[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Este martes hubo una rara ocasión de ver gente dedicada a un tema hablando con armonía y buenos modales, creando una burbujita de buena onda que levanta el ánimo. Fue en el Salón San Martín, en una reunión de ONGs y diputados porteños organizada por el diputado Patricio Di Stefano, presidente de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura. Di Stefano invitó a la sociedad civil a hablar del tema al que se dedica y colegas de banca a escuchar, y todo anduvo notablemente bien.

Nada que ver con la mufa retobada de otra unidad, la que mostraron el Ministerio de Cultura y el de Desarrollo Urbano a la hora de contestar la cobertura del CAAP de este suplemento. En este caso, no fueron políticos electos y sociedad civil hablando cordialmente, sino funcionarios del ministerio amigo de la piqueta cerrando el frente con funcionarios del ministerio de no hagamos olas que se enoja Chain. ¿Qué tienen en común la secretaria de Patrimonio Josefina Delgado, la directora de Patrimonio Liliana Barela y el director general de Interpretación Urbana Antonio Ledesma? La falta de votos, la falta de ganas de frenar la destrucción del patrimonio edificado. Y pensar que algunos prometieron una gestión que realmente iba a cambiar las cosas...

Buenas ondas

El Salón San Martín estaba muy poblado este martes a las 18 para la Jornada organizada por Patricio Di Stefano (PRO), que preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura. La idea del diputado era muy simple, invitar a las ONGs dedicadas a sus barrios y al patrimonio para que le dijeran a él y a sus colegas qué quieren que hagan. Se nota que es potente la idea, porque estaban anotados para hablar nueve grupos y para oírlos estaban Cristian Ritondo, Eduardo Epszteyn, Fernando Sánchez y Oscar Moscarielo, que terminó ausente por una fuerte gripe. En el público estaban desde el defensor del Pueblo Adjunto Gerardo Gómez Coronado hasta el director general del Casco Histórico Luis Grosman.

El que arrancó la noche fue Santiago Pusso, hablando por Basta de Demoler, que se concentró en tres temas. Primero, en pedir que el CAAP deje de desestimar edificios sobre los que nadie les preguntó y sobre los que no existe expediente –tema que sigue más abajo– y que los diputados entiendan que el tema patrimonial es urgente. Urgente dijo Pusso, avisando que Daniel Shavelzon calcula que en cinco años no quedará en Palermo nada anterior a 1920, por ejemplo.

El segundo tema fue el exitoso amparo del Quartier San Telmo, obra que Basta de Demoler califica de “escándalo” y sobre la que solicitó que la Legislatura intervenga. Y de paso, avisó que ya hay otras dos torrezotas en planeamiento, una en Alsina 730 y otra en Bernardo de Irigoyen y Belgrano. Finalmente, Pusso les pidió que saquen del Código el absurdo sistema de que toda avenida pueda ser demolida y reconstruida a 12 o 15 pisos de altura, una idea particularmente dañina.

Luego habló Silvia Amuchástegui, de la Sociedad de Fomento de Belgrano R. La historia de esa Sociedad es particular, porque nació como protesta bajo la dictadura por la demolición de una casona para hacer una torre bajo el sistema de las famosas excepciones al código. Se juntaron tantas firmas que hasta los coroneles dieron marcha atrás. Para 1981 se fundaba la sociedad, que perdió varias batallas –como un Kalnay muy valioso, cuyo jardín fue transformado en tenderete– pero básicamente custodia un barrio con decenas de casas bien preservadas por sus dueños y con dos APHs.

Silvana Canziani casi habló de otro mundo: La Boca, en las antípodas geográficas y sociales. Como representante del Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de la Boca del Riachuelo, Canziani comenzó destacando que si hay un lugar poluido en esta ciudad, es su barrio, atacado por el tránsito pesado, el polo petrolero y el estado mefítico del Riachuelo. Canziani destacó el valor de las casas de chapa y madera típicas del lugar, y dio la mala nueva de que, pese a la emergencia urbana declarada en 2006, no ocurrió absolutamente nada de bueno.

