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Una de las tantas orfandades que tiene el patrimonio edificado es la falta de una política de Estado a nivel nacional para cuidarlo. Hay museos, hay casas históricas, hay paisajes, hay edificios puntuales, todo con el común denominador de ser piezas sueltas protegidas con el argumento de que “algo” importante pasó allí. Lo que no hay es una idea coherente para proteger el mismo tejido de nuestras ciudades y pueblos, una vara con qué medirse, una reglamentación que permita frenar a los vándalos y marcar la cancha. Y, por supuesto, no hay ni remotamente una entidad que pueda supervisar o cuidar todo esto.

Antes de llorar pensando en México y su ejército de funcionarios custodiando el patrimonio, o de recordar que Minas Gerais hasta tiene un fiscal en lo criminal cuidando edificios, hay que subrayar el fallo de la Corte Suprema bonaerense que congeló la legalización de la destrucción del patrimonio en esa ciudad. Lo hizo la Corte, la iniciativa fue de varias ONG y vecinos, y el rol del Estado a distintos niveles fue el de hacer trampa, ser indiferente o mostrar su impotencia total.

La historia comienza hace unos años, cuando se protegen 1826 edificios en el Casco Fundacional de La Plata. Esta área es, como su nombre lo indica, el dibujo original de la ciudad y los 1826 edificios formaban parte del conjunto que queda de esos años, más agregados anteriores al modernismo de mitad del siglo pasado. El escándalo fue mayúsculo, las críticas llovieron y el gobierno municipal tuvo que pasar su protección por decreto.

El año pasado se vio la contraofensiva. Con la excusa de que “había que ordenar la ciudad”, tan cara a los especuladores, el Concejo Deliberante preparó un nuevo Código de Ordenamiento Urbano. El Código era simplemente una carta blanca a la piqueta y a las grandes constructoras. Los 1826 edificios quedaban desprotegidos y se permitía construir torres de hasta 45 metros de altura en pleno centro histórico. Esto estaba prácticamente firmado por las grandes constructoras, que odiaban del régimen anterior la prohibición de la altura en el centro. Es que eso abre el negocio a las pequeñas constructoras, que no tienen capital para hacer 45 metros pero sí un par de pisos, y ven el negocio de refaccionar y restaurar pequeños edificios catalogados para su reventa.

Tal vez por eso, el Concejo Deliberante platense pasó a la clandestinidad. El Código fue insólitamente votado sobre tablas y sin debate. La compleja ley fue vista apenas una vez por una comisión, la de Planeamiento, en una sesión cerrada a la prensa de la que se expulsó a los vecinos. No se consultó al Colegio de Arquitectos ni a la FADU local, como marca la ley, y como para barrer toda crítica interna, se disolvieron la Dirección de Preservación del Patrimonio de la misma Municipalidad y la Comisión de Sitio, creada cuando se pensó en que La Plata fuera patrimonio de la Unesco.

La complicidad evidente del Estado municipal llevó a una ONG a recurrir a la ley. La Asociación Civil La Ciega obtuvo un amparo de la Cámara Federal de La Plata que decía, entre otras cosas, que el Estado a nivel provincial no debía promulgar el Código. Pero Daniel Scioli anunció que sí iba a firmarlo, como un trámite de rutina, con lo que hubo otro amparo. La Fundación Biósfera, la Asociación Civil Hoja de Tilo y la Asociación Civil Nuevo Ambiente se presentaron directamente ante la Corte Suprema bonaerense con el patrocinio de una real experta, Ana María Bóscolo.

El fallo de la Corte fue lapidario para los vándalos y sus socios políticos. Los jueces “decretan” la suspensión del Código hasta que exista sentencia definitiva y “prohíben” al gobernador que lo promulgue. Esta misma Corte fue la que sentó jurisprudencia y dejó a más de uno gratamente asombrado al ordenar la demolición de un edificio flamante en Cariló porque no cumplía con el marco de protección ambiental del lugar.

La Corte también retomó una crítica que ya había hecho la Justicia Federal en el primer amparo, a la única instancia del Estado nacional que tiene como tarea entenderse con el patrimonio edificado. Tanto federales como supremos hablaron de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, señalando su insondable pasividad.

