En el Tribunal de San Isidro las brujas cantan hasta taladrar los oídos, bailan hasta que el empedrado de la calle Acassuso les quema los pies, se abrazan en mil pieles transpiradas por el sol de un mediodía incendiario: absolvieron a Yanina González. La Yani, esa compañera vulnerada hasta el cansancio por una Justicia que venía criminalizándola hace dos años, desde el momento en que pisó un centro de salud para salvarle la vida a su hija Ludmila y salvarse de su ex, Alejandro Fernández, un golpeador ahora investigado por el homicidio de la beba. “El feminismo salvó a Yanina”, gritaron este miércoles las voces roncas de tanto clamar, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Isidro dio a conocer el veredicto y dispuso la liberación inmediata, en ausencia de la fiscal Carolina Carballido Calatayud, que había exigido una condena de seis años y siete meses de prisión, y en medio de un desmedido y absurdo dispositivo de seguridad policial contra las mujeres.

Yanina acaso esté palpando por primera vez una sensación de felicidad que acuna también a su hija Tiziana, parida durante el cautiverio en la Unidad 33 del penal de Los Hornos, el año pasado. Carballido Calatayud, en cambio, deberá seguir viendo la película: el nuevo capítulo incluye un reencuentro con Fernández, pero esta vez en la causa paralela que le inició por el homicidio de Lulú, crimen gravísimo que podría haber quedado impune si la joven hubiera sido condenada. Pero sobre todo, deberá afrontar una denuncia de fraude procesal por las irregularidades detectadas en la causa, los procedimientos arbitrarios, la desestimación de pruebas y testimonios, y por el ocultamiento al juez de Garantías Nicolás Ceballos de la causa iniciada contra el ex de Yanina.

“La fiscal especializada en violencia de género nunca tuvo una visión de género, nunca pensó que Yani, con un retraso madurativo, pudiera ser víctima de una violencia sistemática que atravesó su historia de vida, y en vez de considerar la situación de vulnerabilidad que padecía prefirió acusarla duramente”, sostiene la abogada Gabriela Conder, integrante de La Gremial de Abogados de la Argentina, que tiene el patrocinio legal de la joven y logró que se le concediera la prisión domiciliaria hasta concretarse el juicio. “Carballido Calatayud nunca bajó los brazos para acusarla, por más que en el transcurso del juicio se fue esclareciendo la situación de Yanina, y en sus alegatos dibujó conductas negligentes y utilizó todas las armas para seguir acusándola y revictimizándola.” De haber prosperado la acusación por abandono de persona seguido de muerte, hubiera sentado un temerario precedente, en tanto Yanina-víctima se hubiera reconvertido en victimaria, merecedora de un castigo ejemplificador y responsable absoluta de lo que en realidad asoma como un femicidio vinculado. Fernández solía pegarle a Lulú a modo de amenaza o castigo cada vez que Yanina desobedecía o se negaba a mantener relaciones sexuales. Las trompadas que le provocaron la muerte a la beba fueron excusa trágica en la cadena de sometimientos.

Conder sigue sin entender por qué la fiscal se movió de esa manera, aunque sabe que no es la primera vez. “Hubo una cuestión de género pero también de clase. Si Yanina hubiese sido una chica de clase media, con mayores recursos, si hubiera podido hablar bien, otro hubiera sido el tratamiento en la Justicia. Pero en estos casos, cuando las que llegan a los estrados son las mujeres pobres, con discapacidades o escasos recursos intelectuales, los jueces son despiadados.” Habrá que ver si prospera la denuncia de fraude procesal contra Carballido Calatayud, desde que en junio de 2014 iniciara la causa bajo carátula de homicidio contra Fernández en un juzgado diferente del que atendía el caso de Yanina, afectando su derecho de defensa y ocultando esa actuación al juez que elevó la causa a juicio. Un combo de faltas groseras que desplegó junto con el rosario que solía apoyar sobre el escritorio de la sala de audiencias donde se sustanció el juicio.

Ni un paso atrás

“Esto recién comienza”, se ilusiona Cecilia Raspeño, militante de base en el Barrio Obligado, de San Miguel, donde se crió y vivió Yanina hasta los 23 años, cuando se mudó con Fernández a una vivienda en Derqui. Raspeño es educadora comunitaria en el Centro Cultural Gallo Rojo, donde los recorridos de empoderamiento de las mujeres crecen en los pliegues de talleres de aprendizaje. Conoció a Yani hace seis años, cuando la chica se acercó al espacio con Lulú, que había nacido en 2011. Las mujeres del Gallo Rojo ayudaron desde el vamos a crear otras posibilidades de vida, a resguardarla de su pareja violenta de entonces, Ricardo Ortiz, con una exclusión perimetral. Durante años, tuvo miedo de hablar. El miércoles, tras conocer la sentencia, Yani silabeó “gracias” con la emoción de la que sabe estar frente a una vuelta de hoja, ni un paso atrás.

