Sábado, 27 de octubre de 2012 | Hoy
Mientras avanza el proyecto de concesionar las plazas, el macrismo hace el ridículo por televisión y una comisión de patrimonio avergüenza a su provincia.
Por Sergio Kiernan
Quien quiera divertirse un rato y se haya perdido CQC de este miércoles, debe correr a la computadora y buscar esa emisión. El interés viene a que por primera vez el programa le dedicó un amplio bloque al patrimonio y, en su irreverencia, permitió comparar actitudes y niveles. Fue hilarante ver al secretario Héctor Lostri palidecer en cámara cuando sus pronunciamientos eran un recibidos con un “¿es cierto eso?” dirigido al vecino de Floresta Gabriel De Bella, que lo corregía puntillosamente. Y ver a Cristian Ritondo quedarse sin palabras, cosa rara, cuando le empezaban a preguntar cosas concretas sobre patrimonio. Un mundo de diferencia con los patrimonialistas entrevistados, que mostraron cuánto se avanzó en entender de estas cosas.
Menos cómica fue la reunión de la Sociedad Central de Arquitectos, que parece que quiere acercarse a la actitud lobby del CPAU y organizó una reunión sobre patrimonio llamada “Prohibido no tocar”. Entre el público estaba la generalmente reservada Susana Mesquida, funcionaria ad eternum, por una vez sintiéndose apoyada y con cara de tal.
Vecinos de la ciudad entera están viendo con cierto espanto la idea macrista de concesionar bares en sus plazas. Lo de espanto no es exageración sino descripción, porque la palabra implica sorpresa, arbitrariedad, indefensión. Es evidente para todos que las plazas no necesitan bares, ni kioscos, ni baños, ni mesas, que la iniciativa del gobierno porteño se justifica apenas como una caja. Y, en el fondo de la reacción vecinal, está la enorme desconfianza que despierta el PRO en gestión.
Los bares y hasta restaurantes en plazas y parques tienen una muy larga e ilustre historia que alguna vez supo ser ejemplar. La cervecería alemana diseñada por Kalnay al pie de lo que hoy es el barrio de super torres de Puerto Madero es un ejemplar visible de bar en un parque. Y es un edificio formidable, patrimonio de primera agua que en estos tiempos tan baratos resulta hasta increíble como emprendimiento gastronómico.
Más para acá en el tiempo, el Sívori esconde un lindo restaurante con un jardín al que hay que acceder pagando entrada, un truquito del museo para juntar fondos. Este bar forma parte de la muy fea y equivocada ampliación de la casa original del museo, un muy noble chalet vagamente italianizante estirado con galerías de ínfima calidad material, de bloques de cemento gris y fierros a la vista. Pero funciona, porque es invisible, discreto.
Que es lo que no van a ser los bares en las plazas, idea con un potencial de guaranguería muy alto. Este pase de la idea de la plaza como un espacio verde, controladamente natural, a un espacio apenas vacío pero cementudo es una marca registrada del macrismo en gestión, que adora la mezcladora y detesta el pasto. Además, todo lo que construyen es de muy baja calidad y feo, con farolitos chinos –importados de China y baratos–. No extraña la resistencia que está levantando el proyecto, que por algo fue formateado de modo de no ser de doble lectura y dejar afuera a los lesionados.
A principios de mes se hizo una reunión conjunta de asesores de las comisiones de Desarrollo Económico, Espacios Verdes y Presupuesto, que mostró la fortísima oposición de funcionarios –y vecinos presentes– que pedían el archivo de la idea. Todo parecía encaminado al cajón cuando un asesor, bien intencionado pero chambón, propuso que resolvieran sus diputados. Esta reunión se produjo el 17 de octubre y terminó de modo previsible. Aprovechando la entendible ausencia de varios peronistas, los macristas aprobaron el proyecto como venía y la oposición quedó enredada en despachos de minoría, dos de los cuales piden en términos diferentes el archivo de la idea y el de María América González, que acepta la idea con modificaciones menores, un precio que el macrismo pagaría encantado. Falta un despacho similar de otra diputada que calculó, en público, que ya que el macrismo tiene los votos no vale oponerse y mejor hacer la gran María América.
Este jueves se iba a votar este peligro, pero no hubo sesión.
En nuestra edición del 13 de octubre contamos cómo en la ciudad de Tucumán se va a perder un conjunto arquitectónico valioso y patrimonial por la fiaca intelectual de quienes deberían regular estas cosas. La víctima es la casa Sucat, un original y muy bien preservado ejemplo de quinta urbana con influencia del Art Noveau español tardío, construida en 1923 y todavía alegrando el 500 de la avenida Salta. La casa Sucat alojaba la fundación de ese nombre, había sido recientemente puesta en valor para recibir al público y forma un conjunto con otras quintas similares. Pues nada, se quedó sin protección y va a ser demolida para un negocio cualquiera.
