Sábado, 19 de diciembre de 2009 | Hoy
Los desafíos de Santilli, nuevo ministro, ante las 26 nuevas APH, el ombudsman adjunto vuelve de La Habana, y una obra ilegal en plena Avenida de Mayo, sin que nadie controle.
Por Sergio Kiernan
Esta semana cerró una vieja farmacia en la calle Pichincha, a la vuelta del mercado Spinetto, una zona de patrimonio creado por la clase media en ascenso de otras épocas. La farmacia era una belleza de ese momento, con mueblerías Art Noveau de buen roble, vidrierías y esos frascos tan de anticuariado. El comercio cerró sus puertas por simple vejez del dueño y porque nadie en su familia quería seguirlo, parte de los ciclos normales de la vida. Lo curioso fue que el cierre de una farmacia de barrio terminó en todos los medios y con mucha televisión, una muestra de qué tan instalado está el patrimonio en la agenda porteña.
Por eso, y mientras la subsecretaria de Patrimonio porteña, Josefina Delgado, decide si estrena poderes de policía –la farmacia está incluida en un proyecto de Teresa de Anchorena sobre farmacias históricas– y detiene la venta de muebles y enseres, hay que ir discutiendo otros temas importantes que hacen al patrimonio. Uno es el que le toca al flamante ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, que sucede al ríspido especialista en marketing Juan Pablo Piccardo y puede mejorar mucho la gestión. Otro es el que se trajo de La Habana el defensor del pueblo adjunto especializado en patrimonio, Gerardo Gómez Coronado. Y el tercero es un caso bastante simbólico entre particulares en la Avenida de Mayo, donde una empresa quebró la ley y fue sancionada, una vecina se quejó y una administradora terminó a los gritos.
Los vecinos de Buenos Aires tuvieron que presentarle combate al ministro Piccardo, que no quiso admitir que las plazas son patrimonio. La competencia de Ambiente y Espacio Público toma todas los parques y plazas y sigue por las veredas y aceras, el mobiliario urbano, los carteles, el alumbrado, todos los cementerios de la ciudad, los monumentos y obras de arte, la recolección de basura y las ferias.
Como se entiende claramente, es imposible que el ministerio no toque de alguna manera las Areas de Protección Histórica de la ciudad. Piccardo hizo tropelías notables en su gestión, las peores en APH o en parques diseñados hace décadas, que “modernizó” sin piedad. Por ejemplo, hizo la muy falluta obra de Recoleta, donde levantó veredas, puso unas bolas de cemento que ya están todas sucias –tienen apenas semanas y ya dan vergüenza, así elegía los materiales– y le dejó de regalo a Santilli el problema de los escalones de mármol del cementerio, rotos a martillazos y ahora abandonados con un corralito de maderas.
También hizo intervenciones en las plazas Colombia y Lavalle, y le puso tanta mano al parque Leonardo Pereyra que los vecinos armaron un blog y se dedicaron a vigilar las obras en plazas, controlando presupuestos y criticando el “estilo” de Piccardo. La obra más conflictiva fue en San Telmo, donde hubo una guerra por los adoquinados y donde Piccardo decidió que había que poner faroles aunque las veredas sean coloniales de tan estrechas. Casi lo único bueno que puede decirse del marketinero fue que comenzó a retirar las cartelerías ilegales de la avenida Callao, transformada en APH por proyecto de la diputada Marta Varela, también del PRO.
El flamante ministro tiene todavía más patrimonio a su cargo que el malhadado Piccardo, ya que ahora hay 26 APH nuevas. Las nuevas APH son bastante amplias y complejas: las estaciones de ferrocarril, avenida Alvear y su entorno, Recoleta y su entorno, Parque Avellaneda, ampliación del APH en torno del Parque Lezama, la calle Melián, el Barrio Rawson, la calle Lavalle, el barrio de Flores, el Cafferata, el Jardín Botánico, Barrio Emilio Mitre, Barrio de Floresta, barrio San Vicente de Paul, Barrio Agronomía, Plaza Irlanda y entorno, Pasaje Butteler, Edificio del Antiguo Matadero, corredor Luis María Campos, Estación Coghlan y avenida Callao. Más una larga lista de monumentos y obras de arte en espacios públicos, y los cementerios.
Estas grandes áreas porteñas tienen legislaciones especiales para cartelería, mobiliario urbano, cableado, luminarias, veredas y aceras. Toda intervención debe hacerse según una normativa especial que protege las APH. El potencial para hacer las cosas bien es tan grande como el de tener problemas a la Piccardo. La diferencia la puede hacer tener un especialista: Ambiente y Espacio Público no tiene un director general, por ejemplo, encargado de las APH y de proteger a su ministro de los errores que cometía, como el pato criollo, su antecesor.
Desde que la defensora del Pueblo porteño Alicia Pierini tuvo la buena idea de crear una defensoría adjunta con alzada sobre el patrimonio, su entidad –que es estatal pero no gubernamental– está creando una nueva instancia con los vecinos de la ciudad. Gerardo Gómez Coronado muestra gran energía en lo que hace –ya está, en tiempo real, con el tema de la farmacia de Pichincha– y acaba de participar en el VIII Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos que se realizó en Cuba. Gómez Coronado volvió contando que tuvo una estupenda lección de marketing cultural y turístico aplicado a los cascos históricos, recibida de tres cubanos especializados en el tema, nada menos. Y que el encuentro se realizó en un espectacular convento restaurado –ni reciclado, ni puesto en valor– en medio de la ciudad vieja de La Habana, ahora llena de hoteles y colores.
