Qué pasa el día después? En Bahía Blanca, cuando una niña de 14 años es víctima de (al menos) una violación a manos de una persona de su círculo familiar y queda embarazada, un juez correccional borra de un plumazo el gesto violento que legó en ese vientre una vida no deseada y denomina a la chica violada como “madre en conflicto”. El juez José Luis Ares, además, le niega la posibilidad del aborto terapéutico que aconsejó el Comité de Bioética del Hospital Penna de Bahía Blanca, comprendiendo el riesgo psíquico y físico que implica para alguien de 14 años cargar con un embarazo no deseado y el consecuente hijo concebido en un acto violento. El juez Ares sentenció: es cierta la afectación que sufre la menor, y sí, se vislumbra “la posibilidad de un riesgo”, pero “el aborto no es el único medio para solucionar” el caso. Sugirió, en cambio, que un juzgado de menores se hiciera cargo “del control y la asistencia psicológica y psiquiátrica de la menor”. El Dr. Alberto Taranto, director del hospital que se negó a practicar el aborto terapéutico sugerido por su propio Comité de Bioética, hizo gala de una sensibilidad y un conocimiento de causa envidiables cuando evaluó la situación: “Acá decidimos por el mal menor, el daño a la chica ya está hecho”. Y por eso, porque el poder médico tiene el poder de decisión sobre cómo ha de continuar una vida ya dañada, el señor director explicó: “El hecho de que tenga o no al bebé no le va a reparar demasiado el daño”. Mientras tanto, porque la vergüenza y el temor a la sanción social le impidieron pedir contención psicológica y auxilio médico a tiempo, Romina Tejerina ve pasar los días desde la cárcel jujeña en que la encerraron por haber matado a su bebé, concebida en una violación sin violador sancionado judicialmente, porque la veía y recordaba la cara del violador. Muy probablemente, Romina podría explicarle al señor director del hospital qué tanto daño se hubiera reparado, qué tanto se hubiera ahorrado ella si hubiera tenido la posibilidad de contar con un Estado que la defendiera frente a una voluntad que se imponía de manera violenta en su vida y su cuerpo.
Para la adolescente de Bahía Blanca, el día después es un mundo que la verá convertida en madre y la habrá alejado de la posibilidad de seguir llevando adelante su vida como la conocía: en una casa sin su padrastro, el violador que se dio a la fuga (y a quien, al parecer, la policía no busca), y con hermanitos menores que la acusan por esa ausencia. Para Romina Tejerina, al cierre de esta edición, los días después van dibujando un paisaje de incertidumbres e incomprensiones, en el que el violador fue apresado nueve meses después de ella (y liberado a los 30 días), y ella continúa presa y sin atención psiquiátrica.
Cuando el Estado argentino tiene que brindar una respuesta a una mujer víctima de violencia sexual, la mayoría de sus funcionarios parecen obedecer más a las razones de una conciencia formada en el derecho de pernada, la inversión de la carga de la prueba y el privilegio del niño por nacer que a los derechos de las mujeres supuestamente amparados por la Constitución. Es el empeño de esos funcionarios comprometidos con unamoral sexista lo que termina por convertir el camino de la denuncia judicial y la recuperación psicológica y física en una ruta llena de piedras que acusan, ignoran y sospechan de la víctima, de frases que se permiten dudar sobre la veracidad de sus palabras y el origen de los cambios de su cuerpo. Pero esas son, apenas, las reacciones ante los casos más sonados, los que llegan a la agenda pública disfrazados de relatos que hablan de “dramas” y suspicacias que ponen en duda la posibilidad de que se haya tratado de relaciones sexuales no consentidas (“habría sido violada”). Qué será de los más de ocho mil casos que llegan a denunciarse anualmente en Argentina es algo que permanece en las sombras (en el año 2000, por lo pronto, apenas la octava parte obtuvo una condena judicial). Y es que, aun cuando se estima que en realidad llega a 30 mil el número de mujeres que son víctimas de violencia sexual en Argentina cada año, no hay en el país una política unificada que contemple su contención y acompañamiento. Por el contrario, el único intento de legislar en favor de un programa que contemple la recuperación y el tratamiento de las víctimas no sale, desde hace seis meses, de un cajón de la Cámara de Diputados de la Nación en el que parece haber sido prolijamente archivado.


