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Las declamadas buenas intenciones para superar la violencia que carcome al fútbol pueden convertirse en un garabato sobre un papel, si ciertos funcionarios continúan con los vicios de la vieja política. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, gestionó durante la semana que pasó la postergación de una clausura al estadio de Quilmes por una serie de irregularidades que detectó el Comité de Seguridad Deportiva bonaerense que encabeza Mario Gallina. La invocación de razones electorales esgrimida por el alto funcionario determinó lo siguiente: al club se lo sancionará en las próximas horas y no cuando hubiese correspondido, antes de los comicios. Mientras tanto, en Lomas de Zamora, el presidente de Los Andes, Vicente Rudi, teme lo peor. El líder de la barra brava, José Paz, un personaje de frondoso prontuario policial, estaría por recuperar la libertad después de zanjar a balazos sus diferencias con otro integrante de la hinchada. “Hay que respetar los códigos”, reza un mensaje mafioso que se puede observar sobre uno de los portones del estadio y que el dirigente interpreta como el inicio de hostilidades. Este conflicto no sería ajeno a que se interrumpió el pago de planes Trabajar en la sede del club, que regenteaba un lugarteniente de Paz.
Los episodios de Quilmes y Los Andes son apenas dos señales de que la concertación buscada por el Gobierno y la AFA para alejar a los violentos de las canchas –que contemplaría la quita de puntos y hasta la prohibición de concurrencia para el público visitante–, difícilmente pueda ser efectiva si no es acompañada por actitudes más diáfanas. Y hay otro dato inquietante: presuntos barrabravas de Nueva Chicago habrían realizado tareas de inteligencia sobre el domicilio de Javier Castrilli a raíz de una denuncia que éste formuló cuando, el 27 de junio pasado, el plantel de Mataderos recibió un apriete en el hotel donde estaba concentrado.
El Comité de Seguridad Deportiva que funciona en la provincia de Buenos Aires tenía bajo su mira a la barra brava de Quilmes desde el partido contra Estudiantes. Efectivos destacados en ese encuentro habían comprobado cómo ingresaban sin pagar y guardando numerosa pirotecnia y banderas de dimensiones prohibidas, cientos de sus integrantes. La información, según fuentes consultadas por Líbero, consta en la denuncia de un inspector de la AFA y en un informe policial. Cuando un par de fechas más tarde el Cervecero volvió a recibir en su estadio a Independiente, el modus operandi se repitió. En esta ocasión, se conocieron más detalles: varios barrabravas ingresaron por el estacionamiento ubicado a espaldas de la tribuna local, otros lo hicieron abonando entradas de menores, damas y jubilados y, por último, la policía verificó que una puerta que comunica la popular con el ingreso de automóviles estaba abierta y permitía el paso desde un sector al otro. De ese modo, se habrían filtrado sin pagar, con la pirotecnia y las banderas no permitidas.
Los dos episodios, de una envergadura menor comparados con lo que sucedió en la Bombonera el 31 de agosto, sin embargo, persuadieron al comisario Gallina de tomar una medida: la clausura del estadio. Este dato se filtró y motivó la intervención del ministro Fernández, un caracterizado hincha de Quilmes y ex intendente de esa importante comuna del Gran Buenos Aires. De su paso por el municipio, además de acumular denuncias que le impidieron renovar su mandato, se recuerda un hecho anecdótico, pero que indica su afinidad con el club de toda la vida. A uno de los directores técnicos que dirigía por entonces al equipo, le cedió un teléfono celular de la intendencia. El número (411-0821) figura mencionado en el libro El Entorno, la trama íntima del duhaldismo, del periodista Daniel Otero.
Los llamados de Fernández al Comité de Seguridad Bonaerense surtieron efecto y la cancha no fue clausurada. Recién durante esta semana se conocería el alcance de la sanción postergada, gracias a la coyunturaelectoral que invocó el ministro del Interior y que colocó en un lugar subalterno a la difundida lucha contra los violentos.