El evento fue auspiciado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Unesco. Tanto a los cubanos como a los europeos les llamó y mucho la atención que nuestra ciudad tuviera un ombudsman dedicado a cosas como la identidad barrial y el patrimonio arquitectónico. Según parece, Gómez Coronado es el único en el mundo.
El argentino hizo una ponencia sobre las paradojas sociales y materiales de desarrollar un casco histórico, o sea algo que debe ser preservado. En La Habana vieja, cuenta el ombudsman, el principal problema era y es conseguir fondos para restauración y mejoras. En los cascos históricos de ciudades como Lima o México, el problema es la fuga de población y la creciente marginalidad y pobreza de los que se quedan. Pero en Buenos Aires la amenaza son “los intereses inmobiliarios cortoplacistas, que priorizan la construcción moderna con mayor volumetría destruyendo edificios con alto valor patrimonial.” Esto es posible por la falta de control público, por las obras públicas que no consultan a los vecinos, porque ciertos funcionarios siguen creyendo en “el progreso” de la peor manera posible y porque lo único que parece que se les ocurre a los privados es explotar al turista.
Las buenas noticias que llevó Gómez Coronado al encuentro pasaron por la inmensa movilización social que se generó alrededor del tema en nuestra ciudad. Buenos Aires no tiene el fuste ni la antigüedad patrimonial de la capital cubana, pero lo que tiene está siendo defendido por sus dueños y no sólo por los especialistas. Cuenta el ombudsman que llamó mucho la atención su relato de movilizaciones, cortes de calle, ONGs y blogs sobre la temática, y en particular eso de los amparos de vecinos para frenar demoliciones y obras truchas.
Quien pase por la cuadra de nuestra gran avenida que va de Tacuarí a la Nueve de Julio va a notar un nuevo destello de color, a mano derecha como va el tránsito. El edificio de Avenida de Mayo 963 acaba de ser malamente pintado de un color de avernos, un vainilla subido de helado artificial, de los que exageran el tono para que uno se entere de qué sabor es. El lamentable evento es resultado de otra cadena de malandanzas donde los privados hacen lo que quieren y la Ciudad muestra su total incapacidad de control, ni siquiera en medio del APH 1, a cuatro cuadras del Palacio Municipal y cuatro del Mercado del Plata, sede del control público.
La primera polémica es si el edificio del 963 estaba o no pintado antes de este episodio. Como puede verse en la foto, es un edificio notable, recordable por sus grandes ventanales a la norteamericana y sus pilastras. Según una vecina que aceptó a hablar con m2, desde que ella se mudó en 1994 estaba pintado y otros vecinos, más antiguos en el lugar, dicen que el error viene de muchos años antes. Según la denunciante, su impresión es que no estaba pintado. El tema es relevante porque la Avenida de Mayo está más que protegida y es centro de varios proyectos nacionales e internacionales de restauración, en particular para el Bicentenario. Las búsqueda de archivo podrán determinar qué pasó realmente.
Pintar o no pintar es también cosa de leyes. El 963 fue construido en un estilo que no se pinta y el Código de Planeamiento Urbano dice –en su sección 5, parágrafo 7.2– que “cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada ubicadas en distritos APH requerirá una presentación previa” ante la Supervisión de Patrimonio Urbano.
Pues resulta que nada de esto se hizo. Esta semana, la obra fue clausurada después de diez días de reclamos y llamados telefónicos de la denunciante, una muestra de qué poca pila le pone el gobierno porteño a controlar las obras privadas. La clausura fue porque simplemente no existía el permiso para realizar el trabajo en el frente. Según la vecina consultada, el consorcio firmó el contrato tipo, donde la empresa se encarga de hacer los trámites. La encargada de controlar que esto fuera así, en este caso, fue la administradora del edificio, Andrea Tolomei. Pero cuando m2 se comunicó con ella, tuvo una reacción notable: a los gritos, Tolomei dijo que había que hablar con su abogado, que no iba a dar ni nombre ni teléfono del abogado y que se sentía amenazada por la prensa. No hubo caso siquiera de establecer si el contrato efectivamente era el standard de estos casos.
La reacción fue más lacónica pero igualmente extraña en la empresa que hizo la obra, M&B, de la calle Carlos Pellegrini en Martínez. Las letras responden a los apellidos de los ingenieros Muller y Boerr, y el primero fue quien respondió a la llamada de este suplemento. Con una voz de película –el hombre debe ensayarla– se limitó a decir “no voy a decir nada”, frase que repitió ante cada pregunta. Muller, con su voz fílmica, ni siquiera quiso aclarar si había al menos iniciado el trámite, como lo defendía la vecina, y si el tema es que arrancó antes de recibir los permisos que le indica la ley.
Mientras se piensa que el que calla otorga –¿y qué harán la que grita y el que imposta?– los andamios fueron desarmados y la planta baja del edificio quedó sin pintar. El edifico es un desastre estético y un ejemplo de la indiferencia total hacia la ley. Por ejemplo, la empresa que alquila andamios los entrega sin pedir ver el permiso de obra, los obreros van a trabajar sin que su sindicato se entere si la obra es legal, y sería preocupante pensar en qué pasa con los seguros de una obra sin permisos. Herr Muller y su socio Meneer Boerr esperarán seguramente cobrar tranquilos por su servicio incompleto, y lo que falta saber es si la Ciudad se las va a dejar pasar o habrá sanciones.
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