96 muertes como efectos colaterales

Durante las inundaciones murieron 23 personas ahogadas. Durante los meses posteriores, la cifra de muertos por sus secuelas alcanzó a 119, según un informe de la Casa de Derechos Humanos, que concentra a todos los organismos de la ciudad de Santa Fe con la colaboración de las ONG Acción Educativa y Canoa. “Más de la mitad de las víctimas no tenían antecedentes de problemas de salud, mientras que se detectó que la mayoría de las personas que tenían alguna enfermedad, gozaban de buena calidad de vida”, dice el informe y también consigna que “en la mayoría de los casos, las patologías mencionadas como causa de muerte se acompañaban de cuadros depresivos severos”.

La Casa de Derechos Humanos también elaboró un informe sobre las secuelas que sufren los que padecieron la inundación. “Los barrios donde se registra la mayor cantidad de personas con secuelas son aquellos que el intendente, el día 29 de abril de 2003, indicó que se podían quedar tranquilos, que no se iban a inundar. La rapidez de avance del agua, la imprevisibilidad de los responsables y la magnitud del desastre convirtieron a esta población en la de más alto riesgo”, indica ese informe. Los datos que se utilizaron para ese relevamiento fueron de personas que pudieron hablar y denunciar lo que les pasaba. “La mayoría de la población afectada no sólo se encuentra sin la atención adecuada para poder elaborar el trauma sino que le cuesta reconocer y hablar sobre lo que le pasa y siente”, afirma el mismo trabajo. Los organismos denuncian: “Resulta alarmante que a partir del año de la catástrofe el gobierno inicie el trabajo de la atención psicológica de esta población con un pequeño grupo de profesionales, y que a los seis meses los resultados que se publican son sólo numéricos.” Si de números se trata, los profesionales que trabajan en la problemática aseguran que el Ente de la Reconstrucción contrató a 20 psicólogos y 100 abogados, en su mayoría con el objetivo de convencer a la gente de recibir lo estipulado por el gobierno, sin derecho a pataleo.

“Denunciamos la falta de políticas en salud. Desde un primer momento toda nuestra atención la pusimos en la pérdida de vidas humanas, en ese momento hablamos con la Secretaría de Derechos Humanos y con el Ente de la Reconstrucción. En ningún momento se atendió ninguno de nuestros reclamos, como darles prioridad a los afectados por las inundaciones para la atención médica. En todo ese tiempo siguió muriendo gente”, afirmó Julia Gaitán, una de las autoras del informe, quien señaló que las casas están inhabitables, y hay gente que vive en condiciones inhumanas, todavía evacuados. “Todavía hay un galpón con cinco familias abandonadas en un lugar donde nadie puede habitar y también quedan unas pocas familias en el ferrocarril Belgrano (un centro de evacuación que llegó a tener 2000 personas). Todos están abandonados, porque el Estado no se ocupa de ellos. Y en sus casas no se puede vivir, la mayoría son inhabitables”, afirma.

Responsables de entonces, funcionarios de ahora

Una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo fue presentada en mayo de 2003 ante la justicia santafesina. Esta semana, los actores civiles de la causa patrocinados por las abogadas de Casa de los Derechos Humanos hicieron una presentación para impedir que prescriban. Las abogadas Lucila Puyol y Lucrecia Faccioli arguyeron que, según el artículo 67 del Código Penal, mientras sigan siendo funcionarios, los delitos están vigentes. Y eso es así para la mayoría, que se mantiene en cargos públicos. Pero no se avanzó nada. Durante este tiempo, el juez Diego de la Torre tomó declaraciones testimoniales a los funcionarios de entonces, pero ninguna indagatoria. El fiscal Ricardo Favaretto tampoco las pidió.

“Presentamos un escrito solicitando que se llame a indagatoria a personas que resultarían responsables de la catástrofe a la luz de todas las pruebas que hay en el expediente por la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público que prescribe a los dos años. Al mismo tiempo, por el artículo 67, cabe la interrupción de la prescripción debido a que la mayoría continúan siendo funcionarios. Estamos esperando que el juez y el fiscal los llamen a indagatoria”, explicó Puyol. Como el juez se encuentra en uso de la licencia, no habrá medidas por ahora.

