La presentación del pedido de juicio político contra los camaristas que les permitieron a Mauricio Macri y a su Comisión Directiva la re-reelección por un tercer período consecutivo solicita una medida precautoria rigurosa. En el escrito, que firman Roberto Digón y Alejandro Gil Domínguez, se le solicita al Consejo de la Magistratura que disponga medidas “a efectos de monitorear los movimientos económico-financieros de los magistrados actuantes desde enero del 2005 y por un lapso de cinco años, así como también los movimientos económico-financieros del club Boca Juniors durante el período enero del 2005-diciembre del 2005”.
El escrito de ocho carillas llegó al Consejo el jueves pasado y, según el propio Digón, presidente de la Agrupación “Nuevo Boca”, podría no ser el único que presente contra funcionarios judiciales. También tiene en la mira al inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, por lo que considera una grave irregularidad: la IGJ remitió el expediente a la Cámara antes de que venciera el plazo de apelación y una resolución –la 1480 del 18 de noviembre de 2004– quedara firme.
En el pedido de juicio político dice también que “el expediente al llegar a la Cámara no siguió los procedimientos normales y fue remitido a la Sala F (por una conexidad inexistente), luego a la Sala A (que es la sala que debería actuar porque fue sorteada) y por último a la Sala K, que sin ninguna clase de fundamentación lo tomó y tramitó”.
¿Qué sospecharán los adversarios políticos de Mauricio Macri? A la pregunta nadie se atreve a responderla en público.