“Acá también van a venir a matarnos, como hicieron con los del Borda, díganlo, van a venir y ¡pum, pum! nos van a matar; y de nosotras nadie habla porque somos mujeres”, asegura a Las 12 una paciente que camina por los jardines del Moyano bajo la llovizna, fumando incansablemente y con visible angustia.

Tránsito Fernández, enfermera y supervisora del psiquiátrico desde hace 28 años, explica que a partir de la represión del 26 de abril ejecutada bajo las órdenes del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, “nuestras internas tienen ataques de pánico, trastornos agudizados; quedaron alteradas, muchas son ambulatorias y fueron al Borda cuando escucharon los tiros y los gritos y volvieron mal, vieron todo...”. “Cómo puede ser, a nosotras nos llaman locas, pero los locos son ellos”, nos dicen. “Después hubo que acompañarlas para que pudieran viajar a sus casas, por acá ni colectivos pasaban por los tiros que disparaban esos desgraciados. Pero por supuesto de esto no se supo nada, el Moyano no existe para nadie.”

Según las empleadas consultadas y lo informado por Fernández, quien además es secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el hospital: “Acá hace poco vino de visita la señora Vidal, la vice de Macri, pero no a ver a las pacientes ni a ocuparse de las condiciones del hospital y de sus trabajadores, sino a codiciar y evaluar las tierras que ellos quieren seguir usurpando. Entró escondida, igual que el 26 de abril en el Borda, las pacientes la descubrieron, están enfermas pero de tontas no tienen nada, nos decían ‘enfermera, enfermera, está la Vidal acá’. Quisieron saludarla porque son seres humanos normales, la ven en la tele. Se le acercó una paciente y ella la empujó, pegó un grito: ‘¡No, que no me toquen!’, y llamó al chofer para que la sacara inmediatamente de aquí. Ignorancia y falta de calidad humana. Lo único que les interesa de este lugar es avanzar para continuar con el gran negocio inmobiliario Puerto Madero, Altos de Barracas, pasando la topadora por los hospitales Moyano y Borda, por los Talleres Protegidos, por el Muñiz, por el Gastroenterológico Udaondo y por todo lo que les obstaculice el negocio de la zona Sur ‘olvidada’, como dicen ellos.”

Desmantelamiento y desamparo

Recorriendo los diferentes complejos, el abandono, la clausura y el estado deplorable de muchos de ellos es evidente. Los dos grandes pabellones Bosch están cerrados por una orden judicial porque no están en condiciones de ser habitados. Los tres complejos Riglos y el San Juan, tras la caída de mampostería que hirió a una enfermera, fueron clausurados judicialmente. Nunca se realizó un presupuesto para su reacondicionamiento y por lo que sabe el personal, no existe la menor intención de reabrirlos.

Los Consultorios Externos no tienen gas, las paredes están profundamente agrietadas al igual que muchos de los techos, no funcionan los baños y la temperatura ambiente se asemeja a la de una cámara frigorífica, a pesar de que en el exterior hay más de veinte grados. Ahí se asisten por día entre 300 y 400 pacientes en tratamiento ambulatorio. La unidad carcelaria que había en el predio de Moyano fue trasladada a Ezeiza, y el edificio quedó desocupado y en buenas condiciones, por lo que trabajadores y profesionales solicitaron al gobierno del Macri que los Consultorios Externos fueran trasladados a esas dependencias, pero permanecen cerradas con candados y nunca obtuvieron respuesta. “Está muy claro –dice un hombre de maestranza que pide no ser identificado–, que lo que quieren es deteriorar esto más y más para poder pasar la topadora y terminar con el hospital.”

En medio de este panorama, cientos de mujeres deambulan por instalaciones vetustas, heladas, con mobiliario deficiente y falta de elementos básicos. En las salas de espera sin bancos hay pacientes envueltas en mantas, recostadas contra las paredes, en el piso. Médicos, psicólogas, terapistas, no quieren hacer comentarios ni proporcionar sus nombres y circulan por los edificios abrigados como para visitar el polo sur.