Esta comisión tiene un mandato creado hace muchos años, cuando el patrimonio se entendía como la Posta de Yatasto o la casa de Sarmiento. Era el tipo de entidad que no tiene problema en que se destruya Tucumán si no se toca la casita de la Independencia. Pero como bien se sabe, las instituciones pueden cambiar y si sus miembros muestran energía e ideas, pueden ganarse otros roles. No fue el caso en La Plata.

Resulta que el Casco Fundacional de la ciudad es “bien de interés histórico nacional” por decreto 1308 de 1999. Como tal figura no existe en la Ley 12.665, que regula la comisión y el patrimonio nacional, fue creada por disposición de la misma comisión y, con muy buen tino, fue asimilada a la de Monumento. Sabiendo esto, la Justicia Federal platense tomó el amparo de los vecinos, ya que la Ley 12.665 es una ley nacional, ergo de alzada federal. Esto quiere decir también que ese juzgado consideró que se podía accionar con la parte relevante del Estado nacional, o sea la misma Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.

Nada de esto pareció preocupar demasiado a la comisión, que se limitó a enviar notas y sólo al recibir presiones. Por ejemplo, cuando el diputado nacional Horacio Piemonte le hizo un pedido de informes. El 27 de agosto de 2010, la Comisión le contestó que le estaba escribiendo al subsecretario de Vivienda y Urbanismo bonaerense “para que se tenga en consideración” al votar el nuevo Código “el carácter patrimonial del área protegida”.

Como se ve, el subsecretario de Vivienda no le prestó demasiada atención a la carta. Tal vez sea por quién la firmaba: el presidente de la Comisión Nacional es colega de gabinete del subsecretario, ya que Juan Martín Repetto es subsecretario de Obras Públicas del gobierno bonaerense.

En este lío político entre bonaerenses, el funcionario bonaerense Repetto llevó a su comisión a actuar con una discreción budista. Su único momento de indignación fue con la columna de m2 de la semana pasada, en la que Facundo de Almeida escribió que el Decreto 1308/99 hacía de La Plata un monumento histórico y no un bien de interés. El tono de la nota era airado y ofendido.

Y muy lejano a la cautela del que no escupe para arriba que exhibió Repetto y su Comisión en el caso La Plata. El arquitecto-funcionario-presidente de comisiones parece no tener muy en claro que la Comisión podría tener un papel verdadero en la preservación del patrimonio si se lo propusiera. Repetto parece pensar que con sus notas alcanza, que tienen efectos tajantes y ya en enero se quejaba por escrito a este suplemento porque no se reconocía que los escalones del cementerio de La Recoleta fueron restaurados por “instrucciones terminantes de esta Comisión”. Cualquiera que revise la cronología de ese papelón verá que la Comisión llegó tarde, cuando ya había un escándalo público. Cualquiera que viva en este mundo sabe que el gobierno de Macri no corre a obedecer las “terminantes” órdenes de la comisión.

El Código de La Plata terminó en la más alta sede judicial que tiene la provincia de Buenos Aires, lo que invita a la idea de llegar a la Corte Suprema de la Nación en busca de soluciones. Los concejales se pasaron de rosca, el gobierno provincial se hizo el distraído y la Comisión Nacional se enmudeció porque su presidente tiene una incompatibilidad de funciones realmente espectacular. El Código no va a ser nunca aprobado como está y los vecinos de la ciudad aprendieron cuáles son las armas para defender lo suyo.

Y otra vez la única instancia nacional de patrimonio quedó desmarcada, impotente, del lado de los escritorios.

Fotos de Barracas

Como para terminar con buena onda, la semana pasada se inauguró en el Hospital Británico la muestra de fotografías “Contrastes de Barracas”, que se presenta como un recorrido por su historia y sus tradiciones. La muestra fue organizada por esa vieja institución del barrio que es el Hospital, con más de 120 años en la calle Perdriel, y la Junta de Estudios Históricos de Barracas. Proteger Barracas aportó dos de las fotos premiadas en su concurso Mil Barracas del año pasado. Es en Perdriel 74.

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