Al cabo de casi 27 años de vacío legal y tres años de demoras para su tratamiento, la fertilización asistida gratuita es ley. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto este miércoles con grandes resistencias del bloque PRO, que dedicó 10 abstenciones al debate legislativo. Desde ahora se garantizará el acceso integral “a los procedimientos y técnicas medicoasistenciales de reproducción médicamente asistida”, según establece el artículo 1º, creando un Programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable para incluir en el Programa Médico Obligatorio (PMO) los métodos de fertilización asistida, lo que implica que tanto obras sociales como prepagas y el sistema público de salud deberán cubrir los tratamientos de las parejas o de personas, cualquiera sea su estado civil, que tienen dificultades para concebir. “Hasta hoy, los problemas de infertilidad no estaban involucrados en el PMO, y entonces no había ningún tratamiento que los cubriera. Esta ley va a ser más amplia que la vigente en provincia de Buenos Aires, porque no toma la infertilidad como enfermedad”, explicó Marcela Corigliano, integrante de la Asociación Civil Sumate a Dar Vida. “Va a estar abierta a la posibilidad de que toda persona que quiera formar una familia, tener hijos, sean parejas del mismo o diferente sexo, pueda hacerlo.”

El miércoles se realizaron manifestaciones frente al Congreso para acompañar el tratamiento del proyecto y para dejar clara una postura común a las diferentes organizaciones que desde hace años impulsan la iniciativa: “La ley es necesaria para proteger a quien dona, sea varón o mujer, pero además apunta a considerar el asunto como un derecho sexual y reproductivo que debe ser incluido en el PMO sin necesidad de ser tratado como una enfermedad”, como apuntara en su momento uno de los proyectos presentados por la diputada Marcela Rodríguez, de Democracia Igualitaria y Participativa.

El nuevo capítulo, que da visibilidad y reconocimiento político, social, cultural y legal a derechos integrales en el respeto de todas las diversidades, fue celebrado por la agrupación política Lesmadres, formada por familias de lesbianas madres “y futuras madres que decidimos tener hij@s en pareja”. La iniciativa “avanza sobre el reconocimiento de derechos reproductivos que vienen siendo ejercidos por miles de personas, entre ellas por la comunidad de lesbianas madres desde hace años”. Y estaría en línea, agregaron en un comunicado, “con el capítulo de Filiación del proyecto de Reforma Integral del Código Civil y Comercial, donde las organizaciones proponemos sumar la inclusión de una cláusula transitoria, que iguale la situación jurídica de los niños y las niñas que nacieron por medio de técnicas de reproducción asistida antes y después de la sanción de la norma”.

El presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, dijo que la ley “dará a las parejas homosexuales la hermosa posibilidad de formar la familia que tanto quieren”, y recordó que en la presentación de los primeros proyectos de fertilización asistida las parejas homosexuales estaban excluidas, por lo que en 2006 presentó la modificación para que no se discrimine por orientación sexual.

La titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, María Elena Chieno, anunció que la ley beneficiará a las familias que durante años debieron “hipotecar sus hogares o vender sus bienes para poder tener un hijo”. Lorena Ledesma, otra de las integrantes de Sumate a Dar Vida, organización que llegó a juntar 280.500 firmas para reclamar el tratamiento de esta ley, declaró que “es un sueño el hecho de que nadie tenga que sufrir por no tener dinero para acceder a un tratamiento”.

A partir de ahora, el Ministerio de Salud tendrá la facultad de capacitar a profesionales en la materia y se incluirá una partida presupuestaria para realizar campañas de promoción sobre la nueva legislación. Hasta hoy, casi un 20 por ciento de parejas no lograba acceder a este tipo de métodos por no contar con los recursos económicos necesarios. El nuevo criterio, que había impulsado el senador Daniel Filmus por el Frente para la Victoria (FpV), promueve la inclusión de esos sectores marginados. Filmus destacó que el proyecto “es mucho más avanzado que el de otras provincias como la de Buenos Aires, ya que no exige constancia de infertilidad para el acceso, al mismo tiempo que no requiere estar en pareja, no discrimina por género e incluye las técnicas de alta complejidad, y tampoco restringe por edad”.

En el texto quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, como la fertilización in vitro, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. “Podrán acceder todas las personas mayores de edad, tras expresar su consentimiento informado, independientemente de su orientación sexual o de su estado civil.” Dispone también los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos para todas las personas, incluso para menores de 18 años que “por problemas de salud, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro”.

Hospitales públicos, obras sociales y entidades de medicina prepaga deberán cubrir los tratamientos, diagnósticos, medicamentos y terapias de apoyo, según procedimientos y técnicas avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que incluyen estimulación ovárica controlada, técnicas de reproducción asistida, inducción de la ovulación, desencadenamiento de la ovulación y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal con gametos de cónyuge o donante.

En lo que toca a la Ciudad, “ya no hay excusas para que el servicio público de salud desarrolle los servicios de fertilidad, que tiene tanto retraso”, advirtió la diputada porteña María Elena Naddeo, del Frente Progresista Popular. “Al sancionarse la Ley Nacional de Fertilización Asistida avanzamos en el derecho a la salud de miles de parejas y personas que reclaman su maternidad y paternidad. El hospital público tiene una deuda con las parejas que han debido recurrir al sistema privado para los tratamientos de mediana y alta complejidad. Ahora toda la población y en particular los sectores populares avanzan un paso más en garantizar el acceso a la salud integral.”

La diputada nacional Victoria Donda, del Movimiento Libres del Sur en el FAP, señaló que “por fin muchísimas familias podrán sentirse plenas a partir de esta ley. Es un debate que viene de años sobre la base del sufrimiento de cientos de personas que ven postergada su aspiración de sentirse plenas en la búsqueda de hijos/as. Por la infertilidad que padece este tipo de familias, se ven privadas y discriminadas, al carecer de los recursos económicos necesarios para afrontar un tratamiento tan caro. Lamentablemente esto hoy era sólo accesible para una élite y las empresas médicas resisten su cobertura”.