Las mismas carencias se replican en la falta de personal: en Servicios Generales y mantenimiento hay 12 empleados para cubrir las 17 hectáreas del predio. Hay 33 enfermeras para la atención de todas las pacientes y existe una orden judicial no cumplida sobre la obligación de incorporar ocho enfermeras más.

“Lo único que queríamos es que no destrocen esos talleres porque allí se rehabilitaban nuestros pacientes hombres y mujeres para reinsertarse en la sociedad, ahí se hacía zapatería, carpintería, talabartería, un montón de oficios. Y no es como dice el PRO que los talleres no están adentro del Borda, eso es una mentira inmensa. Acá hay miles de cosas faltantes, pero los trabajadores tratamos de que esas carencias influyan lo menos posible en los pacientes. Pero vinieron a romper todo, la prueba está en que la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, bajó una orden al director del Borda para que los jefes de servicio nos hiciéramos cargo de contener a los pacientes adentro de los pabellones. Es la clara muestra de que estaba planificado el choque que vinieron a provocar, querían derribar de cualquier manera el Taller 19, con la señora Vidal a la cabeza del operativo y las topadoras. Para eso no tiene miedo...”

El Moyano cuenta con una triste historia de denuncias ante la Justicia por malos tratos, abandono y abusos sexuales a pacientes, las más recientes en el tiempo datan de 1999 y 2013. Sobre ellas no se conoce sentencia y apenas son mencionadas entre líneas en algún medio poco masivo cuando ocurren. Tránsito Fernández dice “son mujeres discriminadas, abandonadas de la mano de Dios, no le interesan ni a los políticos porque no votan...”.

Ley de Salud Mental y Prisma

El centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuenta con un equipo de Salud Mental que se ocupa de abordar problemáticas vinculadas con las políticas públicas. La licenciada en psicología Macarena Sabin Paz respondió a algunos de los interrogantes que plantea la situación de los neuropsiquiátricos y de sus pacientes mujeres.

¿Las mujeres con padecimientos mentales sufren vulneraciones adicionales por una cuestión de género?

–Por el momento la agenda equipo de salud mental no realiza un trabajo específico sobre la situación de las mujeres con padecimientos mentales. Sin embargo, en el marco del seguimiento que hacemos a la implementación del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) pudimos observar que las mujeres se encuentran en peores condiciones que los hombres. El programa evidencia un avance en la situación de estos últimos y retrocesos para las mujeres.

¿Qué es el Prisma y cómo funciona?

–El Prisma es un programa creado en 2010 para alojar a personas con padecimientos mentales en conflicto con la ley penal en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. El trabajo interministerial implica que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad. Se creó con el compromiso inicial de brindar una atención en salud mental que primara sobre la lógica coercitiva propia del sistema carcelario y adaptar progresivamente las prácticas a la ley Nº 26.657. El tratamiento para personas con declaración de Inimputabilidad (artículo 34 del Código Penal de la Nación) debería ser de carácter civil e implementarse en un espacio fuera de la órbita carcelaria. Sin embargo, en la actualidad las personas inimputables también se encuentran en la órbita del SPF. De hecho, todos los tratamientos se llevan adelante en unidades carcelarias de máxima seguridad ubicadas en Ezeiza, con claras diferencias de implementación entre hombres y mujeres.

Teniendo en cuenta el esquema interministerial, ¿quiénes están a cargo del Prisma?

–El Prisma está bajo la responsabilidad conjunta de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Nación, y la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación. Aunque inicialmente se planteaba un esquema de abordaje articulado, hoy el trabajo entre ambos ministerios se fragmentó por dispositivos. Los de evaluación y tratamiento (tanto de hombres como de mujeres) están a cargo de personal del Ministerio de Justicia, que trabajan juntamente con personal del Servicio Penitenciario Federal. Solamente el programa de egreso cuenta con personal de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Antes de la creación del Prisma, las mujeres estaban alojadas en un pabellón del Hospital Moyano y los hombres en el Hospital Borda. ¿Cómo fue ese pasaje?