Vicente Rudi, el presidente de Los Andes, vive atemorizado. El jueves pasado concurrió por segunda vez en dos semanas al Comité de Seguridad Deportiva Bonaerense para denunciar un clima de creciente inseguridad en la institución que gobierna. Un hecho lo explica todo. Cuando jugaron el club de Lomas y Almagro, el domingo 7 de este mes por la quinta fecha de la B Nacional, el partido fue calificado de alto riesgo. No había antecedentes violentos entre las dos hinchadas que determinaran un operativo con más de cien policías, pero sí temor a represalias de la barra brava de Los Andes hacia la Comisión Directiva y, en especial, hacia su presidente.
Algunos mensajes que aparecieron sobre los portones del estadio, ubicado en la avenida Santa Fe, son más que sugestivos: “Hay que respetar los códigos”, “Sin nosotros no son nada”, dicen quienes firman como “La Banda”. Se trata de la barra brava de Los Andes, un grupo que responde desde hace años a un individuo de pésimos antecedentes: José Paz. El presidente Rudi lo conoce bien. Abogado de profesión, le habría brindado sus servicios profesionales cuando era secretario del club durante la presidencia de Armando Tedesco.
El líder del sector más pesado de la hinchada ha estado detenido durante los últimos meses por utilizar un arma como ya lo había hecho en otras oportunidades. Cobró notoriedad el 5 de mayo de 1998 cuando disparó hacia el piso para amedrentar al ex preparador físico del plantel de Los Andes, Gabriel Raffo, y, el 10 de octubre de aquel año, reincidió con otro método intimidatorio cuando atacó a golpes junto a un grupo de sus secuaces al director técnico Víctor Damiano. Por la agresión a Raffo, se abrió una causa por tentativa de homicidio, Paz fue a parar a la cárcel y cuando le correspondía hasta una pena de cinco años de prisión, el expediente cambió la carátula por amenazas de muerte, un delito excarcelable. Las informaciones de aquella época revelan que alguien pagó 10 mil pesos de la fianza y Paz recuperó la libertad. El dinero podría haber salido de los aceitados contactos políticos que el barrabrava posee en Lomas de Zamora.
Las diferencias que ahora existen entre Rudi y Paz no serían solamente por el pago de unos micros o determinada cantidad de entradas para la hinchada. Concesiones que a menudo se obtienen bajo presión en la mayoría de los clubes. La raíz del problema habría que buscarla en el final abrupto que tuvo la distribución de los planes Trabajar en la sede social de Los Andes, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Un individuo que responde al nombre de Julio, y que forma parte del círculo áulico de Paz, controlaba la entrega de los planes sociales en el club durante la presidencia del juez Hugo van Schilt. Hace unos meses, el tal Julio resolvió a puñaladas un entredicho con la persona que denunció a Paz y lo envió a la cárcel y, por ese hecho, Rudi acabó con la distribución de los planes Trabajar en la sede social. En consecuencia, hubo gente que perdió un dinero importante y no precisamente los adjudicatarios de los planes, quienes pasaron a cobrarlos en un predio del Camino negro.
En este caso, los tradicionales vicios de la política clientelística, expresados de otro modo que en la intervención del ministro Fernández, volvieron a mimetizarse con el sensible tema de la violencia en el fútbol. Como para corroborar aquello que sostiene Castrilli: “El problema, por complejo, requiere soluciones complejas y no sólo la instrumentación de una quita de puntos a los clubes cuyos hinchas cometan hechos violentos”. En efecto, si hasta el ex árbitro y director del Prosef (Programa de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos) ha sido uno de los damnificados por la oleada de hechos intimidatorios, la búsqueda de soluciones no se ciñe a lo que pueda ocurrir adentro de una cancha. A Castrilli y su familia le hicieron un seguimiento en su domicilio un par de individuos, que inclusive sacaron fotografías. El episodio se suma a las amenazas que recibió uno de sus colaboradores. La hipótesis que se maneja es que integrantes de la barra brava de Chicago, y que el propio funcionario denunció ante la Justicia, no se habrían quedado cruzados de brazos. Por eso, quienes están dispuestos a actuar, desde el juez Mariano Bergés hasta el ex árbitro, deberían por lo menos contemplar que la violencia no anida sólo en una tribuna los días en que se juega un partido.