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La diputada Adela Segarra entiende que en los ciclos radica el sentido de las cosas. Cuando cerró 2013 con una audiencia sobre la despenalización del aborto y comenzó este abril presentando el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, junto a unas 70 firmas de todo el arco legislativo, supo que esta vez sí el debate se estaba encontrando con un Congreso dispuesto a analizar la necesidad urgente de las mujeres de decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. “Son unas 500.000 las que abortan y 3000 las que mueren cada año víctimas de abortos clandestinos. La mayoría, pobres y muchísimas, católicas”, reflexiona cuando le hablan del jury de enjuiciamiento que le iniciarán al juez Víctor Soria, de Salta, por prohibir un aborto no punible a una niña de 13 años golpeada y abusada desde hacía años por su padrastro. “El fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012 sobre la aplicación de un protocolo médico en casos de abortos no punibles plantea precisamente esta cuestión de que la Justicia se abstenga de intervenir. Entonces, por qué exponer a las mujeres, criminalizarlas sobre el dolor de una situación de abuso. ¡Llevamos tan impregnado este paradigma de judicializar todo! La interrupción voluntaria del embarazo es un debate constitucional, no judicial, y como tal debe ser legislativo.”

Esta semana, una de sus pares, la presidenta de bloque del Frente para la Victoria (FpV) en Diputados, Juliana Di Tullio, manifestó que si bien el tema no estaría en condiciones de llegar al recinto, le gustaría que se empezara a discutir, “al menos en comisión”. En coincidencia, para Segarra es hora de sacarse “la careta hipócrita de falsas dicotomías, que vengo escuchando hace tanto tiempo, o las desproporcionadas objeciones de conciencia en hospitales, cuando se sabe que esos mismos objetores practican abortos en sus consultorios privados. Discutamos en serio qué sistema de salud queremos que garantice el cuidado de las mujeres”.

Por quinta vez en la historia de los últimos años, el proyecto ingresa a la Cámara tras perder estado parlamentario sin tratamiento desde 2007, cuando llegaba como iniciativa de la sociedad civil. La vuelta de tuerca de su última presentación, este 9 de abril, la dio el apoyo de todos los bloques, con la única excepción del Frente Renovador (FR) que encabeza Sergio Massa.

¿Por qué se abstuvo de firmar la gente del FR?

–No es un dato menor que el FR no haya acompañado, porque así como plantean claramente una agenda de derecha, que es la agenda que por otro lado instalan los medios hegemónicos, encuentran que éste no es un tema marketinero aunque se esté discutiendo en la sociedad, y se niegan a debatirlo. Creo que algunos diputados de ese bloque están de acuerdo con el proyecto, pero han tenido una posición monolítica de no acompañar. Igualmente las expectativas son buenas: es un dato novedoso que un poco más de un cuarto de la Cámara haya votado a favor. Ojalá lleguemos a un tercio. Es importante también cómo jugó el factor de la transversalidad, porque excepto el FR todos los bloques acompañaron. Para que esto siga avanzando hay que dejar viejos prejuicios de lado y entender que debe ser política de Estado que la mujer pueda elegir libremente sobre la maternidad.

Segarra entiende que se están cayendo “esas caretas del aborto o la vida. Si analizamos a las mujeres de todos los sectores, siempre encontraremos que se han hecho algún aborto. La cuestión también es transversal socialmente”. Piensa que la misma línea “política e ideológica” se traza desde el Congreso porque, a diferencia de otros años, cuando el tema se agotaba al día siguiente de la presentación del proyecto, esta vez hubo un impacto que resuena. “Está más instalado en los medios. Antes lo sosteníamos las diputadas, las activistas de la Campaña, las compañeras de las organizaciones feministas, y nadie más. Ya no estamos en soledad.”

Desde algunos sectores se pretendió reinstalar la posibilidad de que la Presidenta ponga palos en la rueda, cuando ella misma dijo que respetaría el resultado del debate legislativo, algo que muchas consideran que habría que destacar casi de manera militante.

–Sí, aunque me gustaría eximirla de esta instancia. Hay que empezar a discutir en el Congreso, trabajar para seguir instalando el debate y para seguir hablando con muchos legisladores y legisladoras que quieren dar su apoyo pero no se animan por diferentes cuestiones, sobre todo representantes de algunas provincias con fuerte sesgo conservador y una presión casi asfixiante de la Iglesia en la vida social y política. Está claro que se trata de una responsabilidad del Estado, pero deberíamos renovar las lecturas y canalizarlas desde el ámbito legislativo. Creo que no le corresponde al Poder Ejecutivo decidir sobre esto.