“Llegamos resignadas a romper todo y supimos que la fiscal no iba a venir”, dice Cecilia, eufórica con la perspectiva de una mujer nueva, que se suma a un movimiento feminista emergente. “Con Yani en la calle, pudiendo salir. Totalmente empoderada con las compañeras que se sumaron durante este proceso y se solidarizaron sin compromisos, autoconvocadas.” Esta semana, la colectiva activista plasmó a canto, discurso y fogatas una dimensión que fue armándose con aquellas provenientes de diferentes luchas. “Fue imparable y conmovedor. Tenemos que ver qué hacemos el día después, cómo nos organizaremos”, advierte una de las vecinas de Barrio Obligado. “Basta de pedir a la Justicia, basta de pedir al Estado lo que está en nuestras manos. La única defensa somos nosotras.”

La mala conducta (fraudulenta)

La directora de Litigio Estratégico de la Comisión Por la Memoria (CPM), Margarita Jarque, que acompañó todo el proceso, celebró un fallo en el que a su entender no debe invisibilizarse la conducta de la fiscal. “Desconoció no sólo los derechos de las mujeres sino las perspectivas de derechos humanos. Como tantos jueces y fiscales, se puso a un costado del Estado; pareciera que las obligaciones no les incumben en relación con tener una perspectiva. Creemos que la fiscal ha cometido en esta causa un profundo incumplimiento y negligencia en el desempeño de su trabajo, que debe ser observado por el Estado, y sobre el que habrá que proceder si cabe algún tipo de sanción.”

Desde la CPM anunciaron que comenzarán a analizar la causa para elevar un informe al Ministerio de Justicia, al Consejo de la Magistratura o a la Comisión de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia, según corresponda. “Es una (in)conducta que tiene que ser difundida y el Estado debe conocer en todas sus variables el comportamiento de la fiscal”, concluyó Jarque.

Ana María Supa, coordinadora del Programa de Género y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, también presente durante las audiencias judiciales, considera que hubo un “apuro perverso e indudable” por juzgar a Yanina González y naturalizar la violencia machista ejercida por su dominador, Alejandro Fernández, “e hipotéticamente convencidos de la necesidad de condenarla, cuando lo razonable era la unificación de juicios que prevé el Código Procesal”. La funcionaria supone con criterio que siempre se excluyó el contexto real “para imponer con autoritarismo misógino la condición de victimaria”.

La causa contra Yanina pone de manifiesto los inmensos agujeros negros existentes entre entre juzgar y procesar desde una perspectiva de género, respetando los derechos de las mujeres, y en contraposición proceder bajo estructuras antigarantistas de un derecho heteropatriarcal, que pareciera respetar sólo los derechos humanos en ciertas y dudosas circunstancias. El perfil de Yanina se construyó deliberadamente, a partir de una visión sesgada por el machismo y la misoginia, que la corrió a conciencia del lugar de mujer damnificada por la violencia sufrida durante toda su vida.

“¿Qué sucedió con la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales?”, se pregunta Supa. “El Estado argentino establece la protección contra la violencia hacia las mujeres como parte del entramado básico y fundamental sobre el que se estructura la organización social. Evidentemente, en este caso jamás se cumplió ninguna de estas premisas.”

Despiertas e insumisas

Desde diciembre del año pasado Yanina vive en la casa de Carina Leguizamón, una integrante del movimiento Vecinos Organizados de Moreno y mujer fundamental que abrió las puertas de su casa para que la joven accediera al beneficio de la prisión domiciliara. Leguizamón festeja: los frutos de esa lucha militante para visibilizar el caso, un espejo cercano de su pelea por la libertad de las hermanas Ailén y Marina Jara, presas por defenderse de un vecino abusador que sigue asolando el barrio.

“Armamos una comisión por la libertad de Yani, comenzamos a difundir su historia, a generar herramientas de reparación potentes”, revive Leguizamón. “De a poco, a cuentagotas, lxs vecinxs hicimos jornadas, redes de fortalecimiento que se concentraron y dieron esta libertad contundente. Qué más puedo pedir.”

Si tocan a una, respondemos todas. El eco es inacabable y poderoso como los mensajes que siguen explotando en las redes sociales. A Cecilia Raspeño la estremecen algunos momentos olvidables. Prefiere proyectarse en un horizonte más luminoso, que enlace con otras energías. Sonríe. “Cumbiancheras, queers, feministas, locas, rapadas, jóvenes, viejas. No nos etiquetan ni estigmatizan; nosotras salimos a romper con cualquier esquema que nos silencie. Ni dormidas ni sumisas.”

Yanina “era una piba sumisa, hecha mierda”, se anima Cecilia. “Hoy está más estimulada, qué duda nos cabe. No quiere saber nada con los que le hicieron daño, está rompiendo murallas enormes en su historia. Espero que vuelva al espacio de mujeres del Barrio Obligado.” Allí donde esta semana todos los diablos perdieron el poncho porque las brujas que el miércoles cantaron y bailaron hasta pelarse las plantas de los pies eligieron anhelar, como Yanina, una vida nueva con recursos propios, donde el futuro no las proyecte partidas ni violentadas.