Ignacio Fusilier, de Proteger Barracas, mostró su habitual precisión. Barracas es nuestro barrio fundacional, el primerísimo primero, y la gran colección de “150 años de arquitectura, sobre todo la del trabajo y la de una sociedad en ascenso social”. Fusilier fue el primero en mencionar un tema que se repetiría a lo largo de la jornada: que lo que preservó el patrimonio porteño fue la recesión, la desinversión, la malaria. Parece que Barracas la dejó atrás, porque hay una epidemia de torres, demoliciones de casas en perfecto estado de conservación, tapiado de casas muy bien conservadas para futuras demoliciones. Fusilier presentó un show de imágenes para introducir otro tema lúcido, el violento contraste entre el buen gusto de lo que se destruye y lo guarango de lo que se construye. Donde había casas bien construidas, ornadas y preservadas, se alzan mazacotes de hormigón sin la menor intención de ser algo más que metros cuadrados a vender. En conclusión, los vecinos de Barracas apoyan con fervor el proyecto de bajar drásticamente las alturas de su barrio, para prohibir las torres y cambiar la ecuación económica.

Luego hablaron Gabriel de Bella, de Floresta; Alicia Bocos, de la Fundación Ciudad; Liliana Mola, del Bajo Belgrano, contando diversas patologías y ataques a sus barrios. En Floresta, por ejemplo, hay una epidemia de demoliciones por dentro y retiradas de techos, de modo de poder demoler para hacer locales. Y también una epidemia de simple desobediencia civil, con obras comerciales de todo tipo sin permiso y sin sanción: el gobierno porteño parece haber renunciado a regular la ciudad. Los del Bajo Belgrano revelaron que las multas por obras clandestinas son de ¡800 pesos! y que las leyes vigentes son tan inermes que los infractores se ríen en la cara de los vecinos. Se abren supermercados donde no están autorizados, se transforman casas en comercios, se abren oficinas en lugares residenciales exclusivamente. Y nada pasa.

Patricia Barral, de San Telmo Preserva, cerró reiterando la preocupación de su barrio por el vaciamento de población, que les anda rompiendo el tejido social. Y pidió que avance la ampliación de la APH1 y la creación de la APH City.

Traigan los ajos

En las antípodas del diálogo, la subsecretaria de Cultura Josefina Delgado; su directora de Patrimonio Histórico, Liliana Barela, y el director general de Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano, Antonio Ledesma, se unieron en una rara unanimidad para contestar la nota de tapa de m2 del sábado 5 de junio. En cuestiones de patrimonio, estos dos ministerios son tan históricamente enemigos que se ve que les tomó un mes ponerse de acuerdo para escribir la carta. Esta dificultad tal vez explique también el esdrújulo lenguaje del texto, que asombra viniendo con la firma de una profesora especializada en Letras. Pero lo que queda en claro es que a Cultura y a Desarrollo Urbano les molesta muchísimo que se denuncie lo que se está haciendo en el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.

La carta consta de cinco puntos, que son en realidad cinco cargos. El primero es tan insulso que resulta difícil de entender: que no se tuvo en cuenta toda la información posible sobre lo que hace el CAAP. Esto es malo porque “El cotejar la información que soslaya, no le habría impedido desarrollar un examen crítico del procedimiento como el que ensaya, pero al menos, podría tenerse la certeza de que su investigación sobre el particular fue completa, lo que obviamente no sucedió en el caso”.

El segundo punto arranca también anodino pero rápidamente va a lo que les molesta, el cuestionamiento a ese invento de tratar sin mandato legal edificios en la misma manzana de los que sí tienen expediente y que el CAAP sí puede tratar sin quebrar la ley. Según los Tres Funcionarios, “razones de trascendencia urbanística, arquitectónica y de conjunto, hacen necesario el análisis del resto de las edificaciones a fin de determinar si median entre ellas relaciones patrimoniales, y a la vez le permite al citado consejo asesor ubicar cualquier otro inmueble que se encuentre comprendido en el ámbito de aplicación material de la ley, en cuyo caso instará el procedimiento de catalogación que acordará una tutela preventiva”. El lector ducho reconocerá en estas líneas un buen ejemplo de arquitecturés, la lengua que permite hacer sonar impresionante lo que no se puede defender. El punto en cuestión es justamente que el consejo asesor citado no puede “ubicar cualquier otro inmueble”, porque la ley no se lo permite.

