La barra brava de Chacarita en un papel estelar y la Doce, su enemiga irreconciliable, como partícipe necesario, generaron con los incidentes del domingo 31 de agosto una situación que pone en aprietos a dos pesos pesado. Complicaron aún más la precaria realidad política de Luis Barrionuevo y, por carácter transitivo, colocaron en la mira de algunos funcionarios a Julio Grondona. En las raleadas huestes del senador y sindicalista gastronómico creen que sus muchachos del tablón fueron infiltrados. Y desde la Secretaría de Seguridad Interior, con Javier Castrilli como ariete, se avanza para comprometer al presidente de la AFA en un plan de duras reformas que difícilmente garantice. Las primeras especulaciones que se realizaron, con los 71 heridos aún conmocionados, se desvanecieron en menos de una semana. Ya no son mencionados ni Aníbal Ibarra ni Mauricio Macri como beneficiarios o perjudicados por aquel bochorno. Pero sí persiste la sospecha de que la Policía Federal tuvo una responsabilidad clave en los sucesos, por error u omisión. Sea como fuere, los episodios de la Bombonera no hicieron otra cosa que reflejar, una vez más, cómo la violencia en el fútbol difumina a otras violencias tan cotidianas como ella. Los estadios, colosales escenarios para la recreación de las peores conductas, generan imágenes que la televisión multiplica de a millones. Imágenes que el Gobierno no está dispuesto a contemplar sin hacer algo para evitarlas. Aun a riesgo de que se suspenda el juego que más les gusta a los argentinos.
“Es la barra de Chacarita, no nos olvidemos. Por casualidad no fue...”, afirmó Castrilli el jueves por la noche, después de haber mantenido la enésima reunión con jueces, funcionarios, dirigentes y policías. A esa altura, los principales referentes del sector más pesado de la hinchada se habían llamado a silencio. Raúl Gustavo Escalante, alias “Muchinga”; el Gordo Luis, “Pelo”; Daniel Segal, alias “Juanchi” y Daniel “Pajarito” Benedetti, eludían las entrevistas “por orden de arriba”, según le confió una fuente a Página/12. Ni siquiera dos históricos, como Alberto Alfredo Apollonio, alias “Batata”, y Horacio “Turi” Ginés, hoy ya retirados de la barra, estuvieron disponibles. Sólo José Novello, el abogado que patrocinó a los hinchas de Chacarita que la Doce atacó el 3 de marzo de 1999 en la Bombonera, aceptó dialogar con los medios. “Todo fue preparado por la gente de Ibarra para perjudicar a Macri”, disparó y tras comentar que había estado en la tribuna el domingo 31, agregó: “Si le echan la culpa a Barrionuevo, yo le echo la culpa a Beliz”.
Al día siguiente del partido inconcluso en La Boca, a un puñado de kilómetros de allí, en San Martín, aparecieron carteles pegados con lainscripción “Ahora más que nunca, aguante funebrero”. Las calles del barrio fueron visitadas el viernes por el juez de Instrucción Mariano Bergés, con el propósito de allanar la cancha de Chacarita. En sus manos quedó una causa donde se intentará comprobar si ciertos agresores de la Bombonera son los mismos que quemaron urnas en Catamarca el 3 de marzo pasado cuando se suspendieron las elecciones provinciales. Una doble función que refuerza la tesis de cómo estos grupos operan tanto en el fútbol como en la política. “Habría dos personas que estuvieron en los dos lados y fueron filmadas”, informó una fuente.
Mientras los investigadores trabajan la hipótesis que más incriminaría al gastronómico, en la AFA hay voces que se alzan contra la ineficacia de la policía. Incluso se le atribuye responsabilidad a Castrilli porque siguió en directo los incidentes desde el comando central de la Federal a través del circuito cerrado de cámaras de TV. El ex árbitro y titular del Prosef deslinda toda responsabilidad de los efectivos de seguridad en los incidentes y niega que hayan intentado hacerle una “cama”. Además descartó las versiones que señalan causales políticas para responsabilizar de alguna manera a la gente de Ibarra y de Macri.
Castrilli no desecha una posible suspensión del fútbol, aunque concede que su organismo no posee facultades para conseguirlo. “No tenemos facultades sancionatorias, pero sí podemos vetar estadios”, deslizó, preocupado por la respuesta que recibirá hoy de Grondona cuando se reúnan en la Secretaría de Seguridad Interior para tratar su petitorio de seis medidas (ver aparte). La solicitud de modificar el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA para endurecer las sanciones a los clubes cuyos hinchas cometan desmanes, no seduce a la mayoría de los dirigentes. Más allá de las buenas intenciones del ex árbitro y de lo refractarios que son los directivos cuando se trata de juzgarse a sí mismos, no resulta sencillo delimitar el terreno sobre el que se juzgarán deportivamente los eventuales hechos de violencia.
Desde un tiempo impreciso a esta parte, los episodios más graves ocurrieron en las afueras de los estadios, incluso, a varios kilómetros de donde se desarrolla el juego. La barra brava de River mató a dos pares de Newell’s en un peaje rutero de la localidad de Lima, camino a Rosario, hacia donde el equipo de Manuel Pellegrini iba a jugar con Central. Y en el Ascenso abundan los enfrentamientos entre violentos sobre la General Paz, el Camino de Cintura y otras zonas de tránsito hacia los diferentes escenarios futboleros. Cabe entonces preguntar: ¿será pasible de una severa sanción el club cuyos hinchas causen disturbios viajando a una cancha que no es la propia?
Si se les descontaran quince puntos a los equipos cuyas barras obliguen a suspender un partido por subirse a un alambrado, ¿qué medida debería adoptarse en un caso como el de Gustavo Rivero, el hincha de Independiente asesinado por barrabravas de Racing el 17 de febrero de 2002 y que salieron desde un quincho del club disparando y no desde lo alto de una tribuna?
Todos los argumentos se tornan verdades a medias. Y casi nunca se menciona una cosa: que si resulta azaroso moderar los efectos de semejante violencia –jamás podrán suprimirse en su totalidad– se debe a que muchos de quienes tienen que aportar soluciones son los mismos que originan el problema. Las instituciones no tienen la culpa, pero sí aquellos que las conducen. Grondona alguna vez confesó que cuando le tocó discutir sobre sanciones a directivos en alguna reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, “siempre se busca un pretexto para pasar de largo”.
Como contribución a la búsqueda de una visión más amplia y esclarecedora, vale la pena recordar lo que describía Tito, un antiguo líder de la estigmatizada barra de Chacarita, el 18 de septiembre de 1992, en un reportaje de La Nación: “Acá nos vienen a buscar todos... Hasta losradicales: cuando la campaña de De la Rúa, nos quisieron comprar y les dijimos que no, que éramos peronistas. ¿Ves? Cuando les conviene, somos cabecitas negras y delincuentes. ¿Querés que te haga una lista de todos los políticos que nos pusieron una parva de billetes para tocar el bombo en sus actos? Rico, Nosiglia, De la Rúa...”.
La nómina podría seguir con Menem, Duhalde y muchos intendentes del Gran Buenos Aires. En las tribunas no están los únicos responsables. Apenas los impresentables.