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La fuga cinematográfica del barrabrava Rafael Di Zeo no sólo dejó atrás un arsenal de munición gruesa, documentos falsos y divisas; también permite acreditar, una vez más, hasta dónde el poder político está comprometido con esos personajes que ahora busca el juez Mariano Bergés en el marco de una investigación que tiene como escaparate al fútbol, pero que compromete por igual a dirigentes de clubes y a ciertos funcionarios. El líder de La Doce trabaja en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como inspector, según informó su tío, Ovidio Di Zeo. Pero, además, siempre fue muy versátil: prestó servicios tanto para el PJ como para la Alianza.
No es el único individuo con antecedentes violentos en el fútbol que se nutre del Estado: Santiago Lancry, alias “El Gitano”, ex referente de la barra brava boquense, controla la seguridad en la Legislatura porteña. Y en las oficinas del Ministerio de Justicia donde se desempeña a ritmo febril Javier Castrilli, recibieron la información de que presuntos integrantes del sector más pesado de Nueva Chicago estarían desperdigados por diferentes organismos estatales gracias a los buenos oficios de Cristian Ritondo, diputado nacional electo que acompañó a Mauricio Macri en su lista y que responde a Miguel Angel Toma en el peronismo porteño.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas en el fútbol le pidieron el viernes último una audiencia al presidente Néstor Kirchner con la idea de denunciar a los “mercenarios denominados barrabravas, funcionales a los dirigentes de fútbol, sindicalistas y políticos corruptos que crearon estos monstruos”. En todos los casos se trata de prácticas muy vigentes que cruzan de modo transversal a las principales fuerzas partidarias. Y que instan a escalar hacia arriba en la búsqueda de responsabilidades. Porque hacia abajo escapó Di Zeo con sábanas anudadas y él es apenas un engranaje de una maquinaria mucho más compleja.
El escurridizo barrabrava y su hermano Fernando son el producto de jerarquías que se dirimen a los tiros en el corazón de una tribuna. Hoy están prófugos y su discreto protagonismo quedó anclado en el pasado, cuando ocupaban cargos expectantes en el grupo que lideraba el fallecido José Barritta, más conocido por el mote de “El Abuelo”. La dinámica que fueron adquiriendo sus fechorías se explica, en parte, por una disposición de la Inspección General de Justicia que data del 3 de abril de 1991. Gobernaba Carlos Menem y el interventor de la IGJ, el doctor Ramón Miralles, firmaba la resolución 155 que le otorgaba personería jurídica a la denominada fundación El Jugador Número 12.
La comisión directiva del engendro ideado por el barrabrava calabrés estaba integrada por Rafael Di Zeo y Fernando Héctor Di Zeo, como prosecretario y protesorero, respectivamente. Tenía su sede en Uruguay 546, 5º piso y sus socios preveían aportes por 88.500.000 australes de entonces cuando “precalificaron” el trámite ante la IGJ. A junio de 1994, se estimaba que Barritta y su gente habrían recaudado en tres años unos 3 millones de pesos. Hoy, esa suma que resultaba descabellada para la época, no lo es tanto. Y sobre todo porque al Rafa Di Zeo se le hallaron en el departamento de Flores de donde escapó, 100 mil pesos en billetes de baja numeración, 10 mil dólares, DNI apócrifos, un grueso arsenal y –en el estacionamiento– dos automóviles: un Mitsubishi y un Peugeot 206.
Los vínculos permanentes u ocasionales que este individuo estableció en los últimos años no sólo comprendieron al mundo de la política. Di Zeo consiguió que lo recibiera en una ocasión, en su propio despacho, Mariano González Palazzo, vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Del encuentro desarrollado en mayo del 2000 también participaron el ex volante de Boca José Basualdo y el abogado Marcelo Roquetti, integrante del bufete de Adrián Menem, hijo del senador Eduardo Menem, en lo que constituyó una situación muy llamativa. En los medios trascendió que durante la charla se le solicitó al magistrado que intercediera ante sus pares sobre el destino del barrabrava, por entonces procesado. Aún hoy se recuerda que, por aquella tertulia, el juez –que además integra el Colegio de Arbitros de la AFA en representación de Boca– no salió bien parado.
El fiscal Oscar Ciruzzi, otro hombre de la Justicia que integra la unidad especial que ya supervisa los fines de semana la conducta del público en las canchas, ante una consulta de este diario aportó su punto de vista sobre cómo se mimetizan los barrabravas en la política o a la inversa: “Lo difícil en esta historia, si se trata de intervenir judicialmente, es cómo se relacionan estos comportamientos con algún tipo de conducta punible. Porque se puede argumentar: ‘Lo tienen a fulano de tal, que es barrabrava, trabajando en un organismo del Estado’. ¿Y? ¿Cuál es el tema? Yo lo puedo abordar por alguna maniobra estafatoria, porque es ñoqui, cobra y no va, o porque lesionó o mató en el rol de barrabrava. Parecería que la conexidad, que disfraza ese clientelismo del que se valen los políticos, puede existir. Pero no es fácil encontrar la conducta normada en el código para que los comencemos a perseguir. Salvo que aparezca la figura de la asociación ilícita para que, ante una indeterminación de delitos, se lo pueda encuadrar como un integrante de la misma”.
¿Y por casa cómo andamos?
Los familiares de las víctimas en el fútbol decidieron pedirle el viernes 3 una audiencia al presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Liliana Suárez de García, la mamá de Daniel Hernán García, asesinado el 11 de julio de 1995 en Paysandú, Uruguay, cuando finalizó un partido por la Copa América entre las selecciones de la Argentina y Chile, firmó la nota en que solicita ser recibida junto a otras madres y padres en la misma situación que ella. Confía en el santacruceño y ansía brindarle información sobre las causas judiciales de varios de los muertos. Su búsqueda consecuente de la verdad, a más de ocho años del asesinato de su hijo cometido por barrabravas de Deportivo Morón, todavía no recibió una respuesta de la Justicia uruguaya.
