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Resulta que no fue el jueves pasado, porque había que esperar que se venciera un plazo para que se presentaran objeciones. Pero esta vez, en la Legislatura juran, perjuran y aseguran que la ley 2548 llegará al plenario para ser votada este jueves. No hubo objeciones porque el proyecto ya pasó por tres comisiones y tiene expresiones a favor de los principales líderes de bloque. Y porque los lobbies medio que se andan resignando, excepto el CPAU, que sigue haciendo comunicados de prensa medio patéticos.

La 2548 fue votada originalmente en diciembre de 2007 como una manera de encauzar una inesperada crisis política por el patrimonio. Acababa de salir el amparo protegiendo al petit hotel de los Bemberg en Montevideo 1250, un fallo que introducía un principio novedoso: si un proyecto de catalogación tiene estado parlamentario, no se puede permitir demoler el bien involucrado en el proyecto. Y esto ni siquiera era por una cuestión cultural o patrimonial sino constitucional: como los permisos de demolición los da el Ejecutivo, le estaba impidiendo al Legislativo cumplir su tarea. Y eso se llama conflicto de poderes y para calmarlo se aprobó el nuevo sistema, basado en un proyecto de la diputada Teresa de Anchorena (CC).

La 2548 abarca un amplio perímetro más o menos ribereño de la ciudad, de La Boca a Palermo, que supo ser el Paisaje Cultural que le quisieron vender Ibarra-Telerman a la Unesco. El papelón tenía alguna entidad legal, por lo que fue usado para aplicar lo que al fin de cuentas, y pese a las protestas de los lobbies, no es más que un nuevo sistema administrativo.

La novedad es invertir el bizantino sistema de protección patrimonial, deliberadamente creado para proteger poco y nada. Como está hoy, el sistema le impone toda la carga del trabajo al que quiere evitar una demolición. Ese patriota tiene que compilar antecedentes y presentar un escrito y fotos para demostrar el valor del edificio a salvar. El escrito necesita un padrino que lo impulse a través de la comisiones y la audiencia pública mandatoria. Luego, si todo sale bien, se vota y, si los legisladores aprueban el proyecto, todo vuelve a empezar. Eso se llama doble lectura y hay gente que zafó de homicidio culposo con menos trámite.

Esta espectacular colección de palos en la rueda se invierte en el polígono. La 2548 dice que en principio no se puede demoler nada construido antes de 1941. Donde en el sistema habitual la sospecha es que nada vale nada y todo puede ser demolido, en el nuevo la presunción es que todo lo construido hasta 1940 es potencialmente valioso y hay que estudiar el caso. El que quiere demoler debe presentar el caso por ventanilla normal, donde le avisarán que el inmueble está inhibido y el expediente tiene trámite especial. Lo que ocurre es que va al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, CAAP, que tiene que aprobarlo en plazo perentorio. Si el CAAP decide que el edificio es protegible, envía el expediente a la Legislatura para que arranque ese otro trámite. Si no, lo devuelve al Ejecutivo para que se autorice la demolición.

En realidad, Cultura y Planeamiento avanzaron con una lista preventiva ya vista por el CAAP, de modo de que el sector de la construcción no tenga que esperar tanto. Ya se revieron Recoleta, el Centro y buena parte de Belgrano y Palermo, y cuando haya fondos se seguirá con el resto.

Lo que se votará el jueves es extender el sistema a toda la ciudad y por dos años, algo que propuso el oficialismo en parte para no tener a la ciudad bajo dos sistemas, lo que en jurídico llaman desigualdad ante la ley.

Pese al terrorismo que quieren hacer personas como el desangelado arquitecto Berdichevsy, del CPAU, el nuevo sistema puede resolver la tensión patrimonio-construcción con bastante simplicidad. Primero, porque en tiempo razonable se puede tener un catálogo de edificios a proteger que no llegará ni por asomo a los noventa mil de los que andan hablando. Con esta seguridad jurídica se verá que hay zonas de la ciudad donde se podrá construir poco y otras donde se podrá construir más. Seguramente lugares como Balvanera y Recoleta tendrán más paz, Barracas tendrá sus APH custodiadas y el eje de la actividad se mudará a barrios diferentes. Es que la masa del patrimonio edificado se concentra en “paquetes” de barrios más viejos, lo que deja una mayoría de la ciudad prácticamente abierta a la construcción.

Y eso no es el fin del mundo.