La re-reelección que Carlos Menem no pudo conseguir como presidente de la Nación resultó un trámite exitoso para Mauricio Macri, quien desde la semana pasada quedó habilitado por un fallo de la Sala K de la Cámara Civil porteña para continuar en su cargo como máximo dirigente de Boca. La sentencia de los jueces Carlos Degiorgis, Carlos Molina Portela y Julio Moreno Hueyo revoca una resolución de la Inspección General de Justicia que declaraba irregulares las postulaciones del ingeniero y de Pedro Pompilio como cabezas de la fórmula autoproclamada por el período 2003-2007. El veredicto, que significó un alivio para el dirigente, no obstante se puede convertir en un problema para los camaristas que avalaron un tercer mandato consecutivo.
Un pedido de juicio político ingresó al Consejo de la Magistratura el jueves último. Y en uno de sus fundamentos se expone que “el conjunto de graves irregularidades fácticas y groseras violaciones a las garantías constitucionales generan un estado de semiplena prueba respecto de que los magistrados actuantes habrían receptado y aceptado distintas formas de ‘influencias’ del ingeniero Mauricio Macri y del señor Pompilio por sí o por sus representantes y/o letrados”.
La solicitud del juicio político contra la Sala K por su desempeño en la causa “Club Atlético Boca Juniors c/IGJ sobre recurso administrativo” fue presentada por el ex vicepresidente del club, Roberto Digón, con el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez. El ex directivo es uno de los damnificados por la re-reelección de Macri, ya que su lista fue impugnada a fines del 2003, días antes de que se suspendieran los comicios.

Y el ganador es...:

Si se mira hacia el pasado, la victoria judicial del presidente es una más dentro de una cadena de fallos o medidas que resultaron funcionales para sus intereses en los casi diez años que lleva de gobierno en el club. El primer antecedente data del 23 de julio de 1997 cuando el por entonces ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo le concedió un recurso jerárquico de apelación para que continuara vigente el Fondo Común de Inversión Boca Juniors.
Los efectos de esa resolución ministerial se extendieron en el tiempo por un año y poco más de un mes. Pero, asimismo, provocaron un cortocircuito con la Sala A de la Cámara Civil, que reclamó para sí la competencia que se había arrogado el funcionario menemista, a la sazón un buen ladero del ingeniero en las prédicas que compartían para machacar a favor de las sociedades anónimas en el fútbol. O sea, para abrir más y mejores negocios.
Unos años después, Macri encaró la modificación del estatuto boquense para que los dirigentes avalen con su patrimonio las operaciones que realicen en nombre del club. En esa ocasión, la Justicia también le dio la razón. En primera instancia, la jueza Betty Saigg de Piccione y luego la Cámara Civil que, con un fallo del tribunal compuesto por los doctores Fernando Posse Saguier, Ricardo Burnichon y Elena Highton de Nolasco –esta última, actual integrante de la Corte Suprema– ratificó la sentencia inicial. Con una salvedad: los camaristas adhirieron al planteo de fondo respecto de los avales, pero consideraron excesivo el 20 por ciento solicitado y lo redujeron al 10 por ciento del patrimonio xeneize.
Queda claro que, en espinosos asuntos como el Fondo Común de Inversión, los avales y ahora la re-reelección, el ingeniero ha salido airoso ante cada escollo que se le presentó. Por influencias, como en la controvertida intervención del riojano ministro Granillo Ocampo o por discutibles argumentos jurídicos, los opositores de Macri casi siempre se retiraron derrotados de los tribunales en litigios relacionados con Boca.

El que pierde paga:

Según la Sala K, la postulación del dueto Macri-Pompilio “no contravino lo establecido en el artículo 60 del Estatuto Social por haber determinado la Asamblea de socios que dispuso la reforma de dicha norma desestimar la inclusión de la cláusula transitoria que proponía computar el primer período a tal efecto”. Por lo tanto, la fórmula podrá continuar en sus respectivos cargos hasta fines del 2007 y si el presidente cumple todo su mandato, completará doce años consecutivos al frente del club. Acaso una cifra que jamás hubiera soñado cuando asumió por primera vez el 13 de diciembre de 1995.
Con el fallo de los camaristas Degiorgis, Molina Portela y Moreno Hueyo en sus manos, el doctor Gil Domínguez expresó: “La sentencia de la Sala K desconoce el principio republicano de gobierno que se aplica desde la Constitución a todos los ámbitos públicos y privados. Posibilita que los límites de una asamblea sean tergiversados, permitiendo que una sola persona tenga el privilegio de tres mandatos mientras que cualquier otro socio sólo podrá ostentar los cargos de presidente y vice por dos períodos consecutivos. De esta manera, se desconoce la interpretación auténtica del principio republicano que surge de la Cláusula Transitoria novena de la Constitución Nacional”.
Los magistrados también determinaron que Digón y otros integrantes de su agrupación que llevaron adelante la presentación contra la re-reelección tienen que pagar las costas del juicio (unos 12 mil pesos), medida que Gil Domínguez considera inadmisible porque el denunciante no había sido “admitido como parte del proceso”. O sea, se trataba para él de un pleito entre Boca y la Inspección General de Justicia (IGJ). Y lo fundamentó de aquel modo cuando elevó el pedido de juicio político contra el tribunal civil ante el Consejo de la Magistratura.
El joven abogado, un especialista en Derecho constitucional que además tiene el carnet de socio boquense Nº 88.732, sintetizó en una frase muy sugestiva lo que piensa del fallo de la Sala K: “Fue una típica decisión de los años ’90 en una Justicia de los ’90”.
De esa época es el fallo del 3 de marzo de 1999, cuando la misma Sala, aunque con la participación de la jueza Teresa Estévez Brasa en lugar del actual juez Carlos Molina Portela, revocó una buena parte de la sentencia que había dictado el juez de Primera Instancia Víctor Perrota, en un tema tan delicado como la suspensión de los torneos de Ascenso por la violencia que se repetía cada fin de semana.
Los camaristas determinaron que la AFA no era responsable de la organización de los espectáculos futbolísticos y para ello se apoyaron, entre otros antecedentes, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el “caso Claudio Zacarías”. Ese fallo condenó al club Instituto de Córdoba a pagarle una indemnización al jugador por haber recibido una grave herida cortante en el vestuario de su estadio, el 8 de mayo de 1988. Pero no castigó a la AFA.
Aquel veredicto de la Sala K, sin embargo, no fue la noticia más importante del 3 de marzo de 1999. Ese día, y casi a la misma hora en que se conocía la decisión de los camaristas, la barra brava de Boca emboscaba a un grupo de hinchas de Chacarita en la Bombonera durante un partido amistoso. Uno de los argumentos que había esgrimido la Cámara Civil para dejar sin efecto la suspensión del fútbol fue que ciertos compromisos asumidos por la AFA habían redundado “en una mayor seguridad en los espectáculos deportivos organizados por los clubes afiliados”.
Por entonces, Página/12 tituló así la noticia sobre el levantamiento de la suspensión de los partidos de Ascenso: “La Justicia le da el alta a un fútbol más enfermo que nunca”. En aquella oportunidad, los violentos se guiñaron un ojo. Hoy, aunque por razones muy diferentes, Mauricio Macri y los dirigentes que lo acompañan en la conducción de Boca se frotan las manos. Pueden seguir en sus cargos hasta el 2007 gracias a una sentencia que, entre otras cosas, violaría “de manera grosera la garantía del debido proceso”, como sostiene el pedido de juicio político que pesa sobre los integrantes de la Sala K.