La provincia de Buenos Aires podría convertirse en uno de los territorios donde comience a funcionar la ley de “prostíbulo cero”, que prohíbe la instalación, funcionamiento, regenteo, sometimiento, promoción, publicidad, administración o explotación “bajo cualquier forma, modalidad o denominación, sea de manera ostensible o encubierta, de lugares de alterne y/o explotación de la prostitución ajena”, según expresa la iniciativa presentada por las diputadas provinciales Lucía Portos y Graciela Rego, del Frente para la Victoria (FpV), y elaborada junto con la Fundación María de los Angeles, que preside Susana Trimarco. El proyecto, con estado parlamentario, incluye la creación del Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y la Trata de Personas (Iplesyt), un ente descentralizado y autárquico que además de asistir a víctimas y articular con órganos judiciales tendría la ambiciosa función de intervenir en los allanamientos, para quebrar un dominio hasta hoy privativo a la intervención policial. “Se trata de una norma que contiene el diseño de una política pública integral de parte del Estado para encarar el flagelo de la explotación sexual, brindando a su vez contención y una alternativa de vida a las personas que estén en esa situación”, dijo Portos. “El Estado provincial no puede seguir avalando institucionalmente un modelo social que garantiza el uso colectivo de las mujeres más desfavorecidas y excluidas del sistema, ni las prácticas masculinas de acceso por precio a su cuerpo.”

Apenas conocido el proyecto, las diputadas comenzaron a recibir consultas de un número considerable de municipios –son 135 en total los que componen el universo bonaerense– interesados en implementar una reglamentación similar en formato ordenanza. “Nos llamaron desde muchos distritos que vienen padeciendo esta problemática, y vamos a empezar a trabajar una ordenanza modelo para ir adelantando la discusión. Este proyecto recorrió la provincia durante todo el año pasado a través de foros con intervención de la sociedad civil, tiene legitimidad popular.”

La iniciativa apunta a la clausura inmediata de aquellos sitios que “aunque no lleven el nombre de prostíbulos o casas de citas realizan actividades de explotación sexual bajo diferentes denominaciones como night clubs, whiskerías, boites, saunas, casas de masajes o cabarets. Es decir, que a pesar de encontrarnos en un país abolicionista, indirectamente se está tolerando la existencia de lugares de alterne y de aquellos donde se realiza el delito de proxenetismo”, explicó Portos, y agregó que los fundamentos de la iniciativa destacan la necesidad de reforzar la Ley de Profilaxis 12.331, de 1936, que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos y prevé multas, cierres y privación de la libertad para los proxenetas. “Todo lo que ocurre dentro de un prostíbulo es delito, ya sea la socialización con clientes, la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceras personas, hayan prestado o no su consentimiento. Creemos que la prostitución nunca puede ser un trabajo”, advirtió la legisladora. “Lamentablemente, es importantísimo el número de prostíbulos que funcionan en la provincia de Buenos Aires enmascarados bajo diferentes tipos de habilitaciones y constituyéndose en un gran complemento del negocio de las armas y las drogas. Es imposible pensar en el funcionamiento de uno sin los otros; por caso, hay una provisión permanente de droga que se utiliza para el sometimiento de las chicas, y los actores implicados en todos estos delitos son los mismos.”

Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Angeles, fue quien trabajó en el asesoramiento y elaboración del proyecto basado en la ley que se aprobó en Tucumán el 15 de agosto de 2012. Regulaciones similares se aplican desde 2009 en una decena de ciudades de todo el país, y en mayo de 2012 Córdoba se convirtió en la primera provincia en prohibir la existencia de prostíbulos, con la inclusión de un programa integral de lucha contra la trata y explotación sexual. El Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y la Trata de Personas (Iplesyt) que propone la iniciativa bonaerense, va en un sentido más sustancial porque barre con la potestad policial de realizar los operativos y clausuras, y hace entrar en escena a un equipo interdisciplinario del organismo con acceso a las causas, preservación de las pruebas recogidas y protección de las víctimas. “De aprobarse, Buenos Aires sería la primera provincia en contar con un ente de esas características, que trabajaría junto con los órganos judiciales nacional y provincial, y con la policía, que no podría actuar en los allanamientos sin el acompañamiento del organismo –explicó Portos–. De esta manera se garantiza que no haya filtraciones de ningún tipo y que se preserven las pruebas ante la imposibilidad, muchas veces, de contar con policías independientes.”

Marcela D’Angelo, integrante de la Campaña abolicionista Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, ve con buenos ojos la iniciativa, “siempre que junto con el cierre de los locales existan políticas públicas de restitución de derechos de las mujeres, niñas, travestis y trans, para que puedan acceder a otras formas de supervivencia”. Sin embargo, la activista cuestionó lo que considera “las contradicciones” del debate. “Primero deberían derogar todos los códigos contravencionales y de faltas que penalizan a las personas en prostitución. Si quieren promover políticas de revinculación social y laboral, que saquen entonces las zonas rojas, donde existe una gran desprotección. Hace apenas unos días en La Plata se congeló el traslado de una zona roja trans hasta que acuerden instalarla en algún sitio. Mientras tanto en el Senado nacional hay un proyecto que regula el trabajo sexual autónomo, especificado como actividad voluntaria de ofrecer servicios sexuales a cambio de un pago para beneficio propio. Y sabemos que las situaciones más descarnadas se viven puertas adentro de los prostíbulos. En definitiva, es cambiarle los nombres a una explotación.”