–Todo lo que tiene que ver con la esfera de la sexualidad tiene una connotación diferente, que hace muy difícil visualizarlo. En casos como el de la niña de Bahía Blanca, nosotros podríamos decir: “A una mujer violada se le podría salvar la vida”. Salvarle la vida a ella, porque es un problema de por vida el que haya quedado embarazada.
Diana Galimberti habla con el conocimiento de causa que le dan años de ser una profesional inmersa en el terreno de la salud pública. Ginecóloga, subdirectora del Hospital de Agudos Teodoro Alvarez, en Argentina es una de las médicas que más ha hecho por difundir los derechos reproductivos y lograr una atención que contemple las necesidades de las pacientes. Es precisamente desde esa perspectiva que terminó por convertirse en una de las responsables de haber establecido en el hospital un Centro de Atención a las Víctimas de Violación que permitió, articulación con la experiencia y un equipo del Hospital Muñiz mediante, generar un protocolo de acción que actualmente se aplica en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires.
–En un caso de violación, si la mujer queda embarazada es un dilema, porque el aborto acá no es legal para esos casos, ¿y qué derecho tiene la mujer de hacer el aborto? ¿Y qué pasa con ese hijo que ella no buscó pero que está creciendo? No es fácil. Entonces, si estamos en contra del aborto, con más razón tenemos que pelear para tener una anticoncepción segura.
Es precisamente por esa necesidad fundamental de auxiliar a las víctimas, para que la violencia del delito no se prolongue en el tiempo hasta abarcar completamente sus vidas, que la anticoncepción de emergencia (la píldora del día después, o una combinación de anticonceptivos que produce el mismo efecto) es uno de los pilares de un programa para atención de mujeres violadas que, desde sus inicios en noviembre del año pasado, coordina tres aspectos fundamentales (la contención psicológica, la anticoncepción de emergencia y el tratamiento médico para prevenir enfermedades de transmisión sexual). Se trata, en definitiva, de evitar la revictimización y, además, brindar a las mujeres violadas la posibilidad de acompañamiento en el proceso de reconstrucción personal que sigue a la violación.
–Las mujeres siempre ingresan por guardia general, y eso lo hemos hecho de manera tal que, en primera instancia, ven a la psicóloga y a la psiquiatra de la guardia, que hacen la contención inicial. El tocoginecólogo de guardia es el encargado de darle la medicación: anticoncepción de emergencia, medicación antibiótica y antirretroviral. Le pide todos los análisis, se le hacen las extracciones de sangre, se lepide el consentimiento informado para el examen de HIV y se le indica el tratamiento. Porque es fundamental que, para el antirretroviral y la anticoncepción que sean administrados en un plazo máximo de 72 horas después de la violación para que sean efectivos. Después, si la mujer necesita tratamiento psicológico, si se quiere quedar, sigue con una psicóloga que tenemos en el servicio o la toma el servicio de salud mental. Y se ha incorporado últimamente un grupo que atiende casos de stress postraumático, que es una alternativa para las mujeres que no quieren hacer terapia. Para el tema de infecciones, el seguimiento se hace entre 3 y 6 meses.
Poco más de 70 fueron las mujeres que, desde noviembre del año pasado hasta esta parte, pasaron por el servicio del Hospital Alvarez. Ninguna de ellas se negó a recibir la medicación y la anticoncepción que se brinda como parte del protocolo, y una abrumadora mayoría (64) optó por continuar asistiendo para realizar un tratamiento psicológico. La licenciada en psicología Susana Larcamon no había reparado en la soledad y la incertidumbre institucional que se abre ante una mujer violada hasta que una persona cercana pasó por eso. Vio que no era la víctima la única perdida en medio del desconcierto de no saber “qué hacer, a dónde ir, con quién hablar”. La sensación, dice, “fue de vacío”. Fue eso lo que la llevó a empeñarse en “inventar un recorrido que sea razonable y libere de la angustia”, y delinear un proyecto para hacer un modelo de atención que, hasta hace un mes, gozó de una beca de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria y que por poco más formará parte del procedimiento seguido en el Centro de Atención a las Víctimas del Hospital Alvarez.
