Por primera vez Argentina fue denunciada ante el Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas por el incumplimiento de la legislación vigente en materia de aborto. Una de las noticias del año que estamos cerrando es que el Estado reconoció ante el Comité la violación de los derechos y propuso la constitución de una mesa de diálogo con representantes del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y las peticionarias (el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), de Rosario, la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), de Córdoba, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).

En la misma se discute la reparación integral de la niña y fundamentalmente las medidas de no repetición. Se trata de alrededor de 30 iniciativas orientadas a garantizar aspectos relacionados con violencia de género y salud reproductiva. En propuestas que van desde reformas legislativas a la implementación concreta de programas y monitoreo social.

La presentación corresponde al caso conocido como LMR, la chica de Guernica violada por su tío. La demanda demostró que la acción del Estado en el caso de LMR no fue un hecho aislado, sino que corresponde a un patrón de violaciones. Pocos meses después que el Estado reconociera el incumplimiento con la ley en materia de aborto no punible, tomó estado público la situación de la nena de 12 años de Mendoza, que cerró con un listado interminable de irregularidades y falta de respeto por la normativa vigente nacional e internacional.

Entonces nos preguntamos: ¿qué es necesario que ocurra para que estas situaciones no se repitan? ¿Hasta dónde los compromisos que el Estado Nacional contrae son sólo una formalidad? ¿Cuándo pueden ser parte de nuestra realidad cotidiana?

Este año hubo otra situación que llegó a la escena pública: la chica internada en un patronato de Bahía Blanca. La tutora denuncia al patronato por la falta de cuidado de la nena, pide el aborto y la internan para realizarlo. Un juez interfiere con un recurso de amparo, que es revocado por la Cámara y finalmente se practica el aborto, con la aplicación del protocolo de aborto no punible del Ministerio de Salud de la provincia.

En este caso se logró el cumplimiento de la ley, pero tuvieron que confluir muchos factores: la protocolización para cumplir la ley, la clara decisión de la tutora, la convicción de las autoridades y médicos intervinientes, la solidaridad del movimiento de mujeres. ¿Y si todo esto no hubiera sucedido? Posiblemente estaríamos en una situación parecida a la que sucedió en Mendoza.

Insistimos: hay patrones que se repiten. De lo que se trata es de que se construya el NUNCA MAS al incumplimiento de la ley. Nunca más las niñas/mujeres deben ser objeto de violación, de un poder patriarcal, eclesial, médico, judicial.

Interesa destacar el reconocimiento del Estado a raíz de la denuncia al Comité de Derechos Humanos porque entendemos que es la resultante de una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos en general y de las mujeres en especial. No es un hecho aislado ni un acto "esclarecido" de unas pocas, con conocimiento de los organismos internacionales. Se trata, además, de un factor necesario pero no suficiente.

La despenalización social del aborto se ha producido. La misma se inscribe en décadas de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Sin dudas los cuatro años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tienen un papel central en este cambio.

Lo que está en debate cuando de derechos sexuales se trata es la resistencia al mandato patriarcal de la maternidad como destino. Las que los defendemos y las mujeres que todos los días como pueden los ejercen, nos resistimos a que la maternidad sea una imposición o un castigo por ser mujeres sexuadas, una pena por el placer. No aceptamos ser incubadoras. Lo que no soportan algunas instituciones y personas voceras del poder más ancestral es nuestra capacidad de decidir.

* Integrante de Acción por los derechos de las Mujeres (ADEM) y del equipo que presentó la demanda al CDH.