Tras la apertura de la presentación a cargo de Cristina Zurutuza, una de las voces centrales de la Campaña, la jurista Nelly Minyersky, advirtió que votar la iniciativa es constitucional y que la ampara la urgencia “de legislar en base a las necesidades y los derechos de las mujeres”, como política de salud pública. ¿Será cierto que todas las luchas las ganan los fundamentalistas?, arroja Segarra como materia prima para empezar a trabajar lo que se viene, la suma, falta y resto de las voluntades legislativas, al calor de una pelea que trascienda las comisiones de Legislación penal que preside Patricia Bullrich y no acompañó el proyecto; de Salud, encabezada por la firmante Andrea García, y de Familia, presidida por Felipe Solá, que tampoco dio su aval, “cuando en años anteriores se manifestó a favor de la iniciativa”. La coyuntura tironea pero no tanto como para clausurar la disponibilidad al diálogo. “En todo caso –advierte–, la actitud culposa es de los que no firman. Muchos diputados están a favor de la despenalización del aborto, pero no se atreven a votarlo porque padecen el peso de la Iglesia sobre sus provincias. Pensemos que en Salta la educación católica todavía es obligatoria en las escuelas públicas. También, entre aquellos diputados que no firmaron, muchos acuerdan con la despenalización, pero no con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), como si fueran temas opuestos. Me parece que es una falsa dicotomía.”

Más de la mitad de las jurisdicciones de todo el país no sólo no dictaron protocolos para la realización de abortos no punibles, sino que en muchas provincias lo aplican de manera particular, incluso con mayores obstaculizaciones.

–La provincia de Buenos Aires tiene incorporado el protocolo, y sin embargo cuesta que algunas ciudades lo apliquen. En Mar del Plata los hospitales Regional y Materno-Infantil adhieren, pero hay una proporción de médicos objetores de conciencia que no es real. El sistema de salud también se tiene que sacar la careta, porque hay profesionales que son objetores pero se sabe que practican abortos en clínicas. Existe una hipocresía muy grande dentro del sector, pero también un gran negocio: la práctica de un aborto debe costar entre 6000 y 10 mil pesos. Me llama la atención que tanto el Regional como el Materno-Infantil, con direcciones progresistas y que aun antes del fallo de la Corte practicaban abortos no punibles, tengan sin embargo una proporción altísima de objetores de conciencia. Por eso no sólo es importante plantear el tema en las comisiones, sino volver a discutirlo con el propio sistema de salud.

Al día siguiente de la presentación del proyecto, el Papa criticó a una Iglesia a la que considera “obsesionada” con el aborto. No se esperaba su aprobación, obviamente, pero pareció una señal de descompresión del tema.

–Es que aquí también se abre una oportunidad de empezar a discutir con diferentes sectores de la Iglesia esta realidad de que las mujeres mueren: Francisco ha manifestado sensibilidad respecto de algunas cuestiones y hoy no nos encontramos frente a una Iglesia tan retrógrada. Debe debatirse que la causa más importante de mortalidad materna es el aborto clandestino y que son mujeres católicas las que mueren en esas prácticas. Seguramente no van a estar de acuerdo, pero que en todo caso sea un problema de la Iglesia y no que la Iglesia sea un problema para nosotros. Me parece que es hora de invertir esa ecuación.

También deberían diferenciarse las actitudes de la jerarquía eclesiástica respecto del acompañamiento que hacen los curas de los barrios más humildes, que están muy lejos de posturas criminalizantes o judicializantes.

–Una Iglesia que está manifestando un compromiso con los pobres nos da la oportunidad para que discutamos con todos sus sectores, pero también para debatir un sistema de salud que garantice el cuidado de las mujeres. Cuando empezó el año, parecía un problema tener un papa argentino, sin embargo en esta coyuntura se abre la oportunidad de ampliar el debate. No es lo mismo confrontar con Héctor Aguer que con Francisco. En las presentaciones anteriores me llenaban el correo y el Facebook de manifestaciones en contra, y esta vez no sucedió. Al contrario –sonríe–, recibí un mensaje de texto firmado por un joven que me pareció la síntesis más acabada de este recorrido: “Hay que avisarle al Papa que los estados no se manejan con fe sino con leyes”.