La presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el jueves último solicitando la restitución de sus hijos a la médica Andrea Vázquez, quien no los ve desde hace un año y cuatro meses, luego de que fueran sacados de su hogar y de la escuela en 2012, durante un operativo policial armado y en ausencia de su madre, podría sentar un precedente judicial determinante para este tipo de casos, sobre los que se sistematizan medidas judiciales restrictivas tendientes a aniquilar el vínculo. A partir de una trama judicial tortuosa que comenzó en 2009, tras 14 denuncias por violencia familiar contra su ex marido, quien sin embargo obtuvo la apropiación de los tres hijos beneficiado por un tribunal de familia de Lomas de Zamora que se ufanaba de ser “blindado”, el abogado Juan Pablo Gallego, que patrocina a Vázquez, también presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo en la que solicita la medida cautelar urgente de restitución “por privación de justicia y vulneración de compromisos asumidos al ratificarse la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Los reclamos son acompañados por organismos como la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas (Aamcj), con status consultivo ante la ONU, y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. “Vamos a acompañar esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que todas las instituciones con incumbencia en la materia se pronuncien a favor del acceso a la Justicia no sólo de Andrea, sino fundamentalmente de estos tres niños que se han visto privados de este derecho esencial de que sus derechos se hagan respetar”, advirtió el titular de Justicia, Ricardo Casal.

El caso, un ejemplo lamentable de todo lo que no debería ser la Justicia, concentra en sí el impedimento arbitrario de que Vázquez pueda ver a sus hijos de 4, 11 y 13 años a propósito de una resolución judicial del Nº 3 de Familia de Lomas de Zamora, hoy disuelto, que revirtió la tenencia a favor del progenitor, un personaje influyente del conurbano, sobre el que pesan graves denuncias por violencia familiar: la iniciática fue una patada que le dio a una botella de la que estaba tomando su hijo mayor, y que hirió su boca. También hay entradas de uno de los niños a la guardia del Hospital Garrahan, con politraumatismos, luego de que su padre lo empujara por las escaleras “para que bajara de una vez”. Los chicos expresaron ante funcionarios judiciales y peritos psiquiátricos que no desean permanecer junto a su padre, pero siempre fueron desoídos. Sobre los ex integrantes del tribunal, los jueces María Silvia Villaverde, Enrique Quiroga y Roxana Del Río, recaen cuatro pedidos de juicio político por avasallamiento de los derechos de niñas y niños, por sentencias que se apoyan en el Síndrome de Alienación Parental (SAP), incumplimiento de su deber y abuso de autoridad. En varias oportunidades, sus señorías se autoproclamaron “blindadas”, aunque nunca quedó del todo claro a qué se referían. Por el contrario, nunca dejaron dudas acerca de sus famosas cautelares, que ordenaban cambios de guardas repentinos y violentos, y la revinculación coactiva de niñas y niños a favor de familiares denunciados por maltratos, violencia familiar o abuso sexual. Las criaturas eran arrancadas de sus hogares en operativos policiales, algunos con intervención del Grupo Halcón, manteniendo vigentes y sistematizadas prácticas aberrantes de la última dictadura militar. “Esta sentencia ha sentado precedente en el ámbito judicial, en beneficio de la aplicación de prácticas represivas. Juzgados de Familia están utilizando el SAP en combinación con métodos represivos de sustracción de menores, con la pata operativa de peritos psicólogos/as”, denuncia Vázquez. “Jueces y juezas sostienen estas metodologías por, evidentemente, cuestiones en juego que no tienen que ver con el interés superior de la infancia, porque la pedofilia es un negocio millonario.”

En un comunicado firmado por la presidenta de la Aamcj, María Elena Elverdin, y la secretaria general, Norma Graciela Chiapparrone, se ratifica que los integrantes del Tribunal Nº 3 “fueron denunciados por mal desempeño en sus funciones tanto por Andrea Vázquez como por otras tres víctimas, del obrar antijurídico, en franca contradicción con las previsiones del Derecho Argentino y el sistema regional de derechos humanos. Ninguno de los remedios procesales articulados –incluidos sendos recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación– han logrado revertir la situación de arbitrariedad manifiesta que exhibe este caso”.

Juan Pablo Gallego, el abogado de Vázquez, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso in extremis, de restitución urgente, que repare todo lo vulnerado hasta el momento. En la actualidad, la causa está suspendida en el aire, sin magistrado interviniente, tras un periplo judicial del terror, que comenzó con los dictámenes plagados de irregularidades del tribunal Nº 3 y su posterior disolución, el pase de la causa al tribunal Nº 6, donde recaló Enrique Quiroga, que luego se excusó, y finalmente la derivación al Nº 2. Su titular, Cecilia Ana Mantegazza, tomó el caso por 60 días, “y en ese período record generó un expediente de alimentos para el progenitor, otro expediente para un permiso de salida al exterior con los niños y un tercer expediente para desalojar a Vázquez de su casa”.

Diez minutos. Ese fue el tiempo exacto que duró el último encuentro con sus hijos, un año y cuatro meses atrás. Rato antes, la perito psicóloga le advertía “que no les diera falsas esperanzas a los chicos”, y sin embargo ese poco menos de cuarto de hora alcanzó a los cuatro para comprobar que “el vínculo está intacto, no pudieron destruirlo”, relata emocionada Vázquez. “Continuamos la conversación interrumpida el 2 de octubre de 2012, cuando fueron secuestrados por ese operativo policial. No hay argumentos para esta separación impuesta, o sí, cortar cualquier tipo de referencia que tenga que ver conmigo, aniquilar el vínculo. Pero mis hijos son los más valientes del mundo.” Gallego concluye que el accionar judicial, en especial de Quiroga y Villaverde, “que han desarrollado una decena de operativos de esta naturaleza bajo el argumento de que debe priorizarse la familia, sacando violentamente a niños y niñas de sus domicilios y eliminando a las madres de sus vidas con la intención de que sea en forma definitiva, obedece a cuestiones ideológicas misóginas, de violencia de género, instaladas en el seno del Poder Judicial. Lomas de Zamora es uno de los pocos distritos que no tienen tribunal de alzada (no hay segunda instancia), por tanto los juzgados de familia funcionan de manera anómala. El único organismo que puede intervenir es la Suprema Corte provincial. Es ahí, entonces, cuando jueces y juezas pueden manifestar impunemente que están blindados”, contra la reparación de los abusos, que ellas y ellos mismos centralizan y promueven.