Dura es la vida del que se preocupa por el patrimonio, porque sólo tiene como arma la política y la conciencia. Frente a esas debilidades, se alzan dos fuertes termonucleares, la potencia del mucho dinero que mueve eso de demoler y reconstruir, y la ideología falopa de los arquitectos que siguen pensando que demoler es progreso. El Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales está funcionando con un extremo cuidado de no entorpecer los negocios de nadie y se comió con todo y piolín un invento ajeno: el Ministerio de Desarrollo Urbano decidió que “ya que estamos” tiene que ver los entornos de los edificios propuestos para catalogar o demoler, de modo de proponer su preservación o “desestimarlos”. Lo que el CAAP no percibió o no considera importante, es que así se compila instantáneamente una lista de edificios a demoler. Para peor, ver lo que “desestiman” y escuchar sus debates es notar que se habla como en un seminario de arquitectura muy exigente, no como en un Consejo cuyas decisiones tienen consecuencias materiales, rentables. Para peor, nadie puede encontrar en la ley 3056 dónde dice que el CAAP tiene mandato para desestimar algo sobre lo que nadie le preguntó.

El CAAP tenía una existencia discreta hasta que se aprobó la Ley 2548, que protegió una parte de la ciudad, el cómico Paisaje Cultural que Ibarra/Telerman le quisieron vender a la Unesco. Fue entonces que el poco conocido Consejo recibió el mandato de revisar todo pedido de demolición o reforma de edificios anteriores a 1941. El trámite, que luego se amplió a toda la ciudad bajo la 3056, dice simplemente que el CAAP puede aprobar la demolición o no, caso en que manda el expediente a la Legislatura para que se catalogue o no.

Pero en concreto, Desarrollo Urbano –del que depende administrativamente el CAAP– amplió mucho el juego. Los miembros ven fotos del edificio en cuestión, de su entorno inmediato y de toda la manzana donde se asientan. Se ven también mapas de la manzana, con los edificios anteriores a 1941 resaltados y se los considera a todos juntos. A todos, aunque la ley sólo faculta al CAAP a tratar al que entre por ventanilla.

Y esto abre una situación legal de oscuro pronóstico. El CAAP tiene real poder y sus decisiones son vinculantes, con lo que hasta a los miembros que no son funcionarios públicos full time les cabe aquello del incumplimiento de los deberes de funcionario público, figura penal. Al permitir las demoliciones de tanto edificio sobre los que nadie les preguntó y sobre los que no tienen mandato legal, están favoreciéndole el negocio a alguien.

Para peor, como se ve en esta edición de m2, tienen el desestimado fácil. Cualquier edificio con la planta baja remodelada –que son legión en esta ciudad– será desestimado. Toda casa que tenga una ventana cambiada, el portón del garaje reemplazado o un quincho en la terraza será desestimado. Hasta se desestiman edificios en buen estado que fueron pintados, con frases tipo “por adentro debe estar hecho pelota”. Si se señala que se pueden catalogar las fachadas, la altanera respuesta es “aquí no se catalogan cáscaras”. Y todo edificio pequeño que quede entre dos edificios altos está a condenado a muerte, aunque esté en perfecto estado y sea una belleza. El imperativo comercial de demoler hace que una casa pague con su destrucción haberse salvado hasta ahora de la piqueta.

Como para que no quede duda, basta ver qué amable se pone el CAAP cuando no hay interés comercial. El pasaje El Maestro fue masivamente catalogado, ya que en un pasaje no se puede construir en altura y por tanto nadie se quejará. En contraparte, la esquina de Paraguay y Vidt, donde se alza una preciosa residencia francesa en muy buen estado, fue desestimada de un plumazo: la esquina es perfecta para hacer una buena torre.

El trabajo del CAAP es tan errático que llama la atención. En una ficha aparece hasta el muy viejo edificio de Página/12 marcado como “posterior a 1941” lo cual es manifiestamente errado. En otra están dos famosas quintas urbanas de la calle Vidt, de las de patio con galería, en buen estado pero desestimadas. Y todo edificio que pertenezca a una institución o empresa poderosa, o que sea vecino y esté en su mira, corre un peligro fortísimo de ser “desestimado” a toda velocidad.

El CAAP despertó la esperanza de que se podría crear una instancia de administración del patrimonio cultural edificado algo más neutral y eficiente. Es evidente que no tiene la menor intención de ser eso. El Ministerio de Cultura porteño no sólo no lo aprovecha para defender su razón de ser sino que sus representantes activamente defienden toda desestimación. Es que al ministro Hernán Lombardi jamás le interesó el tema –hasta posó feliz en el coctel de inauguración del teatro “Citi”– y su secretaria de Patrimonio Josefina Delgado ya se relevó de todo lo que le genere problemas o polémicas, en una Rendición de Breda sin lanzas ni caballos.

Como todo este negocio se basa en una ilegalidad, ya se está hablando desde el llano de promover una denuncia penal. Sería un muy triste final para algo que empezó con entusiasmo.