avasallador, porque es: “Te nombro o no te nombro. Estás por contrato y si no me cumplís, no te pido la efectividad”. Entonces, eso también lleva a cuestiones de género bastante complicadas y ha habido algunas situaciones difíciles. Cuál es la relación con las empleadas mujeres en ese ámbito para ingresar o permanecer en el Poder Judicial, eso sí tiene connotaciones de género.