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Por M. D.
María Meza está indignada, tanto que es capaz de gritar más fuerte que su hijo mayor, de dos años y medio, que berrea como cualquier niño cuando no han pasado ni diez días del nacimiento de la hermanita. Es que ella fue testigo, ella vio cuando le manoseaban la vagina a la hija de Jorge Mansilla cuando la mamá la llevó a la visita. No tiene ni un año la beba y así y todo tuvo que someterse a la requisa como cualquier adulto, o peor, sin entender lo que estaba pasando ni por qué a su madre el corazón le latió de indignación antes de que quedara fija como una máscara la mueca de espanto. Y eso que Jorge está detenido en la comisaría tercera de Caleta Olivia –junto a otros dos compañeros, entre ellos el marido de María Meza– porque él lo pidió y porque tres mujeres iniciaron una huelga de hambre para que se escuche ese pedido. Fue el 26 de octubre que Elsa Orozco, Marcela Constancio y Selva Sánchez dejaron de ingerir sólidos en la comisaría cuarta de Caleta donde están detenidas,igual que los varones, después de una movilización que pedía trabajo genuino. Ahora, dice María, ya se notan las mejillas hundidas y el colgajo de la ropa sobre sus cuerpos. El traslado de Jorge era el primer punto de una lista de reclamos, el segundo eran sus propias condiciones de detención: no tienen patio, las visitas se cortan arbitrariamente, están hacinadas en una pequeña pieza y separadas de sus hijos menores de cuatro años aunque en este país las mujeres detenidas tienen derecho a permanecer con ellos hasta esa edad. Selva, incluso, estaba amamantando cuando la detuvieron. Y todavía lo hace; la huelga de hambre amplificó ese reclamo y ahora le llevan a su bebé cuatro veces por día para que lo alimente. Y nada más. Es que en Santa Cruz no hay dónde alojar mujeres detenidas, dice el abogado de las presas, César Amaya, mucho menos mujeres detenidas junto a sus hijos. Menos que menos mujeres que no habían imaginado que podían terminar en esa situación, sencillamente porque nunca supieron que habían delinquido. Ellas, dice María, estaban pidiendo trabajo, como lo hicimos todos durante todo el año. “Les hemos arrancado casi mil puestos de trabajo genuino, porque no queremos planes acá donde se ve clarito cómo las empresas se llevan el petróleo y no quieren dejar nada a cambio.” Marcela, Selva y Elsa son jefas de familia, entre las tres cuentan 13 hijos, cada una sostenía su casa con un plan social de la provincia. Pero ahora que están bajo prisión preventiva por una suma de acusaciones que van desde privación ilegítima de la libertad –del intendente, quien se supone que por las movilizaciones no podía abandonar su despacho en la municipalidad– hasta impedimento de la actividad económica –un artículo que sobrevivió a la reforma de la Ley de Subversión Económica y fue pensado para aplicarse en casos de lock out patronal– ya no pueden cobrar esa ayuda y no saben cómo harán sus vecinos para mantener a los chicos. Que les devuelvan los planes, al menos, es el tercer reclamo de esta huelga de hambre que ya lleva 20 días. Por su libertad piden afuera, ellas lo saben, se lo dicen las pocas visitas que tienen autorizadas por el juez Marcelo Bailaque que entiende en la causa. Ellas no entienden la causa. Dicen, por teléfono, que esto es la “criminalización de la protesta”, o de la pobreza, usan indistintamente un término o el otro en el rato en que pueden gozar del teléfono, después de las nueve de la noche. Sólo por quince minutos.