[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Recuerdo que la detuvieron a fines de 2010 pero llegó a entender su situación un año después. Recién entonces pudimos empezar a trabajar para empoderarla.” Mariana Katz, a quien Reina se refiere con cariño entrañable, describe ese período como una iniciación. Es la abogada que se acercó a la joven durante uno de los monitoreos habituales que realizan especialistas de la CPM en la Unidad 33 de Los Hornos. Desde que se creó el Programa Pueblos Originarios y Migrantes, que Katz dirige, algunas de las tareas centrales consistían en registrar las nacionalidades de la población carcelaria. Hasta que emergió el caso de Reina y se replantearon objetivos. Hoy, la CPM atiende nuevos casos de ciudadanas bolivianas a quienes les quieren quitar sus hijxs antes de que hayan comprendido acabadamente los procesos judiciales.

La titular de la Dirección de Litigio Estratégico y el Programa de Pueblos Originarios de la CPM, Margarita Jarque, considera que el de Reina Maraz es un litigio estratégico porque al asumirlo como caso testigo la CPM le imprime una proyección social, “profundizando en circunstancias que tienen su anclaje en áreas de especial trascendencia en el marco de los derechos humanos, como son los derechos de las mujeres y los de los pueblos originarios. Permite colocar en debate políticas públicas y el comportamiento estatal en estas temáticas”. Katz acuerda haciendo eje en la aparición en escena de la intérprete Frida Rojas, “que fue clave para que no se siguieran violando los derechos de Reina y mejorara su acceso a la Justicia. Hasta hoy creo en su inocencia. Ella no miente”.

Durante cuatro años, intérprete, abogadas y víctima fueron afianzando vínculos y extendiendo la posibilidad a Abigail del acceso a una nueva lengua. “Hoy la niña tiene la capacidad de hablar los dos idiomas sin perder sus raíces.” Mientras unas la interiorizaban sobre sus derechos humanos de etnia y género, Reina les describió su comunidad, la extrañeza de estar lejos de sus padres, la violencia que sobre ella ejerció el marido y los desprecios cotidianos de su familia política. Esos lazos se fortalecieron aunque no lo suficiente como para desarmar el accionar “sectario, racista y misógino del aparato jurídico y su discurso enquistado”, lamenta Katz. “A Reina la condenaron como si fuera una represora; en el juicio oral un policía dijo que ella hablaba castellano porque en Los Hornos una compañera le enseñó palabras sueltas, en la cámara Gesell se utilizó a su hijo de 5 años de modo macabro para culparla. Se aplicó lo que en Derecho se denomina ‘la teoría del fruto podrido’. Se usó una teoría podrida.”

Según la abogada, el TOC Nº 1 de Quilmes dicta fallos desconociendo toda perspectiva de género y de derechos humanos. “Les presentamos un amicus curiae con un informe de la doctora en temas de género y pueblos indígenas, Karina Bidaseca, que fue rechazado.” Alimentan nuevas expectativas: desde la Defensoría General de la Nación manifestaron intención de colaborar. Pero sobran palos en la rueda porque “muy pocos jueces tienen perspectiva de género y casi ninguno de interculturalidad”. Una década en pasillos de tribunales le bastó a Katz para comprobar que “el Poder Judicial deshumaniza; no se ven personas, sólo papeles y expedientes. Y esto se exacerba con las mujeres en general, que estamos en situación de vulnerabilidad constante”.