–Lo que caracteriza a la violación es la pérdida de la persona como sujeto: se transforma en objeto para otro, y no tiene palabra, voz ni nada. Por eso es necesario ponerle palabras a esa cosa que te deja tan vacía. Eso es importante. Cuando vienen, les digo que van a ir adonde ellas quieran, que no están obligadas a decir nada, que si quieren lo nuestro va a ser un acompañamiento silencioso, pero que vamos a hacer todo lo que hay que hacer. A veces las pacientes terminan sintiendo lo que no siente el violador, tienen culpa, tienen angustia. Yo creo que el Estado tendría que tener respuestas.
–En muchos casos las pacientes piden asistencia psicológica.
–Sí, en muchos. Ahora están pasando dos cosas. Por un lado, la gente está llegando más a tiempo para pedir medicaciones, porque tienen solamente 72 horas para ser efectivas. En ese sentido, es bueno porque se está conociendo más el servicio, y muchas veces llegan el mismo día. Con la denuncia, antes notaba que, en general, la mayoría no quería denunciar casos de violencia sexual intrafamiliar. Pero nosotros tratamos de formarnos en cuanto a la ley, saber los límites, los plazos, saber que no necesariamente hay que hacer la denuncia en la comisaría sino que también se puede ir a la fiscalía, que es un derecho que las asiste y que tienen tiempo para ejecutarlo. Entonces, eso hace que alguien que en un primer momento no quiere hacer la denuncia, a los 2, 3, 4 meses lo piense y un día diga “tengo ganas de hacer la denuncia”. Ultimamente eso está pasando bastante, aunque es más difícil, porque ese tipo de violencia encubre otro tipo de relación.
–¿Cómo encaran la continuación de su vida habitual después de la violación?
–Es una situación difícil, de la que no se sale del todo bien, como si nada ocurriera. Es una marca que queda, y queda para toda la vida. Yo lo aclaro siempre, porque si no, hay una expectativa falsa. Algunas dicen “yo voy a poder”, o tienen un discurso medio negador de “esto no va a poder conmigo”. Pero, en general, lo que hablamos con las pacientes es que es una situación similar a una herida: en un primer momento no la puede tocar, después cicatriza, y la marca te queda para toda la vida, pero una se relaciona con eso de otra manera, no te duele tanto, no te jode tanto.Es una situación de duelo, de pérdida de algo que se manifiesta en el cuerpo, pero lo que queda es más una violación simbólica que una herida en el cuerpo.


Entre el 40 y el 60 por ciento de los casos de violencia sexual tiene como víctimas a mujeres menores de 16 años. Se trata, y no de manera casual, de una franja etaria a la que el imaginario social se niega a relacionar con la sexualidad: en nombre de sus voluntades y la supuesta pureza asexuada que se deseaba preservar, por ejemplo, se obstaculizó la sanción de la Ley de Salud Reproductiva, y todavía hoy en más de una provincia se mezquinan los anticonceptivos provistos legalmente. Si la violencia sexual, por definición, delimita una relación de poder fundada, lógicamente, en una asimetría que habilita una sumisión psicológica y física, en el caso de las niñas y adolescentes la situación empeora. Delito de instancia privada, sólo puede ser denunciado por la víctima misma si es mayor de edad, o por un adulto responsable o profesionales de la salud cuando son menores. Por otro lado, en un país que divide a sus adolescentes en dos bandos irreconciliables simbólica y corporalmente (los menores, del lado del peligro social y la pobreza; los adolescentes consumistas, idiotizados ante tanta oferta arrolladora), no resulta extraño que las propuestas institucionales que se despliegan ante una mujer adolescente (o no) que ha sido violada varíe, también, en función de sus posibilidades económicas y el nivel de educación formal que haya alcanzado, algo que redunda en las posibilidades que tendrá de conocer y defender sus derechos. La ley, está claro, no corre pareja para todas, y es básicamente su difusión y la concientización más o menos extendida sobre problemáticas de género lo que podría asegurar su cumplimiento.
