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Este jueves, el gobierno porteño y la empresa Subterráneos de Buenos Aires le presentaron al juez Hugo Zuleta lo que ellos llamaron una propuesta alternativa. Estaban cumpliendo la orden judicial que paralizaba los trabajos de la estación Plaza Francia de la línea H y les daba cinco días hábiles para presentar ideas. Se ve que el plazo no les alcanzó, porque apenas presentaron la idea de mover las bocas de la estación unos metros hacia la vereda, sin croquis ni detalles.

Basta de Demoler, amparista en el caso, rechazó esta vaga alternativa de plano. El problema de la estación es que se carga un paisaje muy peculiar y único de esta ciudad, en una de las plazas más antiguas de Buenos Aires. El entorno de Recoleta, en tiempos en que era semirrural y anclado en el convento de los recoletos, fue parquizado por primera vez por Bernardino Rivadavia, que consagró como tierra pública lo que hoy es parque. Para cuando esta ciudad se hizo Capital, su primer intendente creó un parque lineal, que se prolonga en la plaza Francia en sí, apuntando hacia el flamante Parque Tres de Febrero. Hacia 1892, Carlos Thays creó y plantó la plaza, que hoy se llama Intendente Alvear en homenaje a su creador.

Nada de esto le importa al gobierno porteño, que un poco por capricho se obstina en poner la estación en medio de este paisaje protegido por ley como un Area de Protección Histórica. Dos funcionarios porteños nada satisfechos con este gratuito escándalo admitieron que quien puso la estación allí fue el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, quien suele tomar decisiones así. Como señaló este jueves Basta de Demoler, Chaín hasta se olvidó de la ley 317, específica de estas obras, que señala que la estación tiene que ubicarse “entre Libertador y la Facultad de Derecho”. Claramente, la Alvear está del otro lado de la avenida.

El peligro de fondo es que se busca crear un nodo de tránsito donde confluyan el subte, colectivos y taxis. Como señaló el ingeniero Carlos Thays, descendiente del creador de la plaza y de una dinastía de arquitectos y paisajistas argentinos, la Alvear es un lugar sereno y no puede aguantar semejante uso. La “capacidad de carga” de la plaza será largamente excedida si su uso pasa a asimilarse al de plaza Once o plaza Italia. Para terminar de cerrar la idea de “cruzar la calle”, hay que recordar que la Facultad de Derecho tendrá algún día su propia estación ferroviaria, con lo que se termina de completar la ecuación de tránsito.

No extraña entonces que Basta de Demoler haya solicitado que siga la suspensión de las obras hasta que los demandados presenten una alternativa en serio, que desplace la estación a un lugar donde no destroce un lugar tranquilo de la ciudad, puesto que tantos no quedan. Justo en la vereda de enfrente, por ejemplo.

El transporte

En pleno verano, el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, le envió al Ejecutivo porteño una resolución que fue ignorada y que terminó ganando una brutal actualidad en estos días. Gómez Coronado le recuerda al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que en septiembre de 2011 hubo un accidente en el Sarmiento que simplemente colapsó el transporte público. El defensor adjunto hila varios ejemplos de accidentes, roturas de equipamientos obsoletos y huelgas de trenes o subtes, y señala que en todos los casos la falta de una pieza en la red de transporte resultó en lo mismo: un colapso completo del sistema, con centenares de miles de personas teniendo graves dificultades.

Gómez Coronado sabe que estas cosas pasan en todas partes –hasta cita ejemplos de Estados Unidos, donde suele haber tormentas durísimas o nevadas imparables– y señala que una ciudad como Buenos Aires debería tener un Plan de Contingencia para casos de cortes en el sistema de transporte. Sucede que esta ciudad ni siquiera tiene un cronograma o una alarma automática que obligue a las 137 líneas de colectivos que la recorren a aumentar las frecuencias de servicio en caso de que falle una línea ferroviaria o los subtes. Ni siquiera las 34 que empiezan y arrancan dentro de la ciudad, en plena jurisdicción porteña, están obligadas a darse por enteradas del asunto. El reciente parate del subte fue el último caso de caos inducido y perfectamente evitable con un poco de planeamiento.

Las audiencias

Proteger Barracas se está preparando para las audiencias públicas que se van a realizar en la Legislatura el 28 de este mes a partir de las 14. La ONG se está ocupando porque ese día se van a tratar temas importantes para el patrimonio y la calidad de vida de la ciudad, con lo que es realmente necesario que haya vecinos que se hagan escuchar.

El primer tema será la modificación del artículo 8.3.1.1. del Código de Planeamiento Urbano, que le da una importante yapa a los desa-rrollos inmobiliarios en una amplia zona del sur porteño. El artículo les permite a los especuladores un 25 por ciento extra en el Factor de Ocupación de Terreno, el célebre FOT, lo que se traduce en edificios todavía más grandes de los normalmente autorizados. En este caso, la excepción se aplica a un polígono que toma los frentes de San Juan, los de las avenidas Directorio, Olivera, Juan Bautista Alberdi, General Paz, el Riachuelo, Don Pedro de Mendoza e Ingeniero Huergo.

Lo que se debatirá es desactivar la yapa por ley en una parte de este territorio: la que delimitan San Juan, el Riachuelo, Entre Ríos y Vélez Sarsfield. Proteger Barracas señala que el 25 por ciento extra termina ocasionando que en zonas de casas bajas se construya a alturas que en general se ven en zonas de alta densidad o en avenidas. Este desastre es fácil de ver caminando por Barracas y La Boca, con “colmillos” que asoman por todas partes. Además, este tipo de lógica sube el valor de los terrenos y devalúa completamente las casas.

El segundo tema importante del día es el viejo proyecto de transferencia de la capacidad constructiva de edificios catalogados. Esta ley tiene doble filo, porque por un lado les cierra la boca a los que ven las catalogaciones únicamente como lesiones al bolsillo de los propietarios, y por otro crea un mercado sumamente interesante. En esencia, la idea es simple: un edificio catalogado no puede ser destruido para construir algo mayor en ese lugar, con lo que ese potencial de construir que no se realiza materialmente se puede transformar en un instrumento transable. Así se puede calcular cuántos metros cuadrados no se construyen en un lugar determinado –simplemente calculando cuánto se podría construir en el lote y restándole el inmueble existente– y eso se “escritura” de alguna manera. Esos metros “virtuales” se pueden vender luego. Para mejor, los compradores deberán ser aquellos que hoy reciben todo tipo de excepciones gratuitamente, por favor público y sin costo, como ocurre en los famosos enrasamientos entre edificios anteriores. La idea es que sea negocio preservar los edificios patrimoniales, creando un mercado inmobiliario de metros teóricos que permitan hasta financiar restauraciones.

Las audiencias públicas son, justamente, públicas y los vecinos pueden anotarse hasta el 23 de marzo para hablar y ser escuchados por los legisladores presentes.