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Desde diciembre del año pasado, el macrismo en el poder desató una ofensiva para levantar los frenos a su industria favorita, el desarrollo inmobiliario en versión Amazonas. Primero dejaron sin proyecto la renovación de la Ley 2548, pero hubo un sonoro amparo que los dejó sin letra y la falta completa de sutileza de Cristian Ritondo –¿a quién se le ocurre encargarle algo sutil a Ritondo?– derivó en un escándalo. El PRO se tomó su tiempo, no apeló el amparo, que sigue vigente, y finalmente decidió dejar la ley y sus mecanismos en su lugar, pero vaciarlos de todo contenido. El pico más visible de esta decisión fue hacer saltar a Mónica Capano de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural. Lo hicieron con un proyecto de ley nombrando a un cuatro de copas –literalmente: el actual titular fue cuarto suplente en una lista de comuneros– presentado de urgencia y tratado sobre tablas, en medio de los gritos de la oposición.

El macrismo no tiene una gran capacidad de gestión y tampoco gran habilidad política, pero a la hora de hablar de ladrillos y cuidar “su” industria no exhibe ninguna. Lo que no entienden, o entienden pero no atienden, es que el patrimonio, las torres y las obras que hacen a la calidad urbana ya están instaladas en la agenda política. Con lo que cada griterío de Ritondo y cada truco del ministro Daniel Chaín y su secretario-socio comercial Héctor Lostri generan reacciones políticas. Lo que logró Mauricio Macri fue nacionalizar el tema del patrimonio porteño.

Lo que explica que las últimas reuniones para coordinar acciones tuvieran lugar en el Senado de la Nación y que la última herramienta de acción naciera justamente en ese ámbito. Por pedido de los tres senadores de la Ciudad –Daniel Filmus, del FpV; Samuel Cabanchik, de Probafe, y María Eugenia Estenssoro de la CC– junto a la diputada porteña María José Lubertino y cincuenta ONG del tema, el Ministerio Público porteño creó una Unidad Especial Temática para el Patrimonio Histórico Urbano en la Defensoría Penal de la Ciudad.

En el centro de todo esto está una figura conocida para el sector, el ex juez porteño Andrés Gallardo, que es el defensor penal adjunto de la Defensoría que encabeza Mario Kestelboim y titular de la Unidad Especial Temática. Gallardo fue como juez un amigo del patrimonio y autor de más de una medida liminar. Es un nombre de los que odian los Chaín, Lostri y Ritondo de esta vida porque tiene en claro su rol. Por ejemplo, que ahora le toca con su equipo “ser los abogados de los vecinos”.

Este es el mandato explícito y no una declaración. La Fiscalía ocupa un muy lindo edificio patrimonial en la esquina de México y Tacuarí, donde se va a recibir dentro de muy poco, de 9 a 13, a quien tenga un reclamo. Los asuntos son recibidos por la sección administrativa encabezada por José Iglesias o, si son tan urgentes como una demolición en marcha, por la judicial, dirigida por Mariana Pucciarello, que es además la defensora ante la Cámara de Apelaciones. Todo reclamo generará un legajo que motoriza las áreas técnicas de la Defensoría para buscar antecedentes, fotos y antecedentes, o para pedir información al Ejecutivo. Los temas a aceptar abarcan el patrimonio y la identidad barrial en sentido amplio, pero con coherencias mínimas. Si el tema es urgente, se pasará directamente a la vía judicial, pero si hay tiempo los funcionarios se dirigirán directamente al gobierno porteño en busca de soluciones para los reclamos de los vecinos.

Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el macrismo suele ser duro y sordo a la hora de detener obras. Con lo que Gallardo espera estar ocupado pidiendo amparos y solicitando cautelares ante el fuero administrativo. En el horizonte está lograr que el caso de la Casa Millán pase a ser la normalidad: en esa causa, una constructora-desarrolladora fue condenada a pagar por haber destruido una casa patrimonial, condena que volvió a primera instancia por una cuestión técnica. Con lo que el fuero penal escuchará hablar más temprano que tarde de la Unidad Especial Temática de la Defensoría General.

“Lo que buscamos es el fin de la impunidad –define Gallardo–. Que alguien sea responsable económicamente del daño causado. Que se imponga la idea de que el que rompe, paga.” Esta idea, revolucionaria en nuestro contexto blando y ameno a la demolición clandestina, al hecho consumado, es la verdadera razón de la nueva Unidad. Y esto trae un mensaje para el macrismo: “El gobierno porteño debería modificar sus prácticas respecto del patrimonio, porque vivimos en un mundo del revés en el que estas políticas tienen que salir del Senado y no del ámbito de la Ciudad. El gobierno va a tener muchas trabas y el fuero porteño ya demostró que es receptivo a esta temática. Será una situación disvaliosa para el Ejecutivo que puede ser prevenida modificando sus ideas sobre cómo se gestiona el patrimonio”.

Buena suerte con eso. Gallardo va a estar muy ocupado con esta agenda.

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