–De las entrevistas que tomamos, las mujeres refirieron no haber sido informadas con suficiente antelación, fue muy repentino. Para muchas significó un traslado violento. Sobre todo para las que fueron a la Unidad Nº 3 del SPF, conocida por ser una cárcel femenina muy violenta. La diferencia radica en que los hombres se encuentran en un espacio reacondicionado de un hospital general que hace años se construyó dentro del Complejo Federal Nº 1 de Ezeiza (cárcel de máxima seguridad del SPF). Las mujeres, sin embargo, fueron trasladadas a pabellones comunes de la Unidad Nº 3, también en Ezeiza, a pocos metros del Complejo Nº 1. Inicialmente el programa representó una oportunidad para mejorar las condiciones de estas personas, pero su implementación presenta algunos obstáculos que nos preocupan. Sobre todo la situación en la que se encuentran las mujeres.

¿Cómo es la situación edilicia para las mujeres y los hombres?

–Los hombres poseen habitaciones individuales amplias, un espacio de uso común y tienen un jardín. En cambio, el equivalente para las mujeres nada tiene que ver con esa estructura. Se alojan en pequeñas celdas con poca luz y ventilación, con letrinas antihigiénicas.

¿Los y las pacientes cuántas horas de encierro tienen? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres?

–De las veces que hicimos visitas, observamos que las mujeres tienen más horas de encierro, a pesar de que todos están casi todo el tiempo en sus celdas.

¿Cuántas mujeres están en Prisma en la actualidad y en qué condiciones se encuentran alojadas?

–Son ocho las mujeres que están alojadas en celdas individuales. A diferencia del espacio en que se encuentran los hombres, son muy pequeñas y no tienen sanitarios propios. Para hacer sus necesidades tienen que llamar a la guardia que cuida el pabellón. No tienen médica psiquiatra en el pabellón. Inclusive, durante el fin de semana no hay médicos psiquiatras en toda la Unidad Nº 3. Si alguna mujer tiene una crisis, la primera contención es realizada por la enfermera penitenciaria, hasta que llega el médico de Prisma varones que está en el Complejo Nº1. Es decir, las mujeres no solamente poseen menos beneficios, sino que también todo les llega más tarde.

¿Cuáles podrían ser las razones de estas diferencias?

–Creemos que las mujeres están sujetas a formas adicionales de vulneraciones propias del género. En líneas generales no hay diferencias entre las condiciones edilicias en las que se encuentran las mujeres alojadas bajo el Prisma y el resto de la población carcelaria femenina de la Unidad Nº 3. Las mujeres privadas de la libertad que sufren padecimiento mental tienen necesidades adicionales y requieren que se prioricen las condiciones para su tratamiento en salud por sobre la lógica coercitiva del sistema penal. Las personas con problemas de adicciones y con discapacidad intelectual no quedan incluidas, y son la mayor parte de la población carcelaria total. Alrededor del 20 por ciento de las consultas de admisión son personas que quedan admitidas. La cuestión es preguntarse cuál es la política de salud mental que se implementa para el 80 por ciento restante.

¿Pueden mantener visitas íntimas las personas alojadas en Prisma? Tengo entendido que sí en el sistema carcelario fuera del programa.

–No, esas visitas no están permitidas. Nosotros insistimos con el uso amplio del término intimidad, y no asociarlo exclusivamente con la genitalidad. Una visita íntima puede ser con una hija o un amigo, para poder tener una conversación que no sea escuchada. Para eso parece que no hay derecho. La ley de Ejecución Penal Nº 24.660 consagra el derecho a mantener visitas íntimas para toda la población carcelaria, sin distinción alguna. Sin embargo el artículo 68 del Anexo I del Decreto 1136 de 1997, que reglamenta parte de esa ley, excluye del ejercicio de ese derecho a las personas alojadas en establecimientos o secciones especiales de carácter asistencial, médico, psiquiátrico o en los que se desarrollen regímenes terapéuticos especializados. Es un funcionamiento que responde a normas vigentes desde la década del ’90 y resuelve que las personas con padecimientos mentales tienen menos derechos que las demás.