Esta semana se presentó un Informe de la Alianza de (treinta y siete) Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en 1994, y su seguimiento después de 2014 en la Argentina. El objetivo es reconocer los avances y mostrar las deudas aún pendientes. Una de las desigualdades que se resaltan son las grandes diferencias regionales en las políticas de derechos sexuales y reproductivos según la voluntad política de cada jurisdicción.

El informe remarca que a pesar de que la ley obliga al Estado a repartir gratuitamente anticonceptivos, “existen aún barreras para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Esto se refleja en las falencias en la distribución y provisión de insumos. Desde 2010, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable distribuye los insumos principalmente a través del Plan Remediar + Redes4. Esto mejoró la distribución porque permitió que los insumos lleguen directamente a cada centro de salud con una periodicidad bimensual. Sin embargo, algunas provincias siguen experimentando discontinuidades en la disponibilidad de algunos insumos, especialmente anticonceptivos inyectables, anticonceptivos orales, la anticoncepción oral para lactancia y preservativos”.

La denuncia no tiene que ver con políticas nacionales sino con la jactancia de médicos y/o funcionarios que ponen palos en la rueda e impiden el acceso al derecho de las mujeres. “En relación con el DIU, también existen barreras en algunas provincias debido a la discrecionalidad de las autoridades sanitarias y los profesionales que inhabilitan su disponibilidad. Se ha constatado la existencia de servicios de salud en los cuales el DIU no es colocado y/o la ligadura tubaria no es provista debido a objeciones de los proveedores o jefes de servicio.”

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