En materia legislativa, los golpes de efecto suelen estar a la orden del día y se cuidan poco de atender a las víctimas. Siguiendo el razonamiento según el cual las violaciones obedecen a instintos masculinos irreprimibles, atribuibles de manera exclusiva a una suerte de “pasión” y animalidad, el enfoque privilegia el castigo ejemplar de tal manera que solamente se refuerza el sesgo sexista. De esa manera, en un curioso giro que sancionando al victimario lo desliga de responsabilidad (no pudo controlarlo, no es su culpa tener instinto), se invisibiliza la relación de poder y la dominación que subyacen a la violencia de género. Fue el caso, por ejemplo, de un proyecto increíble presentado durante el 2003 por Elsa Lofrano, diputada del PJ: una iniciativa altamente constructiva que proponía “además de la pena privativa de libertad que corresponda, la castración quirúrgica o química”.
Afortunadamente, hay excepciones notables. En junio de este año, la diputada socialista María Elena Barbagelata presentó dos proyectos de ley relacionados con las víctimas de delitos contra la integridad sexual: la creación de una “fiscalía especializada en materia de delitos contra la integridad sexual” y la implementación de un “programa nacional de prevención y asistencia a las víctimas de delitos sexuales”. Se trata de una adaptación del protocolo del Hospital Alvarez adoptado inicialmente por la ciudad de Buenos Aires, pero propuesto para tener alcance nacional. –Tiene el mismo modelo de utilización, el mismo protocolo, todo. Eso acreditaría que para todo el país hubiera asignada una disponibilidad de recursos para disponer de antibióticos, anticonceptivos de emergencia y antirretrovirales. Fue pensado para que hubiera una normativa general en el país, y para que visualice mucho más la problemática –explica Diana Galimberti.
Sin embargo, destejer la muralla que torna invisible la violencia de género y busca restaurar nociones tradicionales y altamente conservadoras no resulta fácil. Por empezar, aun cuando en la Cámara de Diputados hay 45 comisiones permanentes y la Argentina suscribió convenios contra la discriminación de la mujer otorgándoles rango constitucional, ninguna de ellas se dedica pura y exclusivamente a diseñar políticas de género. Porel contrario, el proyecto de Barbagelata forma parte del temario de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Silvia Martínez y a la que compete “dictaminar sobre todo asunto o proyecto relativo a la organización, desenvolvimiento, consolidación y desarrollo de la familia en la comunidad (...) y lo referente al Estado, condición e integración de las mujeres en el conjunto de la sociedad”, no sea cosa de que las mujeres se desmarquen de la familia tradicional. Aún más: ese proyecto, aun cuando fue incluido en el temario hace exactamente seis meses, no ha sido todavía tratado dentro de la comisión, lo que significa, claro, que mucho menos está en condiciones de pasar a la Cámara. ¿Por qué?
–Creo que el hecho de que incluya la anticoncepción de emergencia influye en que no se discuta –arriesga Barbagelata–. El proyecto de la fiscalía también está demorado, pero vamos a empezar a juntar firmas en todo el país, porque queremos que sea a nivel nacional, no sólo en la ciudad. En principio, había una fiscalía especializada en San Martín y otra en Mar del Plata, pero la de Mar del Plata fue cerrada.
Galimberti, por su parte, arriesga una interpretación similar: el tratamiento del proyecto viene demorándose porque incluye anticoncepción de emergencia.
–Yo tengo muy claro que las ideologías personales son muy respetables, pero en salud pública no podés habiendo los recursos no darlos, porque es un delito. Y eso hay que decirlo: la anticoncepción de emergencia es un recurso muy importante porque puede salvar vidas: las vidas de las madres. No darle esa posibilidad a una persona que llega es un delito. Nosotros somos profesionales y nuestra responsabilidad es curar y dar la mejor calidad de atención posible. Entonces, la objeción de conciencia está para todos, pero es personal, no puede ser institucional. Creo que crecer significa darnos cuenta de que una cosa es el respeto por nuestra individualidad, y otra un tema de salud pública. La institución no puede tener objeción de conciencia. Y si una institución la tiene, o actúa de esa manera por omisión, por maltrato o lo que sea, tiene que hacerse responsable, y algún tipo de sanción tiene que tener.
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Romina Tejerina continúa presa y sin atención médica. La niña de Bahía Blanca, sigue adelante con el embarazo. Es lógico: resulta difícil pensar estos temas en un país cuya televisión presenta sketchs que convierten a la violencia sexual en chistes de muchachos.