La investigación sobre la presunta falsificación de pasaportes italianos continua avanzando. El juez federal que lleva adelante la causa, Norberto Oyarbide, comenzó ayer las rondas indagatorias a los 40 detenidos en los Tribunales de Comodoro Py, de Retiro, y aseguró que los autores de la maniobra fraudulenta quedaron grabados en escuchas telefónicas, en las que daban a conocer su forma de operar. Además, se habrían detectado alrededor de 700 trámites iniciados en Italia con datos totalmente falsos. Y mientras tanto, varios representantes y jugadores quedaron en la mira de la Justicia, por lo que seguramente serán citados a declarar en el transcurso de esta semana.

La causa ya tomó vuelo. Si bien en los pasos preliminares se indagará sobre quiénes gestionaron los pasaportes para la ciudadanía italiana –fuera de que ya hay muchas pruebas que conducen a la red de falsificadores–, luego restará resolver cuál será la situación de los futbolistas y representantes involucrados. Fernando Hidalgo, Gustavo Mascardi y Jorge Cyterzpiller son algunos de los managers investigados. Mientras que Juan Pablo Carrizo, Maximiliano Scapparoni, Ariel Broggi, Germán Denis y Juan Forlín, entre otros, son lo que tienen sus documentos bajo la lupa. Pero los involucrados no sólo forman parte del ambiente del deporte.

Según Oyarbide, la causa investiga “un comportamiento delictivo transnacional” que no solamente es llevado a cabo en Argentina sino también en diversas comunas de Italia. Las sospechas de los investigadores apuntan a que los 40 detenidos (32 mujeres) formaban parte de una organización que se dedicaba a la adulteración de documentos públicos y que estaba muy conectada con la venta de futbolistas al exterior.

Una de las empresas más comprometidas es Ciudadanía Express, de María Elena Tedaldi, que hoy es una de las detenidas. Su compañía hace tiempo estaba instalada al lado del consulado italiano y en su firma aseguraban contar con 150 clientes del mundo del fútbol. Tedaldi estuvo involucrada a fines de los noventa como traductora en la investigación del pasaporte de Juan Sebastián Verón y fue condenada a dos años de prisión, aunque luego el fallo quedó en suspenso.

La investigación surgió hace más de un año por una demanda del cónsul de Italia, Giancarlo Curcio, que denunció los primeros expedientes irregulares, que contenían firmas y sellos fraudulentos. A partir de ahí creció de manera exponencial, con la ayuda de la SIDE y la Gendarmería, lo que permitió realizar el viernes pasado más de 110 allanamientos en los que fueron detenidos supuestamente los principales sospechosos de la causas y se encontraron numerosas pruebas adicionales. De los lugares allanados, se incautaron matrices y sellos de goma del consulado y de comunas italianas, 60 computadoras, pasaportes, dinero y armas de fuego.

“Los propios protagonistas han quedado con sus voces grabadas en una enorme cantidad de horas (de escuchas telefónicas) y en ellas daban a conocer con inmensa tranquilidad su manera de operar”, explicó Oyarbide, quien se excusó de dar más detalles sobre la causa por el secreto de sumario con el fin de “asegurar el éxito de la investigación”.

Los delitos de falsificación de documento público y asociación ilícita que investiga el magistrado son castigados con penas que van de uno a seis años de prisión y de tres a diez años, respectivamente.

Ayer, hasta el cierre de esta edición las rondas indagatorias continuaban y seguramente se extenderán hasta la tarde de hoy debido a que eran muchas las personas que faltaban por testificar. La demora se produjo a raíz de que los abogados tenían que tomar contacto con el expediente y además había varios sospechosos que no tenían defensa. Igualmente Oyarbide, al igual que ayer, también dispondrá de todo el juzgado para culminar con las indagatorias primarias, para luego pasar a investigar la situación de los representantes y jugadores.