En abril se reunió en Nueva York la Comisión de Población y Desarrollo de ONU para considerar el Programa de Acción aprobado en El Cairo en 1994. Esta conferencia cambió el paradigma al pasar de metas demográficas a derechos. O sea: tener hijos o no es un derecho humano y los gobiernos no pueden afectarlo porque quieran que crezca o disminuya la población. Acabaron así los fundamentos para violaciones que afectaron a mujeres en todo el mundo.

A veinte años, lo que se planteó en El Cairo no se logró, o sólo parcialmente, por ejemplo: la disminución de la mortalidad materna, la educación sexual integral en las escuelas, el pleno acceso de los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva, la prevención y atención del VIH/sida, el acceso universal a métodos de planificación familiar y la atención del aborto en los casos permitidos por la ley. A estos, se agregaron nuevos problemas que es necesario enfrentar.

El principal logro fue que todos los países ratificaron el programa de El Cairo y se comprometieron a seguir promoviéndolo. La discusión central fue si se debía avanzar o simplemente cumplir lo acordado en 1994. Un grupo de países eligió el statu quo, contrariando a la gran mayoría de las feministas y a muchos países, como los de América latina y otros.

En agosto 2013, en la Conferencia Regional realizada en Montevideo, los países de América latina y el Caribe adoptaron un consenso que no sólo reiteró las metas del ’94 sino que avanzó en derechos sexuales, aborto, adolescentes y poblaciones vulnerables: indígenas, afrodescendientes y otras por su identidad, prácticas sexuales o de otro tipo. Esto se quería ampliar para el mundo entero. Algunos países de Africa, Europa, Asia Pacífico e incluso del Caribe prefirieron no tratar estos nuevos desafíos y limitaron los avances que se adoptan por consenso. ¡Pero el resultado no fue tan malo!

El análisis de las conclusiones acordadas evidencia que se avanzó y que hubo cambios positivos. Los países reconocieron la necesidad de acelerar la implementación para beneficiar a su gente. La juventud manifestó sus dificultades y mostró su compromiso para superarlas. Todos reconocieron que para alcanzar el desarrollo hay que acabar con las muertes por maternidad, las restricciones a adolescentes para acceder a servicios de salud y recibir educación sexual, la discriminación por etnia, raza o identidad sexual en los servicios de salud y garantizar el acceso a planificación familiar. Y por primera vez, sesenta países defendieron abiertamente los derechos de las personas trans y otras identidades sexuales, aunque no se logró consenso. Argentina, representada por una delegación gubernamental y de la sociedad civil, tuvo un papel clave liderando posiciones en América latina. Ahora, lo firmado debe ser realidad para mujeres y jóvenes de todo el mundo.

* Presidenta de Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) e integrante (como ONG) de la delegación oficial argentina.