› Por Sonia Tessa
El Senado de la provincia de Santa Fe estaba en condiciones de sancionar la ley que reglamenta la atención post aborto en los centros de salud provinciales. El proyecto fue presentado dos veces por la diputada provincial del SI Alicia Gutiérrez. En 2006, cuando la presentó por primera vez, perdió estado parlamentario. Insistió el año pasado, y la iniciativa obtuvo media sanción en septiembre. Ayer tenía preferencia para ser analizada en el recinto por los senadores santafesinos. De este modo, Santa Fe sería la primera provincia del país que le da fuerza de ley al protocolo.
La necesidad de reglamentar la atención a las mujeres con complicaciones de aborto se actualizó dramáticamente con la muerte de Carina, de 30 años, y Perla, de 24, el 20 y 21 de febrero pasado, en el hospital provincial de Rosario. En el caso de Carina, 36 horas antes de su internación –que derivó en una cirugía de urgencia– había concurrido a otro hospital provincial, pero sólo le prescribieron ibuprofeno. Después de esos fallecimientos evitables –al que se sumó el de Ana, el 10 de marzo, en el hospital regional de Reconquista–, el colectivo integrado por mujeres independientes y organizaciones sociales, políticas, feministas y gremiales Mujeres Autoconvocadas Rosario (MAR) pidió entrevistas a distintas autoridades, como el ministro de Salud de la provincia, Miguel Angel Cappiello, y la secretaria del Area, Débora Ferrandini. Fue ella quien les manifestó la voluntad política de poner en práctica la guía ministerial elaborada durante la gestión de Ginés González García.
Sin embargo, para MAR era importante contar con una herramienta legislativa que no dependiera de la administración de turno. Así que impulsaron su tratamiento en el Senado. Allí fueron con datos contundentes de un documento elaborado por ellas mismas, a partir de cifras oficiales. En la provincia de Santa Fe, en 2006, hubo 2766 egresos hospitalarios por complicaciones post aborto en el sector público. Es decir que el 24,5 por ciento de los egresos hospitalarios por causas obstétricas –excluyendo los partos– se debieron a complicaciones post aborto. De cada 100 partos atendidos en hospitales públicos, hay 18 mujeres que deben concurrir a hospitales con complicaciones por aborto. Pero el dato más preocupante es que la provincia tiene la segunda tasa más alta del país de egresos por abortos considerados de alto riesgo, es decir, de mujeres menores de 20 años. Cada 100 partos asistidos en 2006, hubo 21,5 abortos de jóvenes y adolescentes. “Sólo el Chaco tiene una tasa más alta. Y en niñas de 10 a 14 años la situación es aún más preocupante, porque es la tasa más alta del país”, indicó Marité Yanos, integrante de MAR.
La activista considera que una ley dará mayor peso a la puesta en práctica de la guía en todos los centros de salud. “Una vez que se aplique y reglamente, ser profesional de la salud de la provincia significará estar en concordancia con la normativa vigente”, explicó Yanos, quien trabajó activamente para el avance legislativo, junto con otra activista del mismo colectivo, Silvina Boschetti.
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