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De la violencia en el fútbol no se sale hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Mientras las actitudes miserables sean una catapulta para las piedras o un disparador para las balas, será imposible. La AFA canceló un foro para tratar el tema porque no quería montar un escenario funcional a sus detractores. Los principales responsables de la Seguridad Deportiva continúan empeñados en defender su política de parches y no se hablan. Jueces y fiscales que tienen las pruebas de delitos y contravenciones ante sus ojos no hacen nada con ellas. Comisarios incapaces, en el mejor de los casos, montan operativos policiales que estimulan más muertes y rapiñas. Dirigentes de clubes inescrupulosos eligen el papel de víctimas, pero les dan toda clase de prebendas a sus victimarios. Y otros dirigentes, pero de la política, siguen haciéndose los distraídos y, cuando huelen la tragedia, invierten más saliva en discursos que recursos para evitarla.

El asesinato del carpintero Marcelo Cejas, un hincha de Tigre de 41 años, arrinconó otra vez al fútbol contra la pared. Una semana pasó de su crimen y todas las voces todas se alzaron para repudiarlo, aunque también de modo más o menos deliberado lo transformaron en una estadística. Seguramente, si la AFA realizaba el foro que tenía previsto para los días 21, 22 y 23 de mayo, un caso como el de Cejas hubiera demostrado su ineficacia al mes siguiente. Pero ése no es el punto aquí. Sus principales directivos decidieron levantarlo “porque se iban a hacer un festín con nosotros”, tal como confesó uno de los organizadores. Léase: la AFA sepultó esas jornadas donde se iban a discutir propuestas contra la violencia porque temía ser sometida al escarnio público. Una actitud mezquina que además conlleva una señal de debilidad.

Cuando a fines del año pasado se suspendían y postergaban partidos con inusitada frecuencia, el Coprosede bonaerense le elevó a la AFA una serie de propuestas. Ese texto fechado el 28 de noviembre rezumaba tanto voluntarismo como ideas que andaban dando vueltas por ahí: modificar normas, una base de datos sobre contraventores, la capacitación del personal policial destinado a los espectáculos (¿espectáculos?) deportivos, la reglamentación del traslado de parcialidades (por las barras bravas) y hasta la implementación de un módulo de enseñanza en la escuela sobre conducta y seguridad en los partidos. Se solicitaba en él “a distintos jugadores consagrados que participen al menos de una clase al año...”.

Desde aquel día pasaron algo más de siete meses. “La AFA nunca contestó”, se quejan en el organismo que preside el policía bonaerense y ex árbitro, Mario Gallina. Recién mañana, José Luis Meiszner, el secretario general de la asociación, visitará en La Plata la sede del Coprosede para discutir ciertos asuntos. Uno es jugar sin público visitante, como acordaron los clubes de la B Nacional para abaratar costos. Una idea que podría extenderse hacia las categorías de abajo (B Metro, Primera C y D), pero difícilmente hacia la de arriba. Resulta contradictorio: al hincha de Tigre lo mataron después de un partido por la Promoción con Nueva Chicago que, a los efectos reglamentarios, es considerado de Primera A. Estamos en condiciones de anticipar lo que pasará si se impide el acceso al fútbol de los visitantes. Piquetes de hinchas se movilizarán, las páginas de los clubes en Internet hervirán de propuestas y quizás haya nuevas movilizaciones hacia una AFA sorda.

Internas políticas y de uniforme

Castrilli y Gallina, mientras tanto, continúan cada uno en lo suyo. Un colaborador del primero le comentó a Líbero que “es difícil estar en la cabeza de Javier, porque la muerte de Marcelo Cejas tuvo el efecto de la bomba de Hiroshima”. Al subsecretario de Seguridad Deportiva es la segunda muerte violenta que lo sorprende en la Ciudad de Buenos Aires –la primera fue la Fernando Blanco, un hincha de Defensores de Belgrano, el 27 de junio de 2005–, cuando ya había decidido alejarse de su cargo. Tenía previsto ser candidato a intendente del partido de Almirante Brown, en el sur del Gran Buenos Aires, pero el trágico episodio de Mataderos dejó stand-by el pedido de licencia que pensaba tomarse cuando finalizaran los campeonatos.

Una fuente del Coprosede recuerda que los dos funcionarios no dialogan desde hace un par de meses. Pero hay recelos más antiguos y políticas enfrentadas que, en ocasiones, hacen agua en simultáneo. Si en los dos distritos que reúnen más partidos cada fin de semana no se ponen de acuerdo sobre qué medidas son permitidas para las banderas que portan las hinchadas, será más complicado que lo hagan en el trazo grueso de la política de seguridad. “Si no sucedió una muerte en los últimos meses hasta que pasó lo de Cejas, no fue porque se está trabajando bien. Es producto de la casualidad”, afirmó el funcionario cercano a Gallina. La autocrítica también diferencia a los dos organismos. Las que no se diferencian son las policías.