A media hasta

Ana Salgado es la directora de la Escuela Vicente Zaspe, del barrio Santa Rosa de Lima. Allí empezaron a recibir personas evacuadas en la noche del 28 de abril, y estuvieron organizando la comida para alrededor de 400 personas, entre ellos una mujer en silla de ruedas. “Preparamos leche, alfajores, a la otra mañana temprano nos fuimos a ver, ya esa noche se veía gente yéndose del barrio, a la otra mañana nos fuimos a ver el agua que estaba entrando. Pedimos un sol de noche por si teníamos que volver a permanecer otra noche más y cuando íbamos a ir a buscarlo, vemos que el agua empieza a llegar a la escuela. Entro para pedir los camiones para evacuar a la gente, y cuando miro para afuera, el agua ya entraba por los escalones. Había 400 personas, la gente seguía viniendo a la escuela. Pero cuando pasabas por el portón la fuerza del agua te tumbaba. Temprano habíamos conseguido una escalera de hierro; cuando el agua me llegó a la cintura, dije subamos al techo. Era el mediodía cuando empezamos a subir. Lo primero que perdimos fue la noción del tiempo”, relata esta directora que hoy está trabajando con sus alumnos para recuperar la memoria, porque “esto no puede volver a suceder”.

Cuando se quedaron sin luz y sin teléfono “fue la total sensación del abandono. Sólo teníamos una radio para escuchar noticias. Eramos 400 personas entre adultos y chicos, más algunos sachets de leche, yogur, alfajores. Gracias a la viveza de la gente del comedor que subió con nosotros, llevamos algo para comer. En eso entró un vecino en canoa a buscar a sus familiares y decidió priorizar a la mujer en silla de ruedas y una embarazada. Sabíamos que no las íbamos a poder subir”, sigue el relato. "En aquel momento nos daba bronca escuchar a Reutemann decir que la gente no se fuera de los techos, o al ministro de gobierno Carlos Carranza que decía que no había combustible para los lanchones. Lo que no había era decisión política para usar el combustible que hubiera en la ciudad para esta emergencia”, afirma con una convicción que el tiempo sólo ha profundizado. Ese día lo pasaron en el techo de la escuela, pero a la nochecita el agua empezó a llegarles a los tobillos. Sólo el techo del comedor, a dos aguas, era un poco más alto. Pero irse allí también era riesgoso. Entonces apareció Luis Cejas, un vecino con una canoa que sacó gente toda la noche. “Primero salieron las mamás con los chicos, después las mujeres solas y por último los hombres. Cuando yo salí había más de 6 metros de agua. Salir era toda una odisea, pero Cejas sacó a cientos de personas esa noche.” Salgado recuerda aquello con detalle y confiesa: “La escuela es una fortaleza tan grande, pero yo me paro y tengo la sensación de que el Salado avanza de nuevo. No lo digo porque a la gente no hay que asustarla. Tenemos que luchar por nuestros derechos con alegría, porque quieren vernos tristes y enojados”. La bandera estará hoy a media asta en todos los establecimientos de Santa Fe. “Le vamos a decir no a la desmemoria.”

Contra el olvido

María Angélica Mamet, de la Escuela de Psicología Social Pichon Rivière, es una de las operadoras en salud mental que trabaja con los inundados desde el primer día. “Hacemos un balance negativo del desarrollo de esta situación. Aquí hay un daño no reparado, que implica además la no asunción de responsabilidades. Lo que uno puede decir es que el daño se ha profundizado, por eso decimos que es un balance negativo”, dice la profesional. Para Mamet, “a esta altura en la gente operan por un lado mucha rabia, mucha bronca, porque va tomando cada vez más conciencia de lo perdido, pero también por el sentido de la injusticia”. Por eso, considera una apuesta a la salud que la gente se sume a la pelea por la justicia. “Hay una lucha muy fuerte contra el mensaje de olvidate, ya pasó, ya está bien, ya fue. Ese es un mensaje que circula desde diferentes ámbitos. Surge desde la impotencia, pero lo que tapa es que la persona no está mal porque no olvida, sino por lo que pasó.” La especialista subraya que la gente “no se puede olvidar de algo que ha significado una ruptura absoluta de sus condiciones de vida previas, algo que te rompió el proyecto de vida, que te lo desarmó, no puede ser olvidado, debe ser elaborado”. Esa elaboración está dificultada porque los responsables políticos no asumen esa responsabilidad. “Está claro que hubo una acción deliberada que implicó tamaño daño. Ellos no asumieron esta acción deliberada y la gente quedó con vivencias de aniquilamiento, de descuido, de desprotección absoluta por parte del Estado que es quien se supone que lo debe cuidar”.

Pero además, el miedo sigue a flor de piel. Hace un mes circuló la información de que el río Salado volvería a hacer un pico. “Fue un momento terrible donde hubo situaciones de pánico, mucha angustia. La gente del barrio decía que a las 2 de la mañana parecía la peatonal, porque frente a un dato que les volvió a reactivar la angustia y el miedo por lo vivido, lo que hicieron fue buscar la bicicleta y llamar a los vecinos, para ir al terraplén a mirar. No pueden creer lo que dice el gobierno, tienen que corroborar con sus propios sentidos”, afirmó.