La Conferencia de Pekín, en 1995, las declaró como el motor de la economía de los países aunque gran parte de las mujeres rurales viven en pobreza extrema, como sostenes de familia, sin acceso a los servicios básicos y con enormes cargas de trabajo. El último Encuentro Nacional de Mujeres celebrado en Córdoba intentó rescatarlas de una ausencia manifiesta en los registros oficiales, si bien ya habían alzado voces en octubre en Necochea, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. “La invisibilidad de las mujeres en las cifras sociodemográficas y económicas son una muestra de este problema”, suele repetir la investigadora Silvia Borsellino, de Santiago del Estero, quien advierte en la fragilidad del sector una de las mayores dificultades para discutir políticas públicas. Por cierto, la legislación argentina sigue siendo avara en este punto, al no reconocer más que unos flacos párrafos de recomendaciones específicas estipuladas en la ley 23.179, de aprobación de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, rubricada en 1985.

No existe información global en la Argentina que permita cuantificar el aporte de la mujer del campo a la producción rural, aunque la mayoría de las que participan en esa actividad desarrolla tareas y responsabilidades antes reservadas a los hombres. Quedar al margen, entonces, de los beneficios de las políticas públicas, se convirtió en una consecuencia lógica traducida en trabas legales y culturales sistemáticas, como la negativa a otorgar créditos blandos o la ausencia de una legislación que contemple la factura y comercialización de sus productos. El Encuentro 2007 entre Mujeres Campesinas y Aborígenes, organizado por la red Trama, las unió “proponiendo desde la dignidad de los derechos y no desde la lástima”. Fijaron conclusiones que promueven la lucha por la tierra y el agua con igual ardor que la educación para la salud en temas como incesto, anticoncepción, abuso sexual y enfermedades de transmisión sexual. Que las víctimas de violencia sean escuchadas; que haya juezas defensoras de las mujeres y albergues donde dormir cuando son violadas, golpeadas y amenazadas; talleres de educación sexual para madres e hijas; aplicación del programa de salud reproductiva en áreas rurales; relevamiento de la desnutrición materno-infantil; que las instituciones educativas respondan a las demandas de la comunidad y que sean sancionados los docentes que abusan de niños y niñas, “ya que si son trasladados vuelven a hacer lo mismo”. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sostiene que las mujeres producen más del 50 por ciento del alimento que se cultiva en el planeta. La mayoría de población bajo la línea de pobreza vive en zonas rurales: el 70 por ciento de esa franja son mujeres y su principal recurso es la agricultura. Para salir de la ciénaga a mediano plazo, coinciden voces de los movimientos territoriales argentinos, debería capacitarse a los gobiernos en el saludable ejercicio de repensar lo productivo y lo político desde una mirada de género.