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El allanamiento que realizó la Gendarmería el 28 de febrero último en la morgue policial de La Plata, a partir de la investigación que encabeza el juez Luis Federico Arias sobre el número de víctimas fatales de la inundación del 2 de abril de 2013, sacó a la luz el caso de una joven paraguaya muerta en diciembre de 2008 en un prostíbulo del barrio Norte de La Plata, que había sido allanado antes en una causa por tráfico y trata para explotación sexual. Entre el material secuestrado por la Gendarmería figura una Instrucción Primaria Penal (IPP) del caso, pero el pedido de inhumación sigue pendiente y casi cinco años después no se sabe qué ocurrió con el cadáver. Fuentes del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 que encabeza Arias adelantaron que iniciarán el entrecruzamiento de datos de ese y otros legajos para comprobar si existen documentaciones registrales falsas y la posibilidad de que se hayan realizado dobles sepulturas de cadáveres con idéntico nombre. Para el magistrado, estos hechos “gravísimos abren una caja de Pandora, porque a partir de este tipo de mecanismos con connivencia policial y judicial podrían haberse llevado a cabo desapariciones en democracia”. El hecho grafica también el funcionamiento de redes prostibularias con protección policial y abre el debate sobre la desaparición y los muchos destinos finales de las víctimas de trata.

El 8 de diciembre de 2008, María Martina Santacruz Segovia, de 24 años, una joven de nacionalidad paraguaya, murió en el incendio de un prostíbulo en la calle 38 entre 14 y 15 del barrio Norte. Fueron vecinos quienes dieron aviso a los bomberos del Cuartel Central de La Plata, que actuaron de oficio porque nadie hizo la denuncia y la vivienda estaba vacía cuando se presentaron. Tras apagar el fuego hallaron sin vida a Santacruz Segovia, con signos de asfixia y lesiones en el cuerpo, atrapada en un baño de la casa que era investigada desde el 15 de noviembre, desde la fuga de otra mujer paraguaya de 27 años, compañera de la víctima, rescatada por un cliente que la ayudó a escapar. El hombre la llevó en su moto hasta una estación de servicio en 7 y 32, le robó el bolso y huyó. Los investigadores dijeron que la chica no sabía dónde estaba. “Tardó cuatro días, ayudada por la policía, en ubicar la casa donde la retuvieron como esclava sexual.” Era un ama de casa de Asunción que fue convencida por un individuo llamado “Juan”, de venir a la Argentina para cuidar a una anciana. Llegó a La Plata el 8 de noviembre y desde entonces una mujer la mantuvo encerrada en una habitación para explotarla sexualmente. La joven habló de otras dos chicas paraguayas de 18 años en situación idéntica. El allanamiento del 21 de noviembre ordenado por la UFI N° 11 descubrió que la construcción estaba subdividida en dos partes, sin comunicación entre sí. En la casa del frente liberaron a las dos chicas mencionadas en la declaración, que confirmaron el viaje desde Asunción mediante engaños; se detuvo a la regenta del prostíbulo, de 58 años y nacionalidad paraguaya; a su hijo, de 24; a otro hombre de 27, pareja de la mujer, y a dos encargados, y se ordenó la detención en Paraguay de “Juan”, acusado de captar y trasladar a las víctimas. En la vivienda del fondo se identificó a diez mujeres mayores de edad sometidas a prostitución. Se sospecha que una de ellas era María Martina Santacruz Segovia, la víctima que cinco años después se convirtió en un nombre sin cuerpo y sin tumba.

El caso, que parecía haberse perdido, resurge con una serie negra de interrogantes como efecto colateral del allanamiento de febrero en la morgue. ¿Por qué desde 2008, cuando ocurrió el incendio, a la fecha, no consta en documentos que se haya enterrado el cadáver de Santacruz Segovia? ¿Qué ocurrió con el cuerpo si el pedido de inhumación sigue pendiente? ¿Por qué el prostíbulo siguió funcionando pese a la investigación que se había iniciado en noviembre? ¿Cuáles fueron las causas del incendio? Durante años y sin devolución, desde la morgue policial se pidió que la Justicia labrara la licencia de inhumación para enterrar el cuerpo, hasta que en agosto de 2013 fue inscripta en un formulario donde se vuelca en informaciones vagas, cuando en la IPP figura la fotocopia del documento de identidad de Santacruz Segovia. “Me pregunto si no habrá sucedido lo mismo que con Raúl Jaime Islas, uno de los casos testigo de dobles entierros en la investigación por la tragedia de La Plata”, dice María Soledad Escobar, que colabora en la causa del juez Arias en carácter de amicus curiae. La de Santacruz Segovia es una de las cinco licencias de inhumación sin cuerpos que se secuestraron en el allanamiento de febrero. “Por qué no sería posible que la hubieran enterrado y que esa licencia de inhumación sea utilizada en el futuro, para sepultar a otra persona. Estas licencias para cuerpos que en principio no están en la morgue podrían terminar convirtiéndose en cheques en blanco para desaparecer personas.” Lo curioso es que en estos días surgió un oficio de la UFI

N° 2, a cargo de Tomás Morán que entiende en la causa por el fallecimiento de Santacruz Segovia, solicitando al Registro Provincial de las Personas que inscriba la defunción de la joven para enterrarla, paso que en el cementerio de La Plata se niegan a dar en tanto no salga el cuerpo identificado desde la morgue policial, hecho por cierto poco y nada probable, habida cuenta del tiempo transcurrido desde el deceso y de las condiciones deplorables en que se encuentra esa morgue, que tampoco contribuirían a una identificación segura con sus cámaras de frío disfuncionales, alimañas, fluidos corporales en los pisos y cadáveres amontonados.

Arias confirmó en un fallo reciente que por la inundación del 2 y 3 de abril murieron 89 personas y no 67, como se difundió oficialmente. Hoy considera que la situación revelada en esas jornadas “es gravísima, porque hablamos de estructuras rígidas del Estado que podrían estar puestas al servicio de la desaparición forzada de personas. Se trata de una cultura organizacional del Poder Judicial penal que llega a la instrucción de las causas policiales. Son estructuras corporativas enquistadas en espacios institucionales que sobreviven a cualquier cargo político, que necesitan una reforma urgente. Es una deuda de la democracia”.