Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de un abuso sexual u otros delitos tienen que declarar una sola vez en todo el proceso judicial, únicamente ante una psicóloga u otra profesional especializada y a través de herramientas tecnológicas que permitan a las partes seguir la declaración fuera del recinto. El objetivo es reducir lo más posible el estrés del proceso judicial y no revictimizar a las víctimas. No se trata sólo de propuestas, sino de un protocolo que ampara el derecho a la justicia de la infancia.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Unicef presentaron, el 15 de noviembre, la “Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos”. El manual orienta la actuación de los funcionarios y operadores involucrados en las distintas instancias del proceso judicial al que se ve sometido un niño/a víctima o testigo de abuso sexual u otros delitos. Y abarca una diversidad de momentos y aspectos, desde la recepción de la denuncia inicial por parte de la policía o el develamiento del hecho en la escuela, hospital u organismo de protección, hasta el seguimiento de la niña, niño o adolescentes con posterioridad al cierre del caso, incluyendo los objetivos de la atención inicial, los recaudos a tomar en el examen médico forense, la protección de sus derechos, acceso a la Justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso, técnicas de entrevista a utilizar por la profesional forense para la declaración testimonial, las características y configuración de la sala, las instalaciones y el equipamiento, etc.

La publicación intenta dar normativas para que no sea peor el remedio que la enfermedad y decidir ir a la Justicia se convierta en un castigo. “En la actualidad siguen habiendo múltiples y frecuentes situaciones en las que las niñas, niños y adolescentes reciben un abordaje inadecuado en los poderes judiciales y otros organismos del Estado”, denuncian la ADC y Unicef.

“La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo específicamente en lo que refiere a su corroboración. Esta clase de violencia se caracteriza por ser consumada dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario. Se trata de un tipo de delito en el cual, a diferencia de otros, en muchas ocasiones no quedan evidencias físicas que sirvan como prueba para el proceso, ni existen testigos presenciales del hecho. En los delitos de integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor muy relevante para la corroboración de los hechos”, señalan José Miguel Onaindia, presidente de ADC, y Andrés Franco, representante de Unicef en Argentina. Ellos resaltan: “Por eso es de fundamental importancia que durante todo el proceso la víctima sea tratada de modo tal que se respeten sus derechos y su dignidad, y se adopten las medidas necesarias para que goce de una consideración y atención especial con el fin de garantizar su bienestar y evitar que se produzca un nuevo trauma”.

Una consigna clave es optimizar las oportunidades para obtener pruebas válidas, confiables y de calidad adecuada durante la investigación. Por eso, es esencial que se realice una videograbación con el relato y que sea utilizada en las diferentes instancias del proceso judicial. Otra norma importante es que haya una sola pericia física y que se realice exclusivamente si es necesario. También es primordial que, en todo momento, se garantice el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oída; su relato y sus opiniones deben ser debidamente tenidos en cuenta en todas las etapas del proceso. Y si bien se prioriza que el testimonio se tome una sola vez, si la víctima o testigo empieza a hablar espontáneamente, se indica que es indispensable que se tome registro textual de su relato.

Además se pone énfasis en el género de quien debe escuchar. Si la niña se niega a hacer el relato frente a un varón o se muestra particularmente inhibida, debe haber una mujer disponible para tomar el testimonio. Otro reparo es que los juicios sean ágiles y que los encuentros se lleven adelante puntualmente, que siempre tengan prioridad los chicos y chicas y que se intente que los horarios dispuestos no interfieran con sus actividades o el horario escolar.