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La mendocina María Cristina (Marita) Perceval, senadora por el PJ, especializa su labor parlamentaria en dos áreas: Defensa y seguridad internacional por un lado y la militancia feminista, que cruza con lo institucional desde la perspectiva de los derechos humanos por el otro. Actualmente preside la Comisión de Defensa, es vicepresidenta de Decretos de Necesidad y Urgencia y participa de Relaciones Exteriores, Desarrollo Humano, Educación, Ciencia y Tecnología, Derechos y Garantías. Entre 1993 y 1995, antes de desempeñarse como legisladora, fue presidenta del Instituto de la Mujer de Mendoza.

—Del año pasado rescato, más allá de algunas cuestiones que quedaron en suspenso para este año, que se haya aprobado la enmienda a la Convención sobre Discriminación, que veníamos siguiendo desde el feminismo, porque eso da la posibilidad de ampliar los tiempos de informes, peticiones y denuncias. También la modificación del Código Civil sobre equidad de varones y mujeres para el matrimonio.

¿Qué cuestiones se podrían plantear en este año legislativo?

—Por un lado, es necesario trabajar en una ley de violencia contra la mujer desde una perspectiva de género, independientemente de los proyectos que están ingresando y que hacen foco en la violencia intrafamiliar, toda vez que lo intrafamiliar importa distintos sujetos convivientes, y que es sólo una de las manifestaciones de violencia contra la mujer. También hay un consenso en el Senado sobre la necesidad de abordar un vacío legal sobre una situación reiterada en la región, de mano de las redes del crimen organizado: el tema del tráfico y la trata. No podemos seguir con este nivel de inespecificidad. Hay que tipificarla con claridad, especialmente la trata, y a la vez hacer políticas públicas integrales. Por otro lado, de la Cámara de Diputados llegó un proyecto ya aprobado y que está pendiente en el Senado, que es significativo en términos de lo que es respeto a la integralidad de los derechos humanos: el de arresto domiciliario para la mujer embarazada y/o con hijas e hijos a cargo. Eso está pendiente en nuestra Cámara y tiene que salir. Hay todavía temas para seguir debatiendo, como un proyecto sobre uniones de hecho, que lejos de ser un tipo de relación propio de sectores medios privilegiados, se encuentra habitualmente en sectores más vulnerables, y desatendido como está vulnera todavía más la situación de seguridad económica y social de las mujeres, especialmente las más pobres. Ese proyecto lo había presentado el año pasado y perdió estado parlamentario, por eso voy a re-presentarlo, igual que otro sobre la gratuidad en el sistema público y privado de cirugías plásticas reparadoras para mujeres que hayan sido sometidas a mastectomías. Eso existe en Brasil y otros países del Mercosur, perfectamente podría aplicarse acá.

¿Hay un contexto favorable para el tratamiento de estas leyes?

—Por lo menos en el referido a violencia contra las mujeres sí. El mío, de hecho, no es el único. En cuanto a trata y tráfico sucede algo similar.

¿Están dadas las condiciones para que, más allá de afiliaciones partidarias, las cuestiones de género favorezcan alianzas entre legisladoras?

—Sí. Y en estos días todas las senadoras han aportado su firma para algo así: un proyecto (que viene desde 2003) para formar una comisión especial de la Banca de la Mujer. Estas bancadas femeninas existen ya en la Comunidad Europea y en el Mercosur. Tiene como objetivo el monitoreo de la normativa y la legislación, para verificar que no tenga resabios discriminatorios ni sexistas, pero también, al mismo tiempo, para que las propias legisladoras puedan tener una dimensión y una perspectiva de género desde los derechos humanos. Se trata, también, de facilitar y sistematizar tareas de investigación, capacitación y fortalecimiento de las propias parlamentarias, porque acá muchas llegamos reproduciendo mandatos tradicionales. Porque si te fijás, a pesar de que ya casi rondamos el 40 por ciento, todavía existe una segmentación política de género en los espacios de las comisiones. Hay resistencias, tal vez no tan fuertes, pero sí persisten asignaciones naturalizadas de pertenencias a ciertas comisiones y temas... te lo digo como presidenta de la Comisión de Defensa. Claro que es cierto que no todas ni la mayoría de las senadoras vienen del feminismo, somos algunas, pero sí creo que es posible trabajarlo para asumir con sinceridad experiencias propias como mujer política, para no decir eso de “yo nunca fui discriminada”, “nunca sentí asimetrías en las relaciones de poder”, que es un poco el discurso que sostienen las mujeres en espacios de toma de decisión. Por eso la Banca de la Mujer puede contribuir a alianzas de solidaridad estratégica con nuevas senadoras, lo mismo que con algunos de los varones que acaban de incorporarse.

¿Y en cuanto a derechos reproductivos?

—Igual que en Diputados, aquí el año pasado hubo iniciativas no sobre legalización sino sobre despenalización de aborto en situaciones específicas, como el terapéutico, que habían tomado fuerza especialmente por los casos de las dos chicas del año pasado. Esto sin duda se ha debatido mucho, pero se va a seguir debatiendo este año.

¿No hay consensos que permitan avanzar en la despenalización del aborto terapéutico?

—No, por lo menos en este momento no pareciera posible lograr un consenso que permita llegar a un tratamiento para un dictamen: el tema, tal como está en debate en la sociedad, está en debate en el Senado. Yo no he sido autora, pero sí he acompañado iniciativas de Diana Conti, de Vilma Ibarra, de Silvia Gallego, para sincerar situaciones en que claramente la despenalización no es sólo un derecho sino una razón humanitaria... pero este año no creo que sea posible avanzar.