Las costosas cámaras que empezaron a comprar los clubes a partir de febrero de 1998 por iniciativa del lobby liderado por Fernando Miele, el ex presidente de San Lorenzo y el por entonces diputado nacional Fernando Galmarini, deberían apuntar por igual a los violentos y a la policía. Después de operativos desastrosos como los que se montaron en la cancha de Racing para la segunda final entre Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires o el de la Promoción decisiva entre Chicago y Tigre, no cabe otra medida que aquélla. O, ¿de qué otro modo estarían en condiciones de probarse esos casos de negligencia criminal? O cierta interna, como la que se atribuye al comisario de la Federal, Claudio Stábile –uno de los principales responsables del caos vivido en Mataderos el lunes 25– con el ex policía y actual vicepresidente 2º de Chicago, Jorge Ribeyro.

Este último le dedicó a la fuerza de seguridad una de las críticas más contundentes en el diario Olé: “La policía es pasiva, no previene, no reprime ante los violentos in fraganti. Ves en los videos policías parados, viendo cómo roban a los jugadores. ¿Para eso pagamos un operativo tan costoso?”. La batalla campal que finalizó con la muerte de Cejas sería la más grave consecuencia de esta sórdida disputa. Los dirigentes de Chicago, por si acaso, acaban de contratar los servicios del abogado de Omar Chabán en la causa Cromañón, Pedro D’Attoli.

Ahora bien, para el conocido letrado no resultará sencillo neutralizar el efecto causado por ciertas pruebas que está recolectando la Justicia: en la caja fuerte del club se encontró un talonario oficial de entradas que, en parte, habría sido destinado a la barra brava. La comisión directiva de Chicago, además, quedó comprometida por lo que sucedió dentro del estadio, que incluye las denuncias de tres jugadores de Tigre –Facundo Diz, Luis Salmerón y Mariano Pasini– sobre intimidaciones con armas. Y a la institución se le viene encima una clausura de su estadio que no bajará de 10 fechas. Algo más de una rueda completa del próximo torneo no podrá jugar como local en Mataderos.

En la muerte del hincha de Tigre interviene el Juzgado Nº 2 de Instrucción a cargo del doctor Omar Aníbal Peralta, que decretó el secreto del sumario, y un juzgado de contravenciones hace lo propio con las fallas en la organización del partido. Quienes conocen el desempeño del juez penal en otras causas confían en que la investigación puede avanzar, más allá de las dificultades que implica encontrar a quien arrojó la piedra que mató a Cejas. En el territorio bonaerense no existe la misma convicción respecto de otros expedientes judiciales. Desde el Coprosede aportan datos precisos sobre la inacción de jueces y fiscales, al menos en un par de casos.

Jueces, videos y funcionarios

Una denuncia por serios incidentes en el clásico Gimnasia y Estudiantes del 22 de abril de este año tiene debidamente individualizados a seis barrabravas del primer club, con sus respectivas fotos participando en los hechos y la responsable del juzgado de turno “no determinó ni una prohibición de concurrencia a los estadios”, sostienen los funcionarios de Seguridad. El otro episodio donde identificaron a 22 individuos cometiendo actos violentos ocurrió en Almirante Brown-Estudiantes, que terminó suspendido cuando le arrojaron una bomba de estruendo al arquero Walter Cáceres. “Hemos hecho decenas de denuncias con las respectivas pruebas y sólo al 10 por ciento de los barras se les aplicó la prohibición de ir a la cancha. Ni hablar de penas mayores. Por eso nosotros sostenemos que los sistemas de video-filmación sirven. La que parece no tomarlos en cuenta es la Justicia”, agregó la fuente.

El panorama de desolación no se agota en los atestados despachos judiciales, ni en la interna de los policías o de los organismos de Seguridad Deportiva. La áspera relación que existe entre el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, y su equivalente en la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, señala una división que ofrece demasiadas grietas en la política para el área. El primero, futbolero, socio e hincha de Quilmes, describió a su modo esa debilidad tras el crimen de Cejas: “Es un viejo conflicto (por la violencia en el fútbol) que nosotros hemos explicado y nos hemos ocupado debidamente, no con el resultado deseado, que hubiese sido terminar con este tipo de complicaciones y dar por resuelto que cualquiera vaya a un estadio de fútbol sin tener que arriesgar su vida...”. Al ministro de Seguridad bonaerense no le gusta el fútbol, lo percibe como un asunto aun más incómodo cuando viene acompañado de destrucción o muerte y, si fuera por él, se inclinaría por que la policía no preste servicio en las canchas.

El problema, está visto, compromete a funcionarios políticos, jueces, policías, dirigentes de fútbol, además de jugadores, técnicos, periodistas , por supuesto, a los hinchas. Cada sector deposita la responsabilidad en el otro. Cada uno deslinda la suya con rapidez. Jorge Luis Borges, a quien tampoco le gustaba el fútbol, hubiera dicho con su proverbial don para enlazar las palabras: “Mi humanidad consiste en sentir que somos voces de la misma penuria”. Acaso el fútbol, en el juego y en su entorno multitudinario, se convirtió en eso. Una penuria.