El caso resulta de gran interés porque muestra la debilidad legal de la protección de nuestro patrimonio y qué fácil es salirte con la tuya si la tuya es demoler. A fines de año, cuando se supo que la Sucat estaba en peligro porque sus propios dueños querían demolerla, los tucumanos que respetan sus cosas se movilizaron. Lograron que en pleno verano, 13 de enero, se reuniera la Comisión de Patrimonio de Tucumán, que votó protegerla en los términos de la ley 7500 por seis meses, extendibles a nueve. Esa misma tarde, lo que estaba convocado como una protesta se transformó en festejo por la casa.
Pero el 13 de octubre se cumplieron los nueve meses y ya se sabía que la casona no iba a tener protección. Costó saber por qué, ya que el presidente del Ente Cultural de la provincia, profesor Mauricio Guzmán, no acaparó micrófonos, como sí había hecho en enero para anunciar la protección. Escarbando un poco, se pudo saber cómo fue el voto de cuatro contra tres que liberó la destrucción de esta pieza patrimonial.
La Comisión de Patrimonio provincial está formada por tres representantes de tres universidades –la Nacional de Tucumán, la UTN Regional Tucumán y la del Norte Santo Tomás de Aquino– y por cuatro funcionarios. Además de su presidente, Guzmán, se cuentan el representante de la Comisión Nacional de Monumentos, Sitios y Lugares Históricos, Ricardo Salim; el de las direcciones culturales de Municipalidades y Comunas, Sergio Rojas (que es el director de Cultura de la Municipalidad de Famaillá, donde se prepara un absurdo que se cuenta en la página dos) y el representante de la Honorable Legislatura provincial, el legislador José Cúneo Verges.
El voto fue parejito: los tres representantes universitarios –Mercedes Aguirre, Silvia Rossi y Jorge Molina– votaron a favor de la preservación, mientras que los cuatro funcionarios votaron en contra.
Este absurdo contradice las supuesta funciones de la comisión, abundantes en buen lenguaje e intenciones como “Proponer políticas de custodia, preservación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la provincia” o proponerles a las autoridades de todo tipo “convenios de cooperación científica, económica y de restitución de bienes culturales de la provincia” y “acuerdos con propietarios o poseedores de bienes relativos a la custodia y protección de los mismos, gastos de conservación y autorización eventual del monto del arancel que se percibirá por el acceso al inmueble”.
Pero lo único que se supo del razonamiento del voto en contra fue que Tucumán no tiene fondos para expropiar la casa Sucat y por lo tanto no hay qué hacer excepto demolerla para algún negocio privado. Esto es notable, porque nadie absolutamente expropia todo el patrimonio y porque el mandato de esta comisión le permite –le ordena– hacer acuerdos con los propietarios para que el patrimonio sea viable.
Pero los miembros no académicos de la comisión tucumana evidentemente comulgan en un altar que se cae de viejo, el del patrimonio como museo o altar –onda “aquí durmió San Martín”– y no entienden o no comparten las nuevas nociones en la disciplina. Lo que explica que en la provincia de Tucumán haya nada más que cuatro edificios considerados patrimonio por esta comisión: el Jockey Club sede central, la iglesia de San Ramón Nonato y su entorno de la Plaza de Amaicha, la Sociedad Francesa (apenas preventivo), el Cine Plaza.
Que cosa: hay un miembro y medio, con vuelto, por cada edificio.
Una pregunta para los lectores de m2: ¿le hemos hecho algo los porteños al pueblo de Misiones? Mientras anda revoleando proyectos para hacer otro Metrobus en la 9 de Julio –en rigor, un simple carril dedicado– que puede costarnos las islas arboladas de la avenida, el gobierno porteño está también conversando un tema que, por suerte, debe pasar por la Legislatura. Como se sabe, cada provincia tiene una plazoleta en la Más Ancha del Mundo y parece que Misiones quiere instalar un monumento a Andresito Artigas en la que lleva su nombre. Habrá que ver la pieza escultórica, género en baja últimamente, pero lo alarmante se alzará en el muy castigado cruce con Avenida de Mayo, que todavía sufre el peor Don Quijote en la historia humana. Misiones quiere construir ahí un modelo a escala de sus famosas cataratas, con agua cayendo y todo...
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