El Ministerio de Salud de la Nación fijó entre sus pautas específicas en el “Modelo Integral de Atención Post Aborto, un derecho, una garantía, un modelo de atención para reducir la mortalidad de las mujeres” que las mujeres tienen “acceso sin ninguna restricción, trato cordial y contención” y les recomiendan a los médicos “no preguntar el motivo del aborto para evitar causar temor”. Por supuesto, se excluye la denuncia judicial y policial, que además está desalentada en la jurisprudencia argentina. “La atención post aborto consiste en brindar una atención oportuna, urgente y de calidad, con un trato humanizado, a todas las mujeres que lleguen a los servicios de salud por complicaciones en situaciones de aborto. La atención integral implica trato humanizado y respeto de la autonomía, privacidad y confidencialidad de las mujeres”, explicita la cartera de salud, que recalca: “El Modelo Integral de Atención Post Aborto que promueve el Ministerio de Salud de la Nación garantiza esta atención con una guía de procedimientos. Todos los hospitales del país deben incorporarlos”.

Sin embargo, en Mendoza criminalizaron a una mujer que fue a atenderse con una hemorragia. “Recapturaron a una mujer que se había escapado del Lagomaggiore tras un presunto aborto”, tituló el diario Uno, el lunes 7 de octubre, ya que –con saña periodística incluida– en el hospital provincial denunciaron que Yolanda Q., una mujer de 25 años, de Guaymallén, Mendoza, que fue a atenderse después de un aborto, cuando se vio acosada y se enteró de que la iba a atender un médico forense intentó escapar y terminó buscada en su casa por la policía y apresada en medio de hemorragias para atosigarla sobre el origen de su aborto. En el hospital, en vez de cumplir con el protocolo existente, la denunciaron ante la Justicia, que la empezó a criminalizar en vez de ocuparse de su salud.