Sábado, 29 de septiembre de 2012 | Hoy
En la esquina rara de Mansilla y Guatemala, aguda y puntuda, se alza la iglesia de Guadalupe, un lindo edificio con torres neogóticas y colegio por atrás. Es una manzana encantadora, irregular, que frentea a la Plaza Güemes y supo ser el centro mismo de Villa Freud. La notoriedad del lugar es ahora peor, porque justo a un costado, en Mansilla 3845, se está demoliendo un viejo edificio que fue la primera sede de la parroquia. Este atentado al patrimonio se agrava porque el edificio fue catalogado en 2008 con el grado cautelar, que implica respetar su fachada y volumetría. Pero la catalogación “desapareció” sin explicaciones: no hay una ley votada que la levante o la cambie, no hay una reconsideración, no hay ningún acto administrativo que la sostenga. Simplemente, no aparece el papelito.
Por todo esto, hoy sábado se realiza una protesta de 11 a 13 frente a la iglesia, convocada por los vecinos de la Comuna 14 y por la flamante Red por el Patrimonio. En el caso ya trabajan el defensor adjunto del pueblo porteño Gerardo Gómez Coronado y el flamante defensor penal adjunto Andrés Gallardo, buscando una explicación tanto a la desaparición de la catalogación como a quién le dio autorización a la piqueta.
El gobierno porteño ignoró la orden, la Policía Metropolitana no la hizo cumplir, los curas en la obra se negaron a recibirla, la empresa demoledora no sabe/no contesta: tuvo que ir la jueza en persona, un sábado, para que el convento de las Victorias dejara de ser demolido en la forma más ilegal posible, con un amparo vigente. Vecinos del edificio de Libertad y Paraguay, más Basta de Demoler y la comunera Edith Oviedo, pidieron y lograron una cautelar para evitar que el convento fuera destruido violando su catalogación estructural, de las que protegen también los interiores.
Pese a esta protección, el párroco Miguel Angel Chabrando logró que el gobierno porteño le autorizara demoler la capilla del convento, sobre la calle Libertad, y luego vendió el mobiliario, pinturas y objetos en remate para “misionar en Mozambique”. Este pintoresquismo se basa en una medida que según los querellantes se saltea los procedimientos normales y que efectivamente descataloga el edificio para construir una torre de ocho pisos con dos subsuelos. La querella afirma con justicia que “la obra desfigurará la estructura original del complejo histórico desde todo punto de vista (el campanario de la iglesia no se podrá ver desde muchos ángulos, se producirá la mezcla de estilos arquitectónicos contradictorios)” y que “la excavación y la volumetría proyectada provocarán un impacto tremendo a los edificios históricos”.
La jueza tuvo en cuenta que catalogar y descatalogar son alzada de la Legislatura y no de ministros y funcionarios, que muchos vecinos se movilizaron, que el Ejecutivo ni se molestó en responder a consultas y que el diputado Pablo Bergel presentó un nuevo proyecto para catalogar el lugar, con lo que no debería haber obra alguna. Por eso le ordena al Ejecutivo que pare todo hasta que se resuelva el tema de fondo y que ponga una consigna de la Metropolitana para asegurar que los trabajos se detengan. Esta es la parte que no se cumplió y que llevó a la buena jueza a presentarse en persona para hacer cumplir su amparo.
Mientras brillaba por su ausencia en estas cosas, el ministro de Planificación Urbana, Daniel Chaín, sembraba el asombro con un tweet. Chaín es el socio comercial y paraguas político de Héctor Lostri, su secretario encargado de desproteger el patrimonio y habilitar obras por todos lados. ¿Qué podía twitear el ministro? “¿Sabías que hay zonas que tienen un paisaje barrial de gran valor patrimonial?”
Sí sabíamos, señor ministro. Son los paisajes que todavía sobreviven a su gestión tan amiga de las demoliciones.
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