El tercer punto es más jugoso. Dicen los Tres Funcionarios: “Los inmuebles cuya trascendencia histórico cultural debe evaluar el CAAP frente a peticiones de tutela específica (catalogación), no se agrupan en ‘estimados’ y ‘desestimados’, en todo caso debe examinarse la presencia, al tiempo de la evaluación, de aquellos extremos que tanto el Código de Planeamiento Urbano como la ley 1227 propician se proteja. El no otorgamiento de la tutela pretendida importa que los aspectos de valía histórico cultural no están presentes en el caso, ya por un insalvable deterioro, ya por deliberadas modificaciones previas que los han desnaturalizado. ¿Propone acaso el Sr. Kiernan que aún en esos casos se le acuerde algún tipo de protección?”.

Por supuesto que el Sr. Kiernan propone que se protejan los edificios vandalizados. Ese sería el único modo de que algún día puedan ser rescatados y que el CAAP deje de premiar a cualquier atorrante que vandalice un edificio para poder demolerlo. Esto es tan claro, que hasta el CAAP dejó de “desestimar” este tipo de situaciones para no hacerles el juego a los especuladores. Y otra cosa es que al desestimar los edificios, se crea una conveniente lista de lotes a demoler.

El cuarto punto está dedicado a ofenderse porque se destaca lo lucrativo del sistema. En un intento de ironía, los Tres Funcionarios dicen que “El Sr. Kiernan no ahonda en su especulación, tampoco la sustenta citando elementos de juicio objetivos, recaudos éstos que estimamos debería haber adoptado, lo cual no es una ‘novedad’ para un ejercitado periodista como el Sr. Kiernan. La base de datos, a juzgar por el sinuoso texto del artículo, sería elaborada por, cuanto menos, todos los miembros del CAAP. ¿Sugiere el Sr. Kiernan que estas personas le proporcionan esa información a las empresas que se dedican a la construcción, a la actividad inmobiliaria, o a la más rústica de generar escombros?”.

Además de preguntarse qué será un “ejercitado” periodista, en la nota cuestionada –y en las siguientes– no se “sugiere” nada: se dice claramente que el CAAP está dedicado a compilar una base de datos de miles de edificios que ya pueden demolerse, que esa base de datos es muy valiosa materialmente y que ni siquiera hace falta que les pasen CDs por abajo de la mesa a las inmobiliarias. El sistema creado es orgánico al negocio y la información permite demoler y demoler, sin pasar por la Legislatura.

El quinto punto está dedicado a defender a las dos funcionarias de Cultura –una nombrada por Barela, la otra por Delgado– que hostigaron a m2 en la reunión del CAAP. Es un largo párrafo muy vago, que parece indicar que una reacción crítica fue interpretada como hostilidad por alguna sensibilidad personal del “ejercitado periodista”. Pero las señoras representantes de Cultura simplemente contestaron el “mucho gusto” de las presentaciones formales con “cuánto daño que le hace usted con sus notas a tanta gente”. No era un debate, no se habló de nada. Fue simple hostilidad, algo que los periodistas “ejercitados” reconocen al toque.

Lo curioso del asunto es que Cultura quedó plenamente alineado con Desarrollo Urbano, en el voto en el CAAP y en la carta. Es una pena: cuando era una flamante subsecretaria, Josefina Delgado prometía a toda voz dar la pelea por el patrimonio y señalaba a Desarrollo Urbano como el enemigo tradicional que es desde hace muchas gestiones. Hasta sacó del hondo cajón de su predecesora Silvia Fajre el reglamento de penalidades para proteger el patrimonio que ordena la ley 1227 y logró que su ministro, Hernán Lombardi, lo firmara. Luego se enojó Daniel Chain y quedó en claro quién manda. Delgado se dedicó desde entonces a no hacer olas.

Es evidente que sus representantes en el CAAP son parte de este esquema, levantando la mano para votar más demoliciones. Decir que el CAAP no tiene mandato legal para votar sobre edificios que no tienen un expediente no es una “interpretación alternativa” de la ley 3056 –o de la 2548–. Es leer la ley sin la intencionalidad de allanarle el camino a la industria de la piqueta, creando una lista de lo que se puede demoler.