No obstante, ella volvió a viajar por enésima vez a Paysandú el pasado 18 de agosto, se reunió con uno de los tantos magistrados que tuvo el expediente, entrevistó a la viuda de un testigo clave que falleció en circunstancias dudosas un mes después del crimen de Daniel y volvió a pedirle a la bucólica sociedad, donde encontró la muerte su hijo de 19 años, que aportara algún dato a la causa para que cobre vida nuevamente.
Durante su complicada pesquisa, Liliana de García recogió un valioso testimonio hace casi cinco años: el de Horacio Román, senador provincial bonaerense del PJ y titular de la Comisión de Seguridad en esa cámara, además de ex vicepresidente de Deportivo Morón. “En el círculo donde paramos nosotros, todo el mundo banca a estas patotas”, le confesó y agregó otro dato sugestivo referido a la Justicia de su distrito: “Hay un chico, es de la barra brava. El secretario de la Cámara Penal. ¿Oyó? Vos sos el secretario de la Cámara Penal (le dijo el senador a ese funcionario judicial) y me venís a hablar bien por Cadenas...”.
El testimonio lo recogió la madre de Daniel, lo grabó y lo aportó a la causa abierta en Uruguay. El personaje al que alude Román, un tal Cadenas, no es otro que Máximo Manuel Zurita, el Gordo Cadena, el símbolo más violento que ha tenido la barra de Morón en los últimos años. Trabajó en ese municipio durante la gestión de Juan Carlos Rousselot, en el sector de Servicios Públicos. Pero también se las rebuscó en el ámbito privado: ofició de patovica en una discoteca de Villa Gesell y hasta controló la llegada de los invitados, la noche en que se inauguró una escuelita de fútbol que pertenece a Carlos Navarro Montoya y otros jugadores, ubicada en General Paz y Francisco Beiró. El arquero de Chacarita, vaya paradoja, acaba de integrar una comisión de Agremiados que se entrevistó con Javier Castrilli para que no aumentara la quita de puntos a los clubes cuyos hinchas cometan desmanes. Lo más reciente que se conoce sobre el paradero de Cadena data del año pasado. El periodista Miguel Bonasso consignó en Página/12 que participó de la represión a cacerolazos en el oeste del Gran Buenos Aires, tanto en Merlo como en Ituzaingó. El negó los hechos días después, pero sí recordó en un reportaje que le hizo El Diario de Morón: “Rousselot me pagaba diez sueldos municipales para llevar gente a los actos políticos del PJ”.
¿Será por vinculaciones similares entre el poder político y las barras bravas que Julio Grondona se preguntó en voz alta el 9 de mayo de 2000 en el Congreso: “Y por casa cómo andamos?”. Un auditorio hostil pretendía interpelarlo sobre qué medidas había adoptado la AFA para contrarrestar la violencia en el fútbol. Y sus interlocutores eran los diputados que integraban la Comisión de Deportes de la Cámara.
La línea a investigar
Eduardo Slutzky es vicepresidente del fútbol profesional en Vélez Sarsfield y sabe cómo se manejan ciertas barras bravas en el fangoso terreno de la política bonaerense. En la elección del 14 de septiembre, acompañó al piquetero Luis D’Elía en la fórmula para gobernador y vicegobernador en el distrito. Y comprobó cómo sus partidarios tuvieron que resistir un apriete de la barra brava de Almirante Brown por una pared estratégica, pintada con los mensajes de su agrupación, Cambia Buenos Aires. Su relación con el líder de La Matanza nació el 28 de enero de 2001, cuando unos 20 mil piqueteros que marchaban hacia la Plaza de Mayo pasaron por Liniers –su ex barrio– y los vecinos los recibieron con mate cocido y pan al grito de “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”.
En su análisis sobre la violencia en el fútbol, Slutzky sostiene que si se enfoca la mira sólo en los dirigentes deportivos, “se parcializa el análisis porque hay cientos de ejemplos donde los políticos utilizan a estos jóvenes para sus fines. Entonces, la conexión entre las barras bravas y los políticos es la línea a investigar. Y para muestra sobra un botón. Siempre tenemos al mismo personaje ante hechos de corrupción muy fuerte, que es Luis Barrionuevo. Un cachivache, no tengo otro término. Y él no es más que el ejemplo de lo que nuestra política nos supo dar en estos últimos 26 años, mientras los argentinos mirábamos para otro lado”.
El directivo de Vélez aclaró que no deslindaba la responsabilidad por los hombres que conducen el fútbol y además cargó contra la policía: “Las barras bravas se pasan toda la semana pensando en la última batalla, que es el domingo. Ahora, ¿quién retroalimenta esto? La misma policía que corta coches, que trafica drogas, que secuestra gente y que mata. Es decir, ¿quién puede en su imaginario suponer que los servicios de inteligencia policiales no saben de quiénes estamos hablando, cuando se trata de estos grupos violentos? Por eso, si miramos en perspectiva, la resolución del problema pasa por una cuestión de educación general. Y para eso, primero tenemos que pensar en cómo cambiamos a la policía y cómo la democratizamos”.
Slutzky, por último, se interrogó: “¿Qué mejor para los políticos y la policía que tirar un muerto en el fútbol? ¿De quién es la responsabilidad? De los dirigentes. Y siempre van a quedar afuera los políticos y la policía, cuando sabemos perfectamente que se nutren